La represión de los manifestantes el pasado 25 de septiembre durante
la convocatoria para rodear el Congreso de los Diputados en Madrid y las
posteriores cargas policiales en la Estación de Atocha son el ejemplo
más gráfico de que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere atajar a toda
costa y por cualquier medio toda expresión de protesta contra los
recortes. Las detenciones sin motivos, las identificaciones aleatorias y
la criminalización de los manifestantes son el mejor antídoto para
difundir un mensaje: si no participas en las concentraciones no pasará
nada.
El caso de Madrid es el caso de Barcelona o Valencia. Pero
también el de otras ciudades europeas donde las autoridades políticas
están permitiendo el exceso de las fuerzas de seguridad para imponer la
austeridad a base de golpes. La ONG Amnistía Internacional (AI) denuncia
en su último informe
varios ejemplos concretos de abusos policiales en España, Grecia y
Rumanía durante manifestaciones contra los recortes y la ligereza con la
que sus mandos y los respectivos gobiernos están actuando cuando se
trata de perseguir, investigar e identificar a los responsables de esos
ataques a manifestantes.
"Cuando se producen estos casos de uso
excesivo de la fuerza, a pesar de las denuncias, no ha habido
investigaciones ni castigos porque no ha sido posible identificar a los
agentes", reclamó en una rueda de prensa Eva Suárez-Llanos, directora
adjunta de AI en España, quien además hace hincapié en la utilización
inadecuada que hacen los agentes de los materiales antidisturbios.
"Desde Amnistía entendemos que la Policía es la encargada de mantener el
orden público y que esta no es una tarea fácil, pero deben respetar los
estándares europeos Los gobiernos deben dejar de recurrir a la
fuerza si no es estrictamente necesaria y llevar las investigaciones de
los abusos policiales hasta el final", exige.
Limitar el derecho a manifestación
"Nos
preocupa que se esté intentando limitar el derecho de manifestación",
dice Virginia Álvarez, responsable de política interior de AI cuando se
refiere a las cargas policiales en las manifestaciones en España. Desde
la organización insisten en la necesidad de crear un protocolo que
regule las actuaciones de los antidisturbios durante este tipo de
eventos y piden que se forme a los agentes en derechos humanos.
La idea que trataban de hacerme ver era que "si no hubiera estado allí, no me habría pasado nada" "Hemos
solicitado información al Ministerio de Interior sobre los disturbios
en la Plaza de Catalunya de Barcelona el 29 de marzo y el 25 de
septiembre en Madrid y hemos recibido la callada por respuesta. En el
caso del 25-S enviamos una carta al ministro Fernández Díaz y exigimos
una investigación independiente de la actuación de la Policía el 25-S y
los policías de paisano en los alrededores del Congreso, así como de los
acontecimientos en la estación de Atocha, donde además de las
agresiones a viajeros y a un periodista se puso en peligro la vida de
las personas que estaban en los andenes", denuncia Álvarez.
Gabriel
Jiménez, uno de los detenidos el 25-S, explicó cómo fue arrestado por
la fuerza sin causa aparente, cómo se le negó la asistencia médica en
reiteradas ocasiones pese a tener una brecha en la cabeza y denunció que
la Policía le colocara tres piedras en la mochila y presentara un parte
de lesiones de un agente al que supuestamente había herido. En el
trayecto desde la comisaría de Moratalaz hasta el hospital Gregorio
Marañón para que le cerraran la herida, los agentes le insistieron en la
idea de que "si no hubiera estado allí, no me habría pasado nada" y en
que "esto me servía para quedarme en casa la próxima vez".
"El
25-S acudí a una convocatoria pacífica y en realidad era una
convocatoria violenta por los mensajes con los que políticos y varios
medios calentaron el ambiente", dijo.
Agresiones a periodistas
"La
pregunta que me surge es que si la Policía está para protegernos, quién
nos protege a nosotros de la Policía", explica Paloma Aznar, periodista
que lleva años documentando los heridos por impacto de las balas de
goma en las actuaciones policiales. Aznar denuncia las presiones "cada
vez mayores" que sufren los profesionales de la información a la hora de
hacer su trabajo en estas protestas y puso como ejemplo la agresión que
sufrió en la calle Carretas durante las concentraciones en contra de la
visita del papa a Madrid en agosto de 2011.
"El casco se está convirtiendo en una herramienta más de trabajo pero no estamos en Homs, estamos en Madrid"
Aznar
explicó que cuando vio a dos agentes golpear a una chica "me acerqué
con la cámara porque pensé que así pararían y al final también me
pegaron a mi. Cuando quise presentar la denuncia un policía nacional me
dijo que no iba a llegar a ninguna parte y así ha sido, la demanda ha
sido archivada".
"Si yo voy a una manifestación en Israel sé que
corro un riesgo. Otra cosa es que aquí se esté atacando a la prensa
porque es prensa El casco se está empezando a convertir en una
herramienta más de trabajo para los periodistas pero no estamos en Homs,
estamos en Madrid", se queja. Aznar además ha ido recopilando el número
de heridos por el impacto de las balas de goma
de los antidisturbios en la última década. Según la periodista, ha
habido más de 50 heridos graves en los últimos diez años, 23 han perdido
un ojo, y tres han muerto.
"Pensé que estaba muerto"
AI
repasa en su informe el caso del periodista griego Yannis Kafkas, que
fue agredido con un extintor durante una manifestación en Atenas en
mayo de 2011 y después apaleado por varios antidisturbios. Pasó 20 días
en el hospital y tuvo que ser operado. Aún sufre mareos por las
heridas sufridas en la cabeza y tiene problemas de movilidad en el
brazo izquierdo. Un mes más tarde, el también periodista Manolis
Kypreos perdió la audición en los dos oídos después de que un agente le
lanzara una granada paralizante. Pasó por el quirófano y sólo recuperó
parcialmente uno de ellos.
La Policía actúa con igual impunidad en países como Grecia y Rumanía, afectados por la austeridad
"Mostré
a los policías que era periodista y miembro del Sindicato de
Periodistas. Tras insultarme, ordenó a otro agente que me arrojara una
granada paralizante. Salté literalmente hacia atrás. Pensé que estaba
muerto", explica en el documento publicado este jueves. En ambos casos,
las investigaciones y procesos judiciales contra la Policía no han ido a
ninguna parte.
El informe habla también de los casos de Andrei
Ristache y su padre Augustin en Bucarest (Rumanía), que fueron rodeados
por un grupo de agentes que los golpearon sin motivo cuando estaban
volviendo a su casa después de una manifestación. Se les negó el acceso a
la asistencia sanitaria en el momento y las denuncias por la paliza de
los agentes, debidamente documentadas con partes médicos en los que se
certifican contusiones y traumatismos craneales, no fueron atendidas.
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