El Estado absorbe 4.465 millones de pérdidas por la conversión en
acciones de BFA, matriz de Bankia, de las participaciones preferentes
del FROB. Hacienda admite que los 953 millones financiados por el Fondo
de Garantía de Depósitos en la absorción de Unnim por BBVA también han
ido a déficit
Llevamos tres años escuchando que
las sucesivas maniobras del Gobierno (del actual y del anterior) para
sacar a flote a una al sector financiero español -singularmente a la
mayoría de las antiguas cajas de ahorros- se están haciendo de forma que
no genere coste alguno al contribuyente.
En este periodo, la Administración del
Estado se ha hecho de todo: desde comprar activos de entidades
financieras para darles liquidez, hasta emitir deuda para cubrir los
desequilibrios que han ido revelando las sucesivas auditorías; desde
entrar puntualmente en el capital de algunas entidades con el compromiso
de marcharse en un plazo inferior a tres años, hasta convertirse en su
dueño y rebautizarlas como bancos públicos.
Se han presentado hasta cinco propuestas diferentes de reforma financiera,
pero lo que no ha variado es el discurso oficial de que, en ningún
caso, la reestructuración del sector bancario costará un solo euro al
contribuyente.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda acaba de fulminar ese mantra.
El informe de la Intervención del Estado
sobre la evolución de las cuentas estatales durante el primer semestre
del año ha revelado que las ayudas a instituciones financieras han tenido un coste para el contribuyente de 5.418 millones de euros sólo en este periodo (enero-junio de 2012), lo que equivale a ensanchar el déficit de este ejercicio en un 0,5% del PIB.
Según fuentes del Ministerio de
Hacienda, esta cantidad se corresponde con dos de las operaciones de
reestructuración llevadas a cabo durante la primera mitad del año: el rescate de Bankia y la subasta de Unnim(entidad surgida de la fusión de Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu), que fue adjudicada a BBVA.
El agujero de Bankia
La mayor parte de este coste se explica
por la conversión en acciones de BFA, matriz de Bankia, de los 4.465
millones que solicitó al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria) el 28 de diciembre de 2010, durante el mandato de José Luis
Rodríguez Zapatero, y que fue incapaz de devolver.
El pasado 14 de mayo, la Comisión Rectora del FROB acordó esta operación tras
considerar "improbable que la entidad pueda hacer frente a la
amortización o recompra de dichas participaciones preferentes".
El FROB se remitió entonces a la
valoración pendiente de la entidad para revelar el precio de la
conversión. El resto ya se conoce.: la valoración reveló un
desequilibrio patrimonial superior a los 3.000 millones que obligó al
Estado a hacerse con el 100% de la entidad y desprendió de valor alguno a
las acciones en poder del FROB, trasladando su coste al presupuesto del Estado o, de otro modo, al bolsillo del contribuyente.
Incumplimientos en la subasta de Unnim
El resto de la factura se debe a la
operación de absorción de Unnim por parte de BBVA. La entidad presidida
por Francisco González se impuso en el proceso de subasta de las cajas
catalanas, una puja que estuvo todo el tiempo bajo la supervisión del Gobierno y del Banco de España.
El veredicto final fue la adquisición del 100% del capital de Unnim por parte del BBVA por el precio simbólico de un euro y con el respaldo financiero del FGD (Fondo
de Garantía de Depósitos), que aportaría los 953 millones de euros
necesarios para que el FROB recuperara el coste asumido por su
participacion en Unnim.
En su momento, el Banco de España
informó de que "a la vista de la participación del Fondo de Garantía de
Depósitos en el citado plan de reestructuración, se estima que la
reestructuración de Unnim Banc tendrá un impacto nulo para la ejecución presupuestaria del Estado".
Sin embargo, ya sea porque el Fondo de
Garantía de Depósitos nunca llegó a transferir ese dinero al FROB por
falta de fondos, o porque el retraso en el cierre definitivo de la
operación (fue en julio) hizo imposible recoger esa transferencia en las
cifras de ejecución presupuestaria del segundo trimestre, lo cierto es
que Hacienda ha terminado cargando esos 953 millones de euros al déficit del Estado.
Más ajustes para compensar el 'roto' de la banca
Este desequilibrio adicional de 5.418 millones de euros no estaba previsto en los Presupuestos del
Estado, que no contemplaban coste alguno vinculado al proceso de
reestructuración financiera, y engordarán el déficit del Estado, salvo
que el Ejecutivo adopte un nuevo ajuste por una cuantía similar.
Suma y sigue, porque el afloramiento de este déficit adicional podría ser sólo la punta del iceberg si se consolida el criterio de cargar al presupuesto público los costes de las minusvalías que se produzcan en elproceso de reestructuración financiera.
Si se confirma esta tendencia, con un
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) vacío de dinero y de
responsabilidades en la reestructuración del sector, se podría abrir un
agujero mucho más importante en las cuentas del Estado.
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