El director de GARA,
Iñaki Soto, declaró ayer [el miércoles] en la Audiencia Nacional en
calidad de imputado por un delito de opinión. Concretamente, por la
publicación en este periódico de un artículo firmado por seis vecinos de
Alde Zaharra de Bilbo. Estos son los hechos, y llegados a este punto a
nadie debería importarle el contenido del escrito en cuestión más allá
de para expresar, o guardarse, su acuerdo o desacuerdo -o nada de ello-
con el mismo. Porque ninguna persona debería ser imputada por expresar
una opinión, cualquiera que esta sea. Y tampoco por dar opción a que esa
opinión salga a la luz. Sin embargo, esto es precisamente lo que ha
ocurrido, en diciembre de 2012, en el Estado español.
La actuación del juez Eloy Velasco es un atropello a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y así lo entienden también los organismos y las personas que en las últimas horas se han solidarizado con el director de este diario, entre ellas muchos profesionales del periodismo que se niegan a asumir que el ejercicio de esta profesión, mil veces zarandeada, sea objeto de amenaza.
Con todo, la persecución de ideas no es cosa nueva en el tribunal de excepción; al contrario, forma parte esencial de su cometido desde que atendía al nombre de Tribunal de Orden Público. Allí han sido juzgados y condenados un buen número de políticos, periodistas, sindicalistas y militantes de todo tipo de causas sociales por por opinar, por pensar diferente. Precisamente, otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a once gasteiztarras por participar en una kalejira en la que se habrían exhibido retratos de presos políticos vascos, y por esa razón está siendo juzgado un joven galdakoztarra. Está prohibido mostrar fotos, está prohibido escribir artículos, está prohibido publicarlos... En este país, las personas aprenden a convivir con prohibiciones desde que nacen.
El Estado español es una máquina de cercenar derechos. Derechos políticos y sociales, individuales y colectivos. Esa es su seña de identidad, es su divisa, la que le ha alejado definitivamente de la sociedad vasca y la que va a destruirlo por dentro, porque también la opinión pública española acabará por ver lo evidente. De hecho, ya lo está haciendo.
Fuente: http://gara.naiz.info/
La actuación del juez Eloy Velasco es un atropello a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, y así lo entienden también los organismos y las personas que en las últimas horas se han solidarizado con el director de este diario, entre ellas muchos profesionales del periodismo que se niegan a asumir que el ejercicio de esta profesión, mil veces zarandeada, sea objeto de amenaza.
Con todo, la persecución de ideas no es cosa nueva en el tribunal de excepción; al contrario, forma parte esencial de su cometido desde que atendía al nombre de Tribunal de Orden Público. Allí han sido juzgados y condenados un buen número de políticos, periodistas, sindicalistas y militantes de todo tipo de causas sociales por por opinar, por pensar diferente. Precisamente, otro juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a once gasteiztarras por participar en una kalejira en la que se habrían exhibido retratos de presos políticos vascos, y por esa razón está siendo juzgado un joven galdakoztarra. Está prohibido mostrar fotos, está prohibido escribir artículos, está prohibido publicarlos... En este país, las personas aprenden a convivir con prohibiciones desde que nacen.
El Estado español es una máquina de cercenar derechos. Derechos políticos y sociales, individuales y colectivos. Esa es su seña de identidad, es su divisa, la que le ha alejado definitivamente de la sociedad vasca y la que va a destruirlo por dentro, porque también la opinión pública española acabará por ver lo evidente. De hecho, ya lo está haciendo.
Fuente: http://gara.naiz.info/
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