El Confidencial
Las investigaciones del fraude de las ITV son mucho más amplias de lo que en
un principio se había dejado entrever. En un informe de la Agencia Tributaria se
apunta al matrimonio formado por María Jesús Muro y Pedro
Navarrete (expresidente de Sony en España), que iban a ser socios en el
negocio de dos de los empresarios detenidos; el propietario de Ficosa, Xavier
Pujol (Ficosa fue la compañía que se quedó la factoría de Sony cuando esta
multinacional decidió deslocalizar su producción); Josep Maria Canós,
director general de Energía, y el secretario general de Convergència, Oriol
Pujol, así como Assumpta Farran, directora general de Calidad
Ambiental y esposa del diputado de CiU Pere Macias.
En marzo pasado fueron detenidos los empresarios Sergi Pastor,
Sergi Alsina y Ricard Puignou, así como el subdirector general de
Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles y Josep
Tous, presidente de la sectorial de Industria de Convergència Democràtica de
Catalunya (CDC) y el hombre destinado por el partido para anular el último
concurso de adjudicación de estaciones de ITV y elaborar un nuevo mapa que
beneficiase a sus amigos.
Pero el informe de la Agencia Tributaria señala a todos los nuevos nombres
por estar “presuntamente intentando crear la estructura operativa para obtener,
de forma fraudulenta, la adjudicación de una ITV e iniciar la realización de
Escos (Energy Service Companys), inicialmente en el ámbito industrial y público
y, posteriormente, en
el ámbito residencial (particular), aprovechando la infraestructura y
experiencia de empresas relacionadas con dichos ámbitos, en concreto Ficosa, y
mediante la creación, con financiación obtenida a través de subvenciones
públicas, de nuevas sociedades, participadas por algunos de los
investigados, con las que participar en el concurso que el nuevo Gobierno
catalán sacará en los próximos meses de nuevas licencias para operar en el
mercado del servicio de inspección técnica de vehículos, con la intención de
romper el oligopolio de Applus (principal operador de ITV en Cataluña, que debió
reducir su peso por motivos de competencia) y RVSA ITV, en concreto dos lotes de
tres ITVs cada uno”.
El informe de la Agencia detalla que Josep Tous, a quien define como el
hombre de confianza de Oriol Pujol para elaborar el plan, “se confirma como el
’jefe’ de todo el proyecto, cuya función sería, de manera ‘no oficial’, intentar
dar salida a la situación actual de las autorizaciones administrativas de
estaciones de ITV adjudicadas en el anterior concurso, dialogando con el resto
de operadores de ITV para conseguir la realización de un nuevo plan territorial
y lograr la convocatoria de un nuevo concurso de autorizaciones administrativas
de ITVs. Es decir, los investigados estarían llevando a cabo una serie de
actuaciones tendentes a la manipulación del futuro concurso público,
evitando un procedimiento de concurrencia pública al que pudieran acceder
diversos operadores que fueran valorados con criterios de objetividad, al estar
pactadas parte de las adjudicaciones de estaciones que salieran a concurso y
obviando las necesidades del mercado”.
Legislar a medida
A lo largo del sumario hay continuas referencias al papel de Oriol Pujol en
todo el proceso. El propio Tous le consultó la posibilidad de cambiar la Ley
Ómnibus. “Oriol, ¿cómo te ves de fuerzas para poner en la ley ómnibus un
límite de 40% de dominio en el mercado de las ITV?”, escribía en un SMS al
dirigente de Convergència el 26 de octubre del 2011. Horas después, Oriol Pujol
le contestaba: “Hombre... complicadillo. Recuerda que no hace falta una ley. Con
el actual el límite del 50% es un máximo. Se puede hacer menos vía
decreto. Oriol”.
Con este respaldo, el 28 de octubre, Tous daba instrucciones al subdirector
de Seguridad Industrial. Le telefonea y le comenta que ya tiene casi hechos los
lotes de estaciones y que le falta revisar el decreto. “He hablado con el Oriol
y el Oriol me dijo... hombre, yo le he dicho que lo ponga en la Ley Ómnibus,
pero me dice que es más propio del decreto, que no en la ley, una enmienda a la
ley (...) entonces, el decreto creo que sigue poniendo hasta el 50% y nosotros
hemos de poner hasta el 40%”.
¿Qué pretendían? Sacar a concurso más estaciones de ITV y variar el mapa de
las mismas para favorecer a algunos intereses. La operadora mayoritaria en el
sector, Applus, estaba destinada a ser la gran perjudicada. “Applus pagará
porque si no paga nos quedaremos sus ITVs y las subastamos, ¿entiendes?”,
explicaba Tous a Masalles.
