Otro médico imputado por el robo de niños en el País Vasco.
Afectados por el robo de niños se concentraron el viernes en seis ciudades del Estado español contra el archivo de las denuncias. Las manifestaciones fueron especialmente numerosas en el País Vasco, donde en las últimas semanas se han abierto tres enterramientos de bebés sin hallarse restos. En Madrid, ante la Fiscalía General del Estado se concentraron 300 personas y se entregaron 90.000 firmas para solicitar que no se cierren los casos de niños robados.
Varios centenares de afectados por el robo de niños se manifestaron ayer en Vitoria, Valladolid, Huelva, Cádiz y Valencia convocados por la asociación SOS Bebés Robados. En Madrid, otras dos organizaciones reunieron a más de 300 personas. Los concentrados exigieron a los jueces que se impliquen e investiguen las más de 1.500 denuncias presentadas por familias afectadas por el robo de niños entre los años ‘40 e incluso los ‘90.
La protesta tuvo especial repercusión en el País Vasco donde en el último mes se han abierto tres tumbas, por orden judicial, de niños supuestamente enterrados y en las que no existen restos humanos.
Las denuncias interpuestas ante las fiscalías del País Vasco no han sido archivadas, a diferencia del resto del país donde se han archivado más del 70 por ciento de las presentadas. En el País Vasco existe, además, un elevado número de casos de bebés robados en comparación con otros territorios.
Colaboración del Gobierno vasco A la concentración celebrada en Vitoria, según declaraciones de la delegada de SOS Bebés Robados Leire Fernández a este periódico, acudieron más de 300 personas procedentes de diferentes puntos y contaron con el apoyo de varios políticos de Bildu allí presentes. “Incluso tres nuevos afectados se pusieron en contacto allí mismo con nosotros porque aseguraron que después de tantos años confirman que su bebé no murió”, asegura la delegada SOS Bebés Robados.
Unas horas antes representantes de esta asociación de niños robados fueron recibidos por el Gobierno vasco que se comprometió a continuar “hasta el final” con las investigaciones sobre los bebés robados en esta comunidad. Según la asociación, el Gobierno vasco va seguir trabajando para esclarecer los hechos a través del departamento de Interior y Sanidad junto con las fiscalías provinciales y la policía judicial. En este sentido, la Ertzaintza está ya investigando presuntos implicados en el robo de bebés, algunos todavía ejercen como médicos en clínicas privadas, según han declarado las asociaciones de afectados.
Tres enterramientos de bebés vacíos
En el País Vasco se han abierto en el último mes tres tumbas. Una de las exhumaciones se ha llevado a cabo en Vizcaya y corresponde a un bebé nacido en 1993, en cuyo enterramiento no se encontraron restos. Las otras dos exhumaciones se llevaron a cabo en Vizcaya, una de ellas corresponde a Rebeca Losa Ocáriz, de San Sebastián, cuyos familiares han constatado que no existen restos de la niña en el panteón familiar donde supuestamente estaba enterrada la niña.
Otro médico imputado
Además, en Vizcaya se tomó declaración la semana pasada a un médico imputado por los presuntos robos de bebés en esta provincia, médico que aparece señalado en varias denuncias presentadas por familias afectadas. También existen dos personas más a las que se ha tomado declaración en calidad de testigos, no como imputados, una matrona que estuvo en el nacimiento de varios bebés dados por muertos y un ginecólogo en Guipúzcoa
Entrega de 90.000 firmas
En Madrid, se concentraron ayer más de 300 afectados por el robo de bebés frente a la Fiscalía General del Estado integrantes de las asociaciones de Anadir, SOS Bebés Robados Madrid y Aberoa. Representantes de estas asociaciones entregaron 90.000 firmas en la Fiscalía General.
Según declaraciones de Antonio Barroso a DIAGONAL es “una vergüenza lo que está ocurriendo. Se están archivando casi todos los casos y es imposible comunicar con la Fiscalía. El nuevo Gobierno no nos recibe”, dice Barroso. Explica que casos como el suyo perfectamente documentado, están siendo archivados por falta de pruebas o por “defecto de forma” porque el Estado no quiere investigar, argumenta el representante de Anadir.
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