Jueces para la Democracia denuncia que el Gobierno pretende privatizar el servicio y cobrar tasas por una partida de nacimiento o una boda civil.
El Ministerio de Justicia anunció
este martes que ultima una reforma legal para sustituir a los jueces
del Registro Civil por registradores de la propiedad, carrera de la
función pública a la que pertenece Mariano Rajoy aunque está en
excedencia desde hace más de veinte años. Según un comunicado del
departamento de Alberto Ruiz-Gallardón, los registradores no cobrarán
más retribución por este trabajo.
La nota de prensa se produjo
después de que la asociación progresista Jueces para la Democracia
emitiera otro comunicado denunciando la inminente “privatización del
Registro Civil, que va a perjudicar a la mayoría de la población y va a
beneficiar” a registradores y notarios, que aprovecharán una inversión
pública en estas oficinas de 128 millones de euros.
“El Gobierno está preparando el
anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros”, señala la
organización en una nota, en la que añade que “dejarán
de ser un servicio público y pasarán a depender de los registradores de
la propiedad y de los registradores mercantiles”, así como, en
determinados trámites, de los notarios. “Hasta ahora el Registro Civil
se concebía como un servicio público de carácter gratuito, financiado
con los impuestos de toda la sociedad”, señala JpD.
“Con esta reforma
los ciudadanos van a tener que pagar aranceles por obtener un
certificado de nacimiento, de defunción o sobre otros actos de estado
civil a los registradores de la propiedad y a los registradores
mercantiles”, denuncia. “Además,
serán los notarios los que tramiten y celebren los matrimonios civiles,
y los ciudadanos también tendrán que pagar por ello”, añade.
Esta privatización
se produce, además, después de que “toda la sociedad haya realizado
recientemente un importante esfuerzo económico para modernizar,
informatizar y digitalizar los registros civiles, con una inversión de
unos 128 millones de euros”, inversión pública que “ahora se
aprovechará” para una gestión privada, “con efectos lucrativos para sus
gestores”, denuncia JpD.
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