La estrategia que se habían marcado era muy clara: para conseguir
adjudicaciones de ITV, Sergi Pastor y Sergi Alsina tenían que crear una empresa
solvente. En ella, querían introducir a Chus Muro y Pedro Navarrete. Así, nació
Coriander Portfolio, inscrita personalmente por Pastor y a la que luego se
tendrían que añadir los demás socios, aunque dudaban en si elevar sus
participaciones a escritura pública o mantenerlo en secreto. Esta empresa,
sería una de las fundadoras de Upprime Energy Services (UES), de la que tendría
el 30% del negocio total, ya que el 70% restante estaría en manos de Ficosa y
Xavier Pujol.
Las acciones fantasma de Oriol Pujol
Los investigadores sospechan que Oriol Pujol tenía intereses en todo el
conglomerado, ya que interceptaron una conversación del empresario Sergi Pastor
con Chus Muro en la que el primero le comunicó a su interlocutora que “Sergi [se
refiere a Sergi Alsina] me transmite el apoyo total de Zumosol [apodo que
daban a Oriol Pujol] en este sentido para hablar del decano para todo. Vale,
perfecto... una cosa... segundo... pues ayer ya me pidió mi NIF, el NIF de
Molkolan [empresa propiedad de Pastor, que es una de las accionistas de
Coriander Portfolio], para solicitar el nombre para la empresa que tendremos
conjuntamente con Zumosol (...) después me dijo que había enviado ya
un mensaje recordándoles a Sureda [Josep Maria Sureda, director general
de Industria] que le nombren consejero de Idiada [empresa pública de la que fue
nombrado consejero el propio Pastor]”. Otro informe del fisco subraya que
“destaca el interés de Pedro Navarrete en saber si ya se ha constituido la
sociedad con el accionariado acordado y cómo en ese accionariado nombra a
Zumosol”.
Unos días antes, el propio Pastor dice a la misma empresaria que Tous “está
cobrando de Sergi [Alsina* (...) Sergi está tratando el tema del mapa y todo
con Tous”. Y asegura que el negocio de las ITV “se tiene que repartir y
tendrá otros compromisos y lo está haciendo él... tendrá otras cosas que
pagar... otros favores que pagar (...) acabará controlándolo todo y acabará
cobrando de todos (...) Applus... porque, te explica, el mapa, de hecho, lo hizo
Applus, con lo cual las zonas fueron peores que si hubiera sido un reparto más
lógico. ¿Qué harán ahora con el reparto de zonas? Pues el reparto va a hacer
zonas más atractivas. Si son más atractivas para alguien, son menos atractivas
para Applus. (...) Es que no hay más vuelta de hoja. Más atractivas para todos
es imposible. Hay alguien que pringa... pringa Applus”.
La trama también crea una asociación de empresas de certificación energética,
entidad que parece ser una cortina de humo para llenarse los bolsillos. Y tanto
en el tema de la empresa de ITVs, como en el de la empresa que se encargará de
hacer certificaciones industriales (y, con el tiempo, la revisión obligatoria en
todas las casas catalanas para cobrar a 50 euros cada una), quien prepara toda
la operativa es el abogado Modest Llopis, que según comentan en las
conversaciones intervenidas, “es de la confianza de Oriol Pujol”. Un informe de
Hacienda subraya que “con tal de que las OCS [empresas de certificación
energética] no desaparezcan en la Ley Ómnibus, JosepTous propondría como abogado
a Modest Llopis (abogado de la confianza de Oriol Pujol, como se ha podido
constatar a lo largo de estos meses). Para ello, necesitarían, por tratarse
de una cuestión política, tener el apoyo y la fuerza de Oriol Pujol”.
Además, se conjuran para que no se sepa que Tous está detrás de toda esta
maniobra política porque les restaría fuerza.
El negocio era redondo: los integrantes cobraban de todo, porque además de
querer ingresar dinero por las certificaciones, pretendían cobrar de la
asociación empresarial. En este sentido, Josep Tous envía un significativo
mensaje a Oriol Pujol en octubre del año pasado: “Me he olvidado de decirte que
hemos quedado con Modest que los tratos son un tercio para cada uno”. Y
el político le responde poco después rechazando la mordida: ”Yo no
tengo que hacer nada, de verdad. Vosotros dos. Gracias”. Y es que, como
habían quedado, si la cosa salía bien, “nos lo vamos a cobrar todo”. Y, en
última instancia, según las conversaciones grabadas, al menos el abogado podía
cobrar sus honorarios. ¿Cuánto? Habían barajado diferentes porcentajes sobre el
negocio de las operadoras, pero al final también pusieron sobre la mesa una
cifra provisional: 2.500 euros cada mes. Una bagatela.
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