Por una curiosa circunstancia, la aplicación del “tasazo” judicial que entró el lunes en vigor y encarece la justicia para los pobres, ha venido a coincidir con una reforma del Código Penal que
equipara como delincuentes a quienes incurran en fraude al sistema de
pensiones o al subsidio de desempleo con los defraudadores de millones
de euros. Tal vez el término “equiparar” sea inexacto, pues los
primeros serán castigados con penas de 6 meses a 3 años de prisión con
independencia de lo percibido indebidamente, y los segundos, los de
cuello blanco, sólo se considerarán delincuentes si el importe de la
estafa fiscal supera 120.000 euros.
Además, si pagan voluntariamente su deuda con Hacienda o regularizan
su situación antes de que se produzca la acusación y comience el proceso
penal, quedarán libres de imputación. Y si lo hacen durante la
tramitación de la causa –las penas pueden llegar a seis años de
prisión–, se podrán beneficiar de la decisión del juez de dar carpetazo y
archivar el asunto y, en todo caso, de una rebaja de la pena que puede
ser de uno o dos grados.
Tamaña asimetría penal entre trabajadores
y pensionistas con los grandes defraudadores confirma la vigencia de
aquella apreciación recogida en 1905 por Azorín para El Imparcial entre los trabajadores de Lebrija (Sevilla), según la cual “las leyes se hacen para los ricos”. “No
busque usted más, será completamente inútil –le decía el médico del
pueblo–: esta no es una demagogia libresca, sino la constatación de la
realidad”.
Esa asimetría llevó el lunes al socialista Julio Villarrubia a clamar ante el presidente del Consejo del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, contra una reforma penal que “legaliza
la impunidad de los delincuentes de cuello blanco, de los grandes
defraudadores y criminaliza a los desempleados, trabajadores y
pensionistas”. El atropello –añadió Villarrubia– se consumará el jueves en el pleno Congreso por la mayoría absoluta del PP.
El portavoz socialista anunció asimismo un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Tasas porque “supone
un ataque sin precedentes al derecho de acceso de todos los ciudadanos
al servicio público de la justicia y un atentado a la tutela judicial
efectiva”. La urgencia de Alberto Ruiz Gallardón, ya conocido como ministro de injusticia, al aprobar el “tasazo”
sin tener siquiera los impresos de las nuevas tarifas, ha hecho que en
24 días, hasta ayer, la administración judicial haya dejado de ingresar
unos 15 millones de euros.
“Con ese dinero se podía pagar el ERE de los mil jueces y magistrado sustitutos que van a eliminar en 2013”, argumentó Villarubia. Al presidente del CGPJ, Moliner, no le quedó más remedio que reconocer que esa medida va a suponer “un deterioro judicial”.
En su opinión, la supresión de los jueces sustitutos con la última
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial es una medida “discutible y de efectos impredecibles” para la rapidez y la calidad del servicio judicial.
Si tenemos en cuenta que el promedio de la UE está en 19,8 jueces por
cada 100.000 habitantes frente a 10 en España, y que los 5.171 jueces
titulares han contado hasta ahora con la ayuda de 1.467 suplentes o
magistrados eméritos que con la nueva ley desaparecen, y que de las 409
nuevas plazas que reclama el Poder Judicial sólo se van a crear 50 el
próximo año, ninguno de los “efectos impredecibles” va a ser positivo. Jueces y fiscales dirigieron ayer una carta abierta al presidente Mariano Rajoy contra las reformas perjudiciales, sin diálogo ni concierto, de su ambicioso ministro.
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