Alberto Montero Soler
Funds People
Ya tenemos aquí el tan esperado rescate bancario y, como no podía ser de otra forma, llega dando una nueva vuelta de tuerca sobre la economía española y, más concretamente, sobre los trabajadores del sector y sobre el conjunto de los contribuyentes.
Hasta ahora, la condicionalidad asociada al rescate, contenida de forma convenientemente difusa en el Memorándum de Entendimiento, había afectado al conjunto de la economía tanto por la vía de los ajustes asociados a la persecución draconiana de un equilibrio fiscal imposible como por la de las reformas estructurales centradas en el mercado de trabajo y destinadas a quebrar cualquier tipo de capacidad negociadora de los trabajadores. Una condicionalidad que se ha convertido en la línea directriz de una política económica que empuja de manera suicida a la economía española hacia un abismo sin fondo, tal y como acaban de poner de manifiesto las previsiones recién publicadas de la OCDE para el año 2013.
Pero en el Memorándum también se decía que el rescate tendría implicaciones sobre el sistema financiero y que éste debería verse sometido a un proceso de reestructuración. Dada la hipertrofia adquirida por el mismo durante su proceso de cebado de la burbuja inmobiliaria, esto era, hasta cierto punto, lógico y esperable. Nadie puede dudar de que era necesaria una reestructuración del sistema financiero que eliminara parte de su excedente de capacidad y lo readecuara a las necesidades de una economía en proceso de desapalancamiento.
Pero, claro, hay reestructuraciones y reestructuraciones y la que se nos ha impuesto es de las que, más que ayudar a una transición suave y a amortiguar sus costes sociales y personales, deja a los pies de los caballos a los trabajadores, convirtiéndolos en moneda de cambio de unos beneficios que difícilmente aparecerán en una economía en caída libre como es la española. Aunque eso no debe quitar el sueño a la Comisión que sabe que detrás de las instituciones rescatadas se encuentra el erario público y, por tanto, el dinero de todos los contribuyentes por si aquéllas no pueden devolver por sí mismas los fondos recibidos.
Y es que, si algo no debemos olvidar, es que los préstamos del presente son los recortes sociales del futuro; así de torcidos son los renglones con los que escribe la troika sus pactos mefistofélicos y sólo de esa forma puede calificarse la reestructuración llegada desde Bruselas en el día de ayer cargada de argumentos para la indignación. Veámoslos.
En primer lugar hay algo que, aunque pudiera parecer una cuestión meramente nominal, creo que no lo es. Hablamos de ayudas para instituciones nacionalizadas a las que se aporta fondos públicos directamente y a las que se respalda el monto del rescate con el dinero de nuestros impuestos y, sin embargo, sigue sin plantearse ningún tipo de participación pública activa en la gestión de las instituciones, no sólo por ejercer mínimamente el derecho de propiedad, sacrosanto en el capitalismo, sino para reconducir su actividad hacia la recuperación del crédito. Pues no, se les entrega el dinero de todos y se les permite que sigan con su negocio, que si no responden ya lo hará el resto de españoles por ellos.
En segundo lugar, nos encontramos con que tan sólo cuatro instituciones van a recibir, en total y de momento, una inyección de 67.000 millones de euros de ayudas públicas (37.000 millones aportados por Europa y 30.000 millones aportados por España, tal y como recoge el comunicado de prensa de la Comisión Europea), es decir, más del 6% del PIB español, mientras se recortan cada día derechos sociales que afectan al bienestar de todos nosotros porque, según nos dicen, no hay recursos para atenderlos.
