El Vaticano aparece por primera vez en la lista del Departamento de
Estado de EEUU sobre centros de lavado de dinero. Con todo, la pequeña
ciudad-Estado no ha sido calificada como país de alto riesgo por este
delito. La clasificación, que incluye a 190 países, está divida en tres categorías en función del 'peligro': sospecha, preocupación y en vigilancia.
El informe International Narcotics Control Strategy sitúa al Vaticano en la segunda categoría, junto a otros 67 países, entre ellos Polonia, Egipto, Hungría y Chile.
La ciudad-Estado ha sido añadida a la lista al considerse que es
vulnerable al lavado de dinero y a que ha establecido recientemente
programas para evitar este delito, ha apuntado un funcionario del
Departamento de Estado a la agencia Reuters.
"Los
grandes volúmenes de moneda internacional que pasan por la Santa Sede
(...) la hacen vulnerable como centro potencial de lavado de dinero",
señala Susan Pittman, de la Oficina de Asuntos Internaionales de
Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.
El
Departamento de Estado de EEUU define un país en el que se practica un
gran lavado de dinero como "aquel cuyas instituciones financieras
incurren en transacciones de divisas que involucran cantidades
significativas de ganancias del tráfico internacional de narcóticos".
La lista de los países con mayor lavado de dinero incluyen, además de la a propia EEUU, a España,
Argentina, Curacao, San Martin, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, República Dominicana,
Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay.
A comienzos de este mes, el Vaticano decretó nuevas normas en su lucha contra el lavado de dinero.
Entre ellas fijaba que todo aquel que introdujera una cantidad
superior a 10.000 euros (14.000 dólares) en la Santa Sede debía
declarar esa cantidad.
La norma fue adoptada el mismo día que la
Santa Sede amplió y puso en vigencia las normas contra el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo, incluyendo la creación de un
nuevo organismo supervisor financiero encargado de asegurar la
transparencia en las finanzas vaticanas.
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