Los intentos por encajar las cuentas por parte del Gobierno de
Castilla-La Mancha que preside la número dos del PP, María Dolores de
Cospedal, vuelven a suponer nuevos esfuerzos para los sectores más vulnerables de la sociedad.
El Ejecutivo autonómico ha trasladado a las Cortes regionales un
proyecto de ley de tasas y precios que el rodillo de la mayoría absoluta
de los conservadores aprobará en las próximas semanas, y que crea hasta 320 tasas nuevas con las que el equipo de Cospedal pretende recaudar cada año 10 millones de euros. El texto (ver PDF),
publicado el pasado día 22 en el Boletín Oficial de la comunidad, se
ensaña especialmente con inmigrantes, padres adoptivos o titulares de
viviendas de protección oficial (VPO).
Así, las personas de origen extranjero y que hayan llegado a Castilla-La Mancha en busca de una vida mejor tendrán que pagar 19,50 euros si quieren que la administración regional elabore un informe que acredite que sus viviendas y su "arraigo"
en España es el adecuado para que sus familiares puedan emigrar y
venirse a vivir con ellas. El Gobierno de Cospedal crea, además, otro
tributo por el cual los inmigrantes que tengan que solicitar un informe
de esfuerzo de integración, imprescindible para renovar los permisos trabajo y residencia, tendrán que abonar 24,50 euros. Esta tasa ya existe en otras comunidades como la de Madrid.
No se quedan fuera de las nuevas imposiciones los dueños de VPO que pudieron acceder a las mismas, precisamente, por su bajo nivel adquisitivo y delicada situación social.
Así, quienes quieran tasar los precios máximos a los que puedan vender
esas viviendas, quienes se divorcien y tengan que retirar a sus cónyuges
de la titularidad, o los que soliciten cualquier informe sobre su
situación, tendrán que pagar a la administración castellano manchega
entre 25 y 90 euros dependiendo del documento.
40 euros por revisar el grado de dependencia
Entre otras tasas destacan, asimismo, las que tendrán que asumir quienes quieran adoptar a un niño en países como China, Kenia o estados suramericanos, que tendrán que pagar casi 200 euros.
Los informes que la administración tenga que elaborar a través de la
documentación que aporten los futuros padres para hacer el seguimiento
internacional de la adopción costarán 48,50 euros. Y los que valoren su idoneidad como tutores del menor alcanzarán los 132,50 euros.
Hay
cientos de tasas, las que cobran por crear asociaciones o fundaciones, o
las que imponen pagos por autorizaciones ambientales. Y quizá, una de
las más dramáticas, es la que supone el cobro a las personas que tengan que someter a evaluación su grado de dependencia. El coste ascenderá a los 40 euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario