La Ley de Transparencia se detiene a las puertas de la Casa Real.

Carta abierta a la ciudadanía. Antonio Romero

Estimados ciudadanos, estimadas ciudadanas,

Señor Presidente. España ocupa el puesto número 31 en el ranking de corrupción de los 183 países del mundo analizados por la Organización Transparencia Internacional. En el seno de la UE nuestro país está situado en el puesto número 15. Usted, señor Presidente, conocerá por la doble responsabilidad que ostenta, la de Presidente del PP y como máximo responsable del Gobierno, el nivel del corrupción de su partido en España: 177 casos. El PSOE 128. Y la Monarquía uno de gran calado, de gran alcance, el Caso Urdangarín.

La corrupción es un crimen contra el pueblo, un atentado contra el interés general. Un cáncer que hemos de extirpar de la vida política, económica y social española. Su Gobierno acaba de aprobar una Ley de Transparencia, y junto a medidas de control de la gestión de cargos públicos municipales, autonómicos y de la administración central, hay zonas opacas que continúan blindadas, protegidas. Señor Rajoy, usted y su Gobierno han excluido del control y de la transparencia a la Casa Real.

¿Acaso la