El proyecto Eurovegas, cuya implantación parece ya decidida desde las más altas
esferas del poder sin tener en cuenta la opinión de las personas que vivimos y
trabajamos en la futura localización (todo indica ya que será Madrid), encarna
los aspectos más deleznables del sistema capitalista contra el que estamos en
lucha. No es un proyecto más, es la personalización de todas las luchas, el
exponente más claro de cómo actúa el capital y de cómo actúan los que lo
defienden.
Eurovegas es un ataque frontal a un modelo de sociedad equitativa, justa,
sostenible y transparente. El futuro entramado de casinos, centros de
convenciones y hoteles esconde mucho más que un modelo de negocio enfocado al
ocio: tiene en la trastienda la precariedad laboral, la corrupción, la
utilización de fondos públicos para el mantenimiento del modelo de crecimiento
basado en la construcción de infraestructuras, la utilización de un sistema
financiero que está teniendo que ser soportado con el dinero de todos para
seguir inflando los negocios de un inversor privado con un historial deleznable,
la explotación de recursos que son finitos y que deberían pertenecernos a todos
y no sólo a la clase dominante, la falta de transparencia de las
administraciones, la utilización del chantaje del empleo frente a la situación
de desesperación de la clase obrera y la imposición de los privilegios para
conseguir excepcionalidades que sólo favorecen al capital y a su beneficio
inmediato.
No es una novedad que se esté intentando vender que “el empleo, al coste
social y humano que sea, siempre es positivo”, pero nuestro magnate Sheldon
Adelson lleva este concepto todavía más allá, vanagloriándose en la memoria de
actividades de su empresa de que ningún empleado suyo está amparado por un
convenio colectivo, modelo que ya impera en el resto de complejos propiedad de
Las Vegas Sands y que pretende traer a España. Pese a que sus exigencias
iniciales parecían una verdadera aberración, cuál estará siendo la actuación del
poder político, que ya ha conseguido gracias a la reforma laboral que los deseos
del empresario sean realidad ya que, según palabras del propio Sheldon Adelson,
“el nuevo sistema es mejor que el que tiene en Estados Unidos”. No es una
casualidad, el proyecto no implica sólo un problema local y parcial, implica la
transformación en norma de innumerables modificaciones legislativas que pueden
suponer un precedente que desencadene la generalización de prácticas abusivas en
todos los ámbitos (laboral, fiscal, ambiental, etc).
Es imposible desglosar todos los aspectos negativos que tendría este
macrocomplejo, para la sociedad en su conjunto y para la clase trabajadora en
este artículo, pero es importante dar algunos ejemplos, como muestra de que es
no es un hecho anecdótico y aislado, sino un ejemplo pradigmático del engranaje
del capitalismo.
El proyecto desde el principio se ha fraguado y acordado desde el más
absoluto secretismo, ignorando por completo toda la legislación que obliga a las
administraciones al mantenimiento de la transparencia informativa: no se ha
tenido en cuenta la obligación de presentar informes y consultas sobre impacto
medioambiental, no se está teniendo en consideración ni el régimen jurídico de
inversiones extranjeras ni el régimen especial del sector del juego, no se está
informando a la ciudadanía a través de los medios oficiales de las
administraciones de la evolución de las negociaciones (solamente a través de
noticias en prensa) y no se ha recibido respuesta a todas las solicitudes de
información pública demandadas a través de las vías oficiales por parte de la
Plataforma Eurovegas NO. Todo esto implica una carencia democrática muy grave en
el proceso de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y más si
tenemos en cuenta que se trata de un proyecto de gran envergadura.
En el aspecto territorial y ambiental podemos destacar el hecho de que el
consumo de recursos que supondría la implantación del proyecto es inasumible
para la capacidad de la Comunidad de Madrid: el complejo tendría 6 millones de
metros cuadrados construídos, ocuparía una superficie de 465 hectáreas
(aproximadamente cuatro veces el Parque del Retiro) y esto supondría la
totalidad del suelo disponible en Alcorcón (si esta fuera la localización
elegida, agotando un recurso finito como es el suelo). Sólo el funcionamiento de
las máquinas tragaperras de Eurovegas equivaldría a la energía consumida por
Majadahonda o Rivas-Vaciamadrid, sin contar con el consumo de las habitaciones y
del centro de convenciones. Las necesidades hídricas del complejo equivaldrían
al caudal ecológico del río Jarama (que, en dos ocasiones ya ha tenido que ser
desecado cuando ha habido épocas de sequía). Además, la generación de residuos
del proyecto provocaría que hubiera 117 toneladas diarias más de las que la
Comunidad de Madrid puede procesar. Todo esto sin contar con el hecho de que el
proyecto está planteado en un suelo rústico cuya función como corredor ambiental
es primordial para el mantenimiento de la biodiversidad de espacios
adyacentes.
