Tráfico de drogas, robos con violencia, lesiones que causan grave
deformidad, estafas, prevaricación, malversación, homicidios, abusos
sexuales, torturas, coacción para la prostitución... Prácticamente todos
los delitos han sido en algún momento perdonados total o parcialmente
por el Gobierno. Durante 2012, el que dirige Mariano Rajoy ha concedi.do,
hasta el pasado 25 de noviembre, 468 indultos. Un número similar al de
otros años y otros Ejecutivos. El de José Luis Rodríguez Zapatero, por
ejemplo, perdonó a menos en 2011 (301), pero en 2007 aprobó la medida de
gracia para 521 condenados.
No hay diferencias significativas en función del color del partido en
el poder. Todos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las
razones que han conducido a cada perdón. La ley que lo regula, de 1870, no les obliga a ello
—fija, por el contrario, una facultad que se ejerce sin rendir cuentas a
nadie— y tampoco lo hacen por iniciativa propia. La opacidad es total.
Solo el Ejecutivo de turno sabe por qué perdona en unos casos y en otros
no, y no hay forma de controlar esa decisión.
De los indultos de este año, 434 han sido aprobados por el Ministerio
de Justicia y otros 34 por el de Defensa (relativos a penas por
deserción). El delito por el que más se ha indultado es, de lejos, el de
tráfico de drogas (193, el 41%). Le siguen los robos (59); las estafas,
apropiaciones indebidas y falsedades (56); las lesiones (42); los
atentados contra la autoridad (24); los hurtos (11); la prevaricación y
otros delitos contra la Administración Pública (9); los delitos contra
el medio ambiente (9); y los homicidios imprudentes o en grado de
tentativa (7).
Los indultos más polémicos de 2012
Además de los casos de los mossos d’Esquadra indultados por el Gobierno ha habido otros casos polémicos este año:Caso Treball: Josep Maria Servitje (ex alto cargo de Unió Democràtica de Catalunya) y Víctor Manuel Lorenzo (empresario). Desviaron fondos mediante el encargo de informes inútiles. El indulto no contó con el informe favorable del tribunal sentenciador.
Yak 42. Los militares José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez habían sido condenados por falsear la identidad de 30 de los 66 fallecidos en el accidente.
Prevaricación urbanística. Tomás Gómez Arrabal (exalcalde del PP de Abdalajís, Málaga), y los ediles de su partido María Teresa Mesa Pernia, Fermín Muñoz Armero y Antonio Pérez Postigo fueron condenados por dar licencias ilegales a sabiendas de que lo eran.
Permisos falsos. Constancio Alvarado, exsecretario de la subdelegación del Gobierno en Cáceres, José Manuel Sánchez Donoso y Luis Calle Fernández habían sido condenados en 2010 por vender permisos falsos a inmigrantes. Las cantidades pagadas por estos a cambio de los papeles llegaban a los 3.000 euros.
Estafa y falsedad. Miguel Escudero Arias-Dávila fue indultado tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa.
Estas son las cifras totales. Para poder hacer una valoración real de
a quién se indulta más, habría que compararlos con el número de
condenados por cada delito. Los indultos por prevaricación no son muchos
(seis en 2012), pero tampoco lo son los condenados por esta infracción.
En 2011, por ejemplo, hubo solo 33.
El porcentaje de perdonados se presume muy alto, aunque estas cifras no
puedan compararse porque los indultados han sido sentenciados en años
distintos.
En cualquier caso, son esos perdones a políticos, banqueros y
empresarios... los que suelen ser interpretados como una fórmula que
utiliza el Gobierno para que los poderosos no cumplan las penas. La
última de estas afrentas ha sido el reciente perdón a cuatro mossos d'Esquadra condenados por torturas, que ha soliviantado de tal forma a los jueces que casi 200 han firmado esta semana un documento en el que acusan al Ejecutivo de dinamitar la división de poderes
con una decisión “abusiva” y “éticamente inasumible”. El tribunal
sentenciador en ese caso, la Audiencia de Barcelona, se había
pronunciado en contra del indulto.
El texto de los jueces —firmado por los magistrados del Supremo
Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez y por la vocal del Consejo
General del Poder Judicial Margarita Robles— acusaba al Gobierno de
burlarse de la justicia en un delito tan grave como el de las torturas.
El debate ha llegado a poner en entredicho la propia figura del indulto.
“Es una especie de justicia paralela, señorial, para privilegiados”,
opina el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares. “Un residuo del
pasado con el que el Gobierno degrada la justicia convirtiéndola en dos:
una para sus amigos, a los que exime de cumplir la ley; y otra para los
demás, que sí están sometidos a los tribunales. El indulto debería
desaparecer o quedar, en todo caso, como algo muy residual que se
aplique en muy pocos casos, de manera argumentada y con un control
externo”.
El Grupo de Estudios de Política Criminal, formado por más de 180
juristas, cuestiona también la existencia de una figura “anterior a la
revolución liberal que se vincula al derecho de gracia del monarca” y
habla de los problemas que plantea en una sociedad democrática basada en
la separación de poderes y la soberanía popular. Proponen, en todo
caso, al igual que Llamazares, que los indultos deban motivarse y que
exista algún tipo de control jurisdiccional de estas decisiones.
