Un informe remitido por la Fiscalía
Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas
electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en
2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se
cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la
fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de
facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado
sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el
contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a
Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público.
Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que
Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP
en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas discrepan
sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años,
que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este
año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal
cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras
fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE,
que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras
informaciones de Público, llegó tarde.
El primer informe policial sobre la
financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al
31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este
verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba
cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de
falsificación de facturas.
La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al
levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar
así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM
siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por
prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía
para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados.
Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a
los diez años.
Donaciones y contratos
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes.
El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes.
Seis de los empresarios que donaron un millón
de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300
millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza
Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de
esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les
han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al
intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una
desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000
euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el
todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual
presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones se
destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En
2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir
de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de
anotar ingresos por donaciones.
La interlocución de la trama
El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el
PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios
autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar
Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones.
En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría
absoluta.
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