Desde lo convencional -pancartas,
folletos informativos, ruedas de prensa y reuniones- a lo más
infrecuente -paros organizados, campañas virales en las redes sociales y
hasta una marcha de togas-, la voluntad de los aproximadamente 40
abogados de Ourense reunidos en asamblea ayer es unánime. Todo está por
explorar partiendo de una convicción.
No al “tasazo”. No a “una justicia
para pobres y otras ricos”.No inequívoco al proyecto del ministro
Ruiz- Gallardón que generalizará el pago de tasas por acudir a un
juzgado. Quinientos euros para
poder recurrir una sentencia del juzgado de lo Social -como una demanda
salarial o un despido-; 200 euros por recurrir una multa de Tráfico; 350
por presentar una reclamación tras una negligencia médica; 800 euros
por apelar una primera sentencia en los ámbitos civil y contencioso.
“Es un ataque directo y en toda
regla a la tutela judicial efectiva para los ciudadanos. Habrá una
justicia para el que tenga dinero y otra distinta para el que no”.
Así de contundente introdujo ayer el debate abierto a aportaciones
Arturo González, decano del Colegio de Abogados de Ourense. La
profesión, aunque representada en la sesión celebrada a última hora de
la tarde de ayer solo por una parte de su censo en la ciudad, liderará
medidas de rechazo al proyecto de ley que, según el decano, el Gobierno
pretende sustanciar como acompañamiento de los Presupuestos Generales
del Estado. La abogacía ha articulado contactos a nivel estatal con
organizaciones políticas de la oposición. Ayer terminaba el plazo para
presentar enmiendas totales. “Me consta que hay una”, dijo González. El
16 finaliza el plazo para registrar en el Congreso las modificaciones
parciales. Sabiendo que “el Gobierno tiene la mayoría de un partido”, y
que doblar el pulso reformista de Gallardón en este ámbito será difícil,
los letrados exploran medidas para trabar la implantación de las tasas.
La implantación general de un
copago con el que antes se gravaba en exclusiva a las grandes empresas
“cercenará un derecho básico”, alerta el decano. Pero además moverá los cimientos de la profesión de abogados y procuradores, que también estudian medidas en paralelo. “Se
calcula que entre un 15 y un 20% de los asuntos dejaría de llegar a los
juzgados. Las tasas van a poner trabas económicas a los ciudadanos”.
En 2011 los juzgados de Ourense recibieron casi 45.000 procedimientos
El pago generalizado al usuario lo disuadiría borrando de la mesa hasta
9.000 casos. Arturo González anticipó las posibles perversiones de un
encarecimiento para llevar adelante procesos o tan siquiera iniciarlos.
“En determinados procedimientos directamente no va a compensar. Esto
dará alas a la morosidad de las pequeñas cantidades porque al acreedor
no le va a compensar económicamente iniciar un asunto para cobrar por el
que tendrá que pagar. Será un paraíso para morosos”, retrata el decano.
Los abogados quieren abrir los ojos más
allá del corporativismo porque entienden, el que lo pagará será el
ciudadano. Por eso, ayer acordaron en la asamblea elaborar folletos
informativos, directos, claros, concisos en los que un cliente de hoy
entienda en cifras lo que le puede costar el mismo proceso a partir del 1
de enero si el proyecto se convalida.
El Colegio colgará una pancarta
de grandes dimensiones en su fachada para llamar la atención del
ciudadano. Además la junta de gobierno mantendrá un encuentro con
líderes vecinales para trasladar a los vecinos de Ourense las
consecuencias prácticas de la ley. No existen apriorismos. Los letrados
estudiarán, si procede, movilizarse llamando a otros colectivos
judiciales, y buscarán entre la permeabilidad de internet la máxima
amplificación de su causa contra el “tasazo”.
fuente: farodevigo.es
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