"Cuando tienes 17 años es perturbador que te acosen con
interminables interrogatorios incomprensibles". Así comienza su relato
M. C. D., la primera lesbiana que ha solicitado una indemnización por el
tiempo que estuvo encarcelada en virtud de su opción sexual.
Temblorosa
lee despacio su relato, escrito momentos antes de la entrevista para
ser capaz de recordar el mensaje a trasladar. Es la primera conversación
que tiene con un medio de comunicación. Nunca antes ha querido hacer
pública su experiencia y, ahora, esta mujer ha decido compartir su
historia.
Su objetivo: "Recordar a los que quedaron por el camino
y, si es posible, ayudar a otras personas". También, contar a la
juventud que, hace 35 años, un homosexual podía ser encarcelado acusado de ser un "peligro social".
"Durante
meses me sometieron a una pantomima persecutoria que no comprendía en
absoluto y que terminó en una paranoia de efectos perdurables de por
vida", cuenta entre pausa y pausa, abrumada por los recuerdos. M. C. D.
fue encarcelada en un penal para mujeres en Ciudad Real durante cuatro
meses acusada de ser "una homosexual rebelde con su familia que se
encuentra en estado peligroso". La finalidad de la condena era la "reeducación".
Se le aplicó el artículo 2 de la Ley 4 de agosto de 1970 de
peligrosidad social, así como las medidas de seguridad incluidas en el
artículo 6 de la misma norma, y fue condenada a una pena de reclusión
"no inferior a cuatro meses ni superior a tres años". También, el
magistrado del juzgado de peligrosidad social le prohibió visitar
durante dos años salas de fiesta y otros establecimientos donde se
ingiriesen bebidas alcohólicas.
Tenía 16 años cuando empezó su
calvario y 17 cuando finalmente cumplió la condena. "A esa edad no te
has definido como adulto, aún te estás formando", subraya M. C. D. que,
por aquel entonces estudiaba en una academia y llevaba una vida
rutinaria, entregada a la lectura y a las preguntas, "era muy inquieta,
siempre quería saber".
"Muchos se rindieron y se casaron, otros se suicidaron"
Dado
que las autoridades de la dictadura concebían la homosexualidad como
una enfermedad que podía curarse, a menudo se recetaban remedios como
los electroshock y el tratamiento psiquiátrico. "Algunos se quedaron por
el camino por los recomendados electroshock, que les dejaban
minusválidos en su corta vida y acababan muriendo a los pocos años",
denuncia M. C. D.. "No estamos todos los que éramos", lamenta. "Muchos
se rindieron y se casaron, otros se suicidaron".
"Conozco dos casos de personas que recibieron electroshock y murieron a los cinco años"
El
apartado para el recuerdo de sus amigos ocupa un lugar importante en su
relato. A esta mujer se le quiebra la voz cuando nombra a aquel
estudiante de instituto, compañero de su hermana, que se suicidó por no
soportar la presión. También cuando recuerda al profesor de universidad que se quitó la vida con 27 años
y al bombero que tomó la misma decisión a los 25. "Conozco dos casos de
personas que recibieron electroshock, dejándoles con la baba cayendo, y
que murieron a los cinco años", añade.
"Somos muchos menos los que quedamos que los que se fueron; los más débiles cayeron por el camino; ahora quiero que la gente piense en esas personas y abrir un recuerdo para ellos, que ya nunca lo podrán contar". "Los que quedamos tenemos memoria", advierte M. C. D..
La
indemnización que acaba de solicitar la víctima no va a reparar su
dolor ni aliviar las consecuencias de aquella experiencia, pero de
algún modo le ayuda a cerrar un ciclo. "Lo importante es que se recuerde
para que no se repita, ya que a veces parece que vamos hacia atrás".
"Peligrosos para la sociedad"
Los
esfuerzos del régimen dictatorial por presentar a las personas
homosexuales como rebeldes, dominantes, violentos y vagos quedan
probados en los textos de algunas sentencias condenatorias fruto de
procesos judiciales sin ningún tipo de garantías para el acusado. "La defensa nada alegó en el momento procesal correspondiente", suele figurar en este tipo de textos.
"A los presos políticos les indultaron en 1977; algo que no sucedió con nosotros"
En
el caso de la sentencia a la que este medio ha tenido acceso, se pueden
leer valoraciones y opiniones personales del juez, que no relaciona con
ningún tipo de documento: "Probado y así se declara expresamente; de
carácter violento; tiende a la huida y al vagabundeo, y es dominante a la hora de buscar personas de su mismo sexo".
"Los
jueces de peligrosidad social eran unos fanáticos de la ley", arguye
Antonio Ruiz, presidente de la asociación de Ex presos sociales. "Otro
reproche que hacemos es hacia la abogacía, porque, aunque estos casos
tenían difícil defensa -ya que siempre se presuponía la peligrosidad
social- la mayoría de los abogados se lavaba las manos, no apelaban",
añade.
Ni la transición ni la democracia rompieron el cordón
umbilical que les conectaba con la arquitectura jurídica del franquismo.
"Los artículos de la Ley de peligrosidad social que se aplicaban a las
personas homosexuales se eliminaron en 1979, pero siguieron entrando en prisión hasta mediados de los 80", denuncia Ruiz, que estuvo tres meses encarcelado en 1976, un año después de morir el dictador.
"En
los últimos años de aplicación de la Ley de peligrosidad social
entraron en la cárcel muchos más homosexuales que al principio". Además,
remarca Ruiz, "a los presos políticos les indultaron en 1977; algo que
no sucedió con nosotros". Los preceptos jurídicos que les aplicaban para
ir a prisión, ya en democracia y gobernando el PSOE, eran los referidos
al escándalo público.
Las indemnizaciones previstas para los ex
presos sociales se han vuelto a recoger en los Presupuestos Generales
del Estado para 2013, pero con un plazo concreto para solicitarlas que
finaliza el 31 de diciembre del año que viene. La asociación que preside
Ruiz lamenta el próximo fin de estas compensaciones que no se hicieron
efectivas hasta 2009 y que, para poder cobrarlas, es necesario reunir
una documentación de difícil acceso.
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