l próximo jueves el Gobierno aprobará, por segunda vez este año, unas
cuentas anuales. Convocará un Consejo de Ministros extraordinario para
aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un encaje de
bolillos que tiene visos de ser el más complicado de los últimos
tiempos: la economía seguirá en recesión, lo que afectará a la
recaudación fiscal. Y para terminar de cerrar el círculo de lo
imposible, además, se estrecha el límite de déficit permitido y suben
los intereses de la deuda acumulada. ¿El resultado? La partida reservada
para pagar esos intereses por la deuda será mayor que toda la partida
destinada a pagar al personal de toda la Administración del Estado
consolidado. Es la primera vez, al menos desde 1995, que ocurre.
El aumento de la deuda pública y el alto nivel en el que se sitúa la
prima de riesgo impulsan los gastos por intereses, la partida que más
crecerá el próximo año, 9.114 millones más que en 2012 (cuando fue ya de 28.913 millones de euros),
casi un punto del PIB. En total, esta carga será de más de 38.000
millones de euros. Los gastos de personal consolidados (de la
Administración Central, Seguridad Social y organismos autónomos)
presupuestados para este año estuvieron ya por debajo de esa cifra, ya
que fue de 33.151 millones de euros. Así pues, la previsión de gastos
que realiza el Gobierno para pagar los intereses superará por primera
vez a lo que dedica a pagar la nómina de los funcionarios y empleados
públicos, al menos desde 1995, último año sobre el que aparecen
registros de los Presupuestos Generales en la página del Ministerio de
Hacienda. Los gastos financieros en 2013 serán el doble que los
presupuestados en 2009 por la crisis e incluso superarán también por
primera vez a lo que destina el Gobierno a pagar las prestaciones por
desempleo.
El objetivo principal de las cuentas de 2013 pasa por cumplir con el
sacrosanto objetivo de déficit comprometido con Bruselas. La
Administración central y la Seguridad Social tienen fijado un tope
conjunto de déficit del 3,8% del PIB, lo que supone que el año próximo
la desviación entre gastos e ingresos presupuestarios no podrá ser mayor
de 40.778 millones, unos 7.000 millones menos que en 2012. La tarea es
complicada porque están previstos que los gastos públicos de la
Administración central crezcan un 9,2% hasta los 126.792 millones, según
el techo de gasto aprobado por el Gobierno a mediados de julio.
La
aportación del Estado a la Seguridad Social también aumentará en unos
4.300 millones, para asumir los complementos de mínimos de la Seguridad
Social y hacer frente al mayor gasto en pensiones.
A todo eso se añade que la crisis sigue haciendo estragos y las perspectivas no son nada halagüeñas. Las últimas previsiones del FMI estiman que la economía española se contraerá un 1,2% el próximo año,
lo que podría obligar al Gobierno a modificar el cuadro macroeconómico
—las cifras de referencia para calcular el presupuesto— en el que
contemplaba una caída del 0,5% del PIB.
Otra vuelca de tuerca a las cuentas
Si suben los gastos y los ingresos tienen un contrapeso a la baja,
¿cómo se podrán cuadrar las cuentas? El Gobierno ya ha adoptado
numerosas subidas de impuestos y de ahorro cuyo efecto se prolongará
hasta 2013, pero aún tiene que dar una vuelta de tuerca más a las
cuentas públicas si quiere cumplir con la meta de déficit. Porque el año
que viene, además del alza de los intereses, debe afrontar una subida
del gasto en las pensiones y en las prestaciones por desempleo por el
mal comportamiento que se espera en el mercado de trabajo. En total, el
Gobierno deberá afrontar un ajuste adicional de cerca de 25.000
millones, según los expertos consultados.
El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, señaló
ayer que, pese a lo delicado de la situación, el rescate bancario que
llegará de la Unión Europea, de hasta 100.000 millones, será solo para
la banca. Si, como Guindos espera, solo se gastan 60.000 millones, el
resto no irá a otros fines.
“El presupuesto de 2013 será más difícil porque cada vez hay menos
margen, con unas condiciones de recesión y con menos instrumentos para
actuar”, concede Miguel Ángel García, director del gabinete de estudios
de CC OO. El Ejecutivo de Rajoy ha aplicado este año medidas que será
difícil que use en 2013, como la supresión de la paga de Navidad de los
funcionarios (aunque en caso extremo podría volver a eliminarla) o la
amnistía fiscal. “Los grados de libertad en el ajuste del gasto son muy
limitados, el Gobierno no tendrá más remedio que tocar las pensiones”,
considera Luis Caramés, catedrático de Economía Aplicada en la
Universidad de Santiago. “En los presupuestos hay partidas con carácter
dinámico como las pensiones, el desempleo y los gastos de personal, y en
el resto de capítulos queda muy poco margen”, coincide García.
