Procedimientos judiciales para el desalojo de viviendas
| Procedimiento | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (ene-jun) | 2008-2012 |
| Ejecuciones hipotecarias | 58.686 | 93.319 | 93.636 | 77.854 | 48.213 | 371.708 |
| Lanzamientos TSJ | 26.748 | 33.918 | 47.809 | 58.241 | 37.092 | 203.808 |
| Lanzamientos Juz. 1ª Inst. | … | … | … | … | 57.410 | 57.410* |
| Desahucios alquileres | 64.470 | 70.991 | 68.503 | 69.611 | … | 273.575 |
Fuente: elaboración propia en base a Consejo General del Poder Judicial.
(*) No se recogen los lanzamientos realizados por los
Juzgados de Primera Instancia entre 2007 y 2011 ni los desahucios de
alquileres del primer semestre de 2012.
El número anual de ejecuciones hipotecarias -procedimientos judiciales iniciados por el acreedor contra la población que había adquirido su vivienda mediante crédito bancario- no llegaba a 20.000 hasta 2006, aumentando continuamente desde entonces hasta 2010 en que llegaron a 93.636. En 2011 se redujeron hasta 77.800, pero volvieron a crecer en el primer semestre de 2012 (48.213 frente a las 42.242 del año anterior). El total de procedimientos de demandas judiciales por impago de créditos hipotecarios suma 371.000 desde 2008.
La supuesta mejora ocurrida en 2011 no es tal para quienes han sufrido un lanzamiento judicial (expulsados de la vivienda por decisión judicial). La cifra de los ordenados por los Tribunales Superiores de cada provincia se ha duplicado desde 2008 (26.700) hasta 2011 (58.200) y en la primera mitad de 2012 siguen aumentando (37.090; cifra superior a los 32.010). Desde 2008 las viviendas hipotecadas desalojadas por orden de estos órganos judiciales fueron 203.800. Pero a éstas hay que sumar los lanzamientos ordenados por Juzgados de Primera Instancia, de los cuales sólo conocemos datos para la primera mitad de 2012 (57.400). Por tanto, la cifra registrada de familias que han perdido la vivienda que estaban pagando a crédito es de 260.000. A ésta hay que sumar las órdenes dictadas por Juzgados de Primera Instancia en años anteriores y aquellos casos en los que la vivienda ha sido devuelta “voluntariamente” sin necesidad de llegar a recibir una orden de lanzamiento. Con toda probabilidad la cifra total supera las 350.000.
Esta situación está relacionada con la crisis de empleo y la caída de poder adquisitivo de buena parte de la población. La información gráfica muestra cómo la tasa de morosidad del crédito hipotecario (volumen de créditos de dudoso cobro respecto al total del crédito concedido) se incrementó de forma paralela a la del paro. Esta última pasó del 8% a mediados de 2007 al 24,6% a mediados de 2012, lo que supone un 210% de incremento; por su parte la morosidad se multiplicó más rápidamente, desde 0,5% a 3,2% (un 528%). La mejora coyuntural registrada entre mediados de 2009 y finales de 2010 está relacionada con una caída del Euribor (y, con él, del importe de las hipotecas); con posterioridad la nueva disminución de ese índice, desde mediados de 2011, ya no produjo caídas en la morosidad debido al mayor deterioro del poder adquisitivo (incremento del paro y caída de la tasa de cobertura de las prestaciones).
El número anual de ejecuciones hipotecarias -procedimientos judiciales iniciados por el acreedor contra la población que había adquirido su vivienda mediante crédito bancario- no llegaba a 20.000 hasta 2006, aumentando continuamente desde entonces hasta 2010 en que llegaron a 93.636. En 2011 se redujeron hasta 77.800, pero volvieron a crecer en el primer semestre de 2012 (48.213 frente a las 42.242 del año anterior). El total de procedimientos de demandas judiciales por impago de créditos hipotecarios suma 371.000 desde 2008.
La supuesta mejora ocurrida en 2011 no es tal para quienes han sufrido un lanzamiento judicial (expulsados de la vivienda por decisión judicial). La cifra de los ordenados por los Tribunales Superiores de cada provincia se ha duplicado desde 2008 (26.700) hasta 2011 (58.200) y en la primera mitad de 2012 siguen aumentando (37.090; cifra superior a los 32.010). Desde 2008 las viviendas hipotecadas desalojadas por orden de estos órganos judiciales fueron 203.800. Pero a éstas hay que sumar los lanzamientos ordenados por Juzgados de Primera Instancia, de los cuales sólo conocemos datos para la primera mitad de 2012 (57.400). Por tanto, la cifra registrada de familias que han perdido la vivienda que estaban pagando a crédito es de 260.000. A ésta hay que sumar las órdenes dictadas por Juzgados de Primera Instancia en años anteriores y aquellos casos en los que la vivienda ha sido devuelta “voluntariamente” sin necesidad de llegar a recibir una orden de lanzamiento. Con toda probabilidad la cifra total supera las 350.000.
Esta situación está relacionada con la crisis de empleo y la caída de poder adquisitivo de buena parte de la población. La información gráfica muestra cómo la tasa de morosidad del crédito hipotecario (volumen de créditos de dudoso cobro respecto al total del crédito concedido) se incrementó de forma paralela a la del paro. Esta última pasó del 8% a mediados de 2007 al 24,6% a mediados de 2012, lo que supone un 210% de incremento; por su parte la morosidad se multiplicó más rápidamente, desde 0,5% a 3,2% (un 528%). La mejora coyuntural registrada entre mediados de 2009 y finales de 2010 está relacionada con una caída del Euribor (y, con él, del importe de las hipotecas); con posterioridad la nueva disminución de ese índice, desde mediados de 2011, ya no produjo caídas en la morosidad debido al mayor deterioro del poder adquisitivo (incremento del paro y caída de la tasa de cobertura de las prestaciones).
Tasa de desempleo y de morosidad de créditos hipotecarios. 1999-2012
Fuente: INE, Encuesta de Población Activa y Banco de España.
A esta problemática se suma la de la
franja más débil de población que vive en régimen de alquiler. A pesar
del reciente descenso de estos precios, la pérdida de ingresos de muchas
familias ha supuesto un incremento del número de desahucios
presentados a la justicia: de 47.000 en 2003 a en torno a los 70.000 en
2009, 2010 y 2011. Entre 2008 y 2011 el total de desahucios suma
273.000 cuando con la tendencia previa a la crisis se hubiese situado en
torno a 200.000.
Por tanto, más de 600.000 hogares (el 3,5% de los existentes) han perdido su vivienda, comprada o en alquiler, a raíz de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la desocupación y la precarización del empleo. En este contexto las medidas gubernamentales parecen impulsar la “muerte de un alquiler digno”, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mientras se resisten a impulsar la llamada “dación en pago” para librar de deudas a las personas hipotecadas que entreguen su vivienda al banco acreedor. En defensa de esa reivindicación y del alquiler social está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular cuyo plazo de recogida de firmas finaliza el próximo 31 de octubre.
Por tanto, más de 600.000 hogares (el 3,5% de los existentes) han perdido su vivienda, comprada o en alquiler, a raíz de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la desocupación y la precarización del empleo. En este contexto las medidas gubernamentales parecen impulsar la “muerte de un alquiler digno”, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mientras se resisten a impulsar la llamada “dación en pago” para librar de deudas a las personas hipotecadas que entreguen su vivienda al banco acreedor. En defensa de esa reivindicación y del alquiler social está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular cuyo plazo de recogida de firmas finaliza el próximo 31 de octubre.
No hay comentarios:
Publicar un comentario