El Gobierno, en estos casos, no puede cuestionar los hechos probados
en la sentencia, ni la calificación jurídica llevada a cabo por el
tribunal. Tan solo puede suavizar la pena. Sin embargo, en la práctica
muchas veces sí pone en duda los hechos probados, convirtiéndose en una
última instancia judicial que, a diferencia de los jueces, no debe
argumentar sus decisiones.
En el caso de los cuatro mossos indultados, el delito es tan
grave (torturas) que a priori no se consideraría susceptible de ser
objeto de perdón. En este caso, y según el Ministerio de Justicia, se
llevó a cabo porque había algunas dudas sobre la culpabilidad de los
condenados y la petición la había avalado la propia víctima. En este
caso, por tanto, el Gobierno, de alguna manera, sí estaría actuando como
una tercera instancia que revisa la condena al margen del Poder
Judicial.
No existe una estadística que sea accesible a cualquier ciudadano y
que permita saber cuál es perfil de los indultados. Para elaborar este
artículo, este diario ha analizado los 468 reales decretos sobre
indultos concedidos por el Gobierno de Rajoy y publicados en el BOE
desde enero de este año hasta el 25 de noviembre. La información que se
obtiene del BOE, la única fuente oficial, es escasa —nombre, tribunal
sentenciador, pena, delito y pena que se conmuta, sin ninguna
argumentación— pero permite obtener algunos datos.
Hay distintos tipos de indulto. Uno, el más numeroso, se refiere a
delitos penados muy duramente en el Código Penal, como el tráfico de
droga o los robos. El indulto se usa, en estos casos, para paliar una
legislación que permite al juez poca modulación y que provoca que vayan a
la cárcel personas sin antecedentes por conductas no siempre graves.
Casi todos los perdones por tráfico de drogas, por ejemplo, siguen la
misma pauta: el Ejecutivo convierte tres años de prisión —la tarifa
plana por este delito, como la llaman los presos— en dos para que el
condenado sin antecedentes pueda evitar la cárcel.
Si todos los Gobiernos consideran que las penas por tráfico de drogas
son desmesuradas —la media de indultos de los últimos 13 años es de más
de 150 al año— ¿no convendría reformar el Código Penal en vez de
recurrir al indulto?
Desde el Ministerio de Justicia se asegura que casi todos los
perdones por delitos contra la salud pública siguen un patrón: gente
joven que cometió el delito hace años y que tiene una vida normalizada.
No se plantean, por el momento, suavizar las leyes penales. Consideran
que el indulto corrige una decisión que fue correcta en su momento pero
que años después resulta inadecuada. También hay casos, sin embargo, de
condenados que piden el indulto inmediatamente después de la sentencia
ante una pena claramente desproporcionada. La reforma de Código Penal de
2010 permite al juez moderar las sanciones por estos delitos, y habrá
que esperar aún para ver el efecto que tiene en los indultos.
Dentro de los delitos objeto de indulto durante 2012 hay un dato
curioso: el de los perdones por atentado contra la autoridad,
desobediencia y resistencia. Un Gobierno que se ha caracterizado por
multiplicar las sanciones durante las manifestaciones ha aumentado
enormemente también los indultos por este delito (24 frente a los 4 de
2011 y 2009 y los 12 de 2010).
Hay delitos llamativos: homicidios, lesiones graves con deformidad o
pérdida de órgano principal... Según Justicia, cuando la pena es alta,
esos indultos se conceden a personas que están ya en la cárcel, para que
puedan acceder a un tercer grado si así lo recomienda el centro
penitenciario. Dentro de los indultos publicados en 2012 hay dos
extraños: uno de abusos sexuales y otro de coacción para la
prostitución. Ambos fueron concedidos en el último Consejo de Ministros
del Gobierno de Zapatero.
El otro grupo de indultos es el polémico; aquellos que trascienden y
que afectan a políticos, miembros de los cuerpos de seguridad,
empresarios y personas vinculadas con el poder. Una veintena cada año.
Como los otros, tampoco se explican. El Gobierno, como ha ocurrido en el
caso de los mossos, alega que “se aplica estrictamente la legalidad”, sin hacer referencia a que la legalidad permite el arbitrio más absoluto.
Las Cortes de Cádiz reflexionaron sobre la figura del indulto en España;
sobre cómo regular el derecho de gracia del monarca en un mundo que
estaba cambiando y que, por primera vez, consagraba en una constitución
la división de poderes. En ese momento se permitió al jefe del Estado
que conservara esta facultad, no sujeta a control, porque se consideraba
necesario moderar un derecho penal que aún se resentía “de la barbarie
gótica”, en palabras del diputado Vicente Tomás Traver, y porque los
ciudadanos eran aún súbditos. Dos siglos más tarde, el indulto está en
manos del Gobierno, no del rey, pero el fondo no ha cambiado: el que
indulta lo hace a quien quiere, cuando quiere y como quiere.
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