Aumentar la recaudación
Entre lo aprobado por el Gobierno en los sucesivos planes de ajuste e
incluido en el plan bienal 2013-2014, hay un importante paquete de
medidas fiscales. Como la subida del IVA, con la que se espera recaudar
7.834 millones más en 2013 que en el ejercicio actual, aunque la mitad
irá a parar a las arcas de las comunidades por el sistema de
financiación autonómica. La subida del IRPF sumará otros 1.925 millones,
a compartir con las autonomías, por la supresión de la deducción por
compra de vivienda a partir del año que viene y la revisión de otras
deducciones. Las modificaciones en el impuesto de sociedades de este año
supondrán un ingreso adicional en 2013 de 2.450 millones. Entre las
novedades fiscales del próximo año está el nuevo impuesto sobre las
plusvalías que anunció el presidente Mariano Rajoy a principios de mes.
También se espera que se aprueben nuevos impuestos medioambientales,
según admitió Rajoy.
A pesar de que ya no se podrá aplicar una nueva amnistía fiscal, uno
de los ases que se guarda el Gobierno en la manga es el endurecimiento
de las penas por fraude fiscal y laboral. Así se limitan las operaciones
en efectivo y se excluyen del régimen de módulos determinadas
actividades que pueden ser fraudulentas con el fin de reducir la
economía sumergida e ingresar más.
Los expertos consultados consideran que apenas queda margen para más
medidas fiscales aparte de estas. “Parece que el recorrido de
incrementos de la presión fiscal está casi agotado”, opina Caramés,
quien apuesta por eliminar deducciones y bonificaciones fiscales. José
Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, señala: “En el corto plazo es
imprescindible eliminar deducciones del IRPF. Por ejemplo, quitar
definitivamente la deducción por vivienda a todos los ciudadanos serían
5.000 millones, quitar la deducción por los premios de loterías, 1.800
millones”.
Otro tajo a los trabajadores del sector público
El gasto de personal, el que recoge el coste de pagar las nóminas de los funcionarios, no ha dejado de disminuir durante la crisis. Es una de las partidas más relevantes del Presupuesto y el Ejecutivo está exprimiendo las posibilidades para ahorrar en este capítulo. En 2012, año en el que hay presupuestados 33.151 millones para personal, se suspenderá la paga extra de Navidad a los funcionarios. Además, ha eliminado los días de libre disposición del personal que trabaja para la Administración pública. Se han suprimido tanto los moscosos como los canosos (por la antigüedad). También ha recortado las condiciones económicas de la incapacidad temporal. Cuando un empleado público esté de baja, cobrará menos. La última novedad ha sido lacongelación de la oferta de empleo público, que supondrá un ahorro de 1.800 millones para el conjunto de las Administraciones. Y es más que probable que para 2013 se vuelva a congelar el sueldo a los funcionarios
El recorte de las prestaciones se nota en las arcas públicas
El decreto de recortes de julio reducía las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes para los nuevos beneficiarios. Es decir, que en el nuevo año, quienes perdieran su empleo en julio y por tanto lleven medio año sin trabajo cobrarán menos: el 50% de su salario en lugar del 60% como ahora. No fue la única medida que el Gobierno tomó para rebajar el gasto en la protección para lo que en 2012 ya se presupuestaron 28.805 millones de euros. También endureció mucho las condiciones para acceder a subsidios asistenciales y eliminó bonificaciones a la contratación. Con todo el paquete, según los números de Hacienda, el ahorro total en 2013 será de 5.750 millones de euros. El objetivo principal del Gobierno es embridar la partida presupuestaria que más ha crecido con la crisis, una partida que, como se está demostrando este año (ya hace añicos las previsiones oficiales), sigue fuera de control.
Adiós a las ayudas fiscales para comprar casa
El año próximo se acabará la ventaja que supone la deducción en el IRPF por adquisición de la vivienda habitual. En un giro copernicano, el Gobierno decidió suprimir esta deducción después de que en enero la recuperara —el anterior Gobierno socialista la había eliminado en 2011—. Otra de las medidas que encarecerá la adquisición de inmuebles consiste en la subida del IVA de la vivienda desde el 4% actual (IVA superreducido) hasta el 10%. El anterior Ejecutivo socialista lo había rebajado para reactivar el sector inmobiliario.Hasta julio esta rebaja ha supuesto un coste de 710 millones de euros para las arcas públicas. También este año se acaba la exención del 50% de las plusvalías por la nueva compra de vivienda que aprobó el actual Gobierno en mayo. Supone que solo el que compre una casa hasta diciembre tendrá una bonificación del 50% en el impuesto de plusvalías si la vende.
El debate sobre un impuesto a las operaciones busátiles
El Ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa un borrador para aprobar un impuesto sobre determinadas transacciones financieras con el que se podrían recaudar 2.000 millones. El documento gravaría las operaciones bursátiles. “Está en estudio implantar un cobro en algunas operaciones, pero no a los movimientos financieros internacionales (como las divisas o los derivados) que es propiamente la Tasa Tobin. Se estudia para la compraventa de acciones”, explicaron la semana pasada desde el Ministerio.Pero el tira y afloja que mantienen Economía y Hacienda ha frenado el proyecto impulsado por Cristóbal Montoro, titular de Hacienda. Fuentes gubernamentales explican que el Ministerio de Economía se opone a aprobar este nuevo impuesto. No obstante, se mantiene el pulso entre los dos departamentos ministeriales y habrá que esperar a la próxima semana para saber si finalmente se incluye en los Presupuestos para 2013.
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