La necesidad de construcción de infraestructuras, que ya ha sido reclamada
por los impulsores del proyecto, supondría un gasto totalmente inasumible por
unas, ya de por sí, escasas arcas públicas. En una de las ubicaciones posibles,
como es la de Alcorcón, se han hecho estimaciones del coste de estas nuevas
infraestructuras que sería necesarias para la implantación del proyecto tales
como la construcción líneas de alta velocidad (con un coste mínimo aproximado de
82 millones de euros), de cercanías (que supondría un gasto de 14 millones de
euros), de remodelación de carreteras (unos 24 millones de euros), de metro
(unos 110 millones de euros), de transformaciones en el aeropuerto (unos 100
millones de euros). Además de todos estos costes por construcción de
infraestructuras habría que sumar la expropiación de los terrenos, valorada en
un mínimo de 310 millones de euros. Recordemos como otras operaciones de este
tipo, como la construcción de infraestructuras para el Parque Warner, han
demostrado tener una rentabilidad social nula y han acabado cerradas por no ser
viables económicamente después de haberse realizado un gasto público desmesurado
en su construcción.
Otro aspecto muy grave de la implantación del macrocomplejo sería el
económico-fiscal, ya que las exigencias de Las Vegas Sands con respecto a este
tema son totalmente incompatibles con el reparto de la riqueza y la equidad:
deducción del 100% de financiación en sus inversiones de mejora del medio
ambiente, diez años de exención del IBI (58 millones de euros), bonificación del
80 al 90% durante diez años del ICIO (unos 240 millones de euros) y del IIVTNU ,
eliminación de las tasas fiscales sobre el juego durante 10 años (entre 1450 y
7.485 millones de euros), cambios de la ley del impuesto sobre sociedades,
modificación de la ley de prevención del blanqueo de capitales y de la
financiación del terrorismo, exención del IVA, dos años de exención de tasas
estatales, regionales y locales…Esto supone que no se recaudarían las cantidades
anteriormente expuestas a través de los impuestos, suponiendo esto un grave
perjuicio para el total de la población dado que no se produciría una
redistribución de los beneficios económicos que pudiera generar el proyecto.
Finalmente, del tema del que más se ha hablado ha sido el de la creación de
empleo, argumento estrella para el poder y caramelo envenenado que nos están
intentando colocar sin que parezca posible rechazarlo. El problema parte del
hecho de que, al parecer, el complejo “solucionaría” el problema del desempleo
en Madrid, siendo esto una total falacia como se puede contrastar fácilmente.
Las cifras que se han ido diciendo en los últimos meses han sido del todo menos
fiables ya que han variado notablemente en función de quién las dijera y cuándo,
además de que no aguantan una primera comparación con los empleos que tiene Las
Vegas Sands en todo el mundo siendo éstos sólo una octava parte de que pretenden
crear en España. Las estimaciones realizadas por la Plataforma nos indican que
no se crearía ni una quinta parte de los empleos de los que se habla. Pero el
problema principal no es la cifra sino el hecho de qué modelo laboral llevan
aparejados esos puestos de trabajo, del que podemos poner como ejemplo la ciudad
de Nevada, cuyo nivel de paro supera en un 60% el promedio de paro de EEUU y
tiene mayor porcentaje de desahucios de todo el país. Es un modelo enfocado a la
temporalidad, ya que la mayoría de los puestos de trabajo que se crearían en
España serían los asociados a la fase de construcción, en un nuevo intento de
mantener con vida la burbuja que nos ha llevado a donde estamos ahora. Estos
empleos, aun siendo temporales, podrían provocar un “efecto llamada”, ya que o
bien aquellas personas que tengan la necesidad de encontrar trabajo se
desplazarían al lugar del proyecto para conseguir empleo o bien la baja
cualificación de los empleos fomentaría en población local joven un prematuro
abandono de los estudios; suponiendo este escenario combinado un “efecto
rebote”: una vez terminada la fase de construcción tenemos de nuevo un elevado
nivel de paro en la zona, quizá mayor que al comienzo. Esta es la radiografía de
un modelo caduco, que ha demostrado su ineficacia a medio plazo en la generación
de empleo de calidad, estable y digno; que ahonda en la burbuja, en la
construcción y en el pelotazo. Pero, más allá de la fase de construcción,
durante la fase de explotación del macroproyecto no encontraríamos con la
importación del modelo estadounidense imperante en los casinos propiedad de
Sheldon Adelson: la precariedad provocada por la disminución de los derechos
laborales, la indefensión causada por la carencia de convenios colectivos y por
la ausencia representantes sindicales…Nos podríamos quedar aquí, en plantear
sólo qué pasa con el empleo “dentro” del complejo, es como el capital plantea
siempre las cuentas, simplificando, para que no veamos la trampa, pero ¿qué pasa
con los empleos pre-existentes en Madrid vinculados a nichos de negocio
idénticos a los que ocupará el proyecto? Todos los casinos de Madrid (algunos de
ellos ya afectados por ERE) y el ferial Ifema se verían afectados al tener un
competidor más fuerte (recordemos que tiene exenciones legales y fiscales con
las que ellos no cuentan) y se podría provocar un efecto de canibalización, es
decir, que los empleos que se creen en el complejo se estén destruyendo en otro
punto de la ciudad, siendo los empleos creados de menor calidad y mayor
temporalidad que los ya existentes.
Si decimos que “un presidente no electo se reúne en secreto con un mafioso
internacional” no os creáis que estamos hablando de una película de Coppola, eso
sucedió en Madrid, el día 16 de octubre. Estamos, por tanto, ante un ejemplo de
cómo el poder va a hacer lo que esté en su mano para seguir alimentando esta
gran estafa que llaman crisis.
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