El “banco malo” ya ha cumplido sus primeros días de
vida. Nació el 1 de diciembre, fecha prevista, pero al acto no ha
acudido ningún padrino. De momento será una sociedad pública, aunque el
Gobierno espera la implicación privada de capital nacional y extranjero
en un 50 % de esta sociedad. Este capital no va a entrar hasta que le
garantice que no va a perder la parte que aporte. A pesar de la oferta
de Guindos de convertir Sareb en un paraíso fiscal donde los inversores
no pagarán impuestos (Sociedades, Actos Jurídicos, etc.), hasta ahora
sólo se han ofrecido los tres grandes nacionales: BSCH, BBVA y Caixa,
pero sin aportar capital.
La
función de SAREB será hacerse cargo de los activos “tóxicos” de los
bancos. Estos activos, principalmente inmobiliarios y créditos
incobrables, están valorados a precio de mercado….de antes de la crisis.
Si los bancos no han actualizado su valor a precio de hoy es porque la
modificación de su balance les exigiría declarar la quiebra de los
mismos bancos (y cajas, que han sido obligadas a convertirse en bancos).
Las provisiones creadas no bastan para amortiguar la caída de valor de
los bienes ya que, en caso contrario, las propias entidades en crisis
podrían colocarlos en el mercado.
Sareb, para evitar precisamente la quiebra de los
bancos, debería adquirir los activos “tóxicos” a un precio similar al de
la valoración dada por los mismos bancos (aquella valoración previa a
la crisis, es decir, muy sobrevalorados). Pero esto haría huir a
cualquier inversor privado. Además, las ayudas europeas exigen que no
haya pérdidas para el contribuyente. Por tanto, sólo queda la
posibilidad de comprar a precios muy bajos (Guindos ha llegado a hablar
de hasta un 65 % de descuento). Después, Sareb, debe proceder a su venta
para recuperar algo de su valor (como mínimo lo que ha pagado por
ellos) pero sin dejar desplomarse el mercado inmobiliario. Su objetivo
lo aleja, por tanto, de los bancos al uso, convirtiéndolo en un agencia
inmobiliaria gigantesca.
Entonces, ¿dónde está el truco? Si las entidades en
crisis no pueden vender sus activos tóxicos directamente porque
quebrarían y Sareb no puede pagarles ese precio, ¿cómo va a evitar el
Gobierno que quiebren? ¿Quién se hará cargo de las pérdidas?
Como ustedes ya habrán podido deducir, quien va a
saldar las deudas de los bancos va a ser la altruista Unión Europea. El
Gobierno de España sólo tiene que solicitar el rescate y, a través del
FROB (Fondo de Re-estructuración Bancaria Ordenada) repartir los fondos
necesarios entre las entidades con problemas, aportándoles la diferencia
de valoración de los activos como ayuda pública -prerrogativa no
disponible para familias en quiebra-. Esta ayuda, que en principio debe
ser devuelta, supone de facto una subvención, pues los bancos
intervenidos no tienen capacidad de devolver las ayudas por motivos
obvios.
Una vez concedidas las ayudas, el Estado español
deberá ir devolviéndolas a la unión Europea con sus correspondientes
intereses (en torno al 1 %) aunque no consiga recuperarlas de las
entidades. Esto obligará a retocar un poco los Presupuestos Generales
del Estado de los próximos 15, 20, 30, … años en la aplicación más
grande de los mismos que es el pago de la deuda pública y sus intereses
(ya superior a la partida de prestaciones por desempleo), partida
presupuestaria emanada de los impuestos de los españoles que los pagan.
Sareb tiene prevista una vida de 10 años. Una vez que
se hayan vendido los activos “tóxicos”, será privatizado en favor de
uno de los pocos bancos que superarán la fase de fusiones (a un módico
precio, obviamente).
Sareb nace con la idea de no generar pérdidas para el
contribuyente, pero conociendo el tipo de gestión enquistado en nuestra
sociedad, no dudamos que sí ocurra (a través de comisiones,
verbigracia). Pero la misma creación de Sareb sí afectará a todos los
españoles, pues habilita los mecanismos para subvencionar el ladrillo,
en manos de los bancos, con dinero de todos y para que las cajas acaben
engrosando el patrimonio de los grandes bancos. Como ejemplo, La Caixa
ha adquirido recientemente el Banco de Valencia por el importe de un
euro, después de que el Gobierno le haya inyectado más de 5.500 millones
de euros. Casos similares son los de la CAM, adquirida por el Banco
Sabadell y Unnim, por el BBVA. Este actuar nos hace temer que esta va a
ser la primera fase del rescate, pues hará falta más dinero para limpiar
el sector financiero.
Para gestionar Sareb, el Gobierno se gastará, además,
la módica cantidad de 2 millones de euros anuales en salarios para
directivos (500.000 € para el presidente).
Los objetivos de Sareb, por tanto, son tres
principalmente: sanear los bancos y cajas poseedores de activos tóxicos;
permitir que los grandes bancos adquieran las antiguas cajas en crisis,
saneadas pero a precio de saldo (su antigua obsesión); y evitar el
desplome de precios inmobiliarios o, lo que es lo mismo, que los
compradores de vivienda paguen más por ella de lo que harían si se
permitiera la competencia y no interviniera el Estado.
Y no olvidemos otra arista de este problema. Sareb va
a vender inmuebles manchados, inmuebles que pertenecían a familias que
han sido desahuciadas y que llevan aparejados incontables traumas
personales y sociales, pero con el marchamo y garante de una empresa
semi-pública. Cuando en los últimos 30 años se ha privatizado
(malvendido) todo lo público -hasta Loterías del Estado-, este Gobierno
no tiene duda en crear una empresa pública para rentabilizar la ruina de
muchas familias españolas.
Las soluciones para las cajas y bancos con problemas
son varias. Irían desde permitir su quiebra como empresas privadas que
son hasta la creación de un polo de banca pública, única opción que
garantizaría la creación rápida de crédito para empresas y particulares.
La peor opción posible, desde el punto de vista de los contribuyentes,
es reflotar las entidades y malvenderlas a las multinacionales.
Y no debemos olvidar que, por delante de la burbuja
inmobiliaria alentada desde el Gobierno, el principal motivo que ha
llevado a la quiebra bancaria ha sido la obsesión de Aznar y Zapatero de
convertir las cajas (entidades dominantes en el pequeño negocio de
cercanía) en bancos, para lo que desarrollaron el necesario andamiaje
legal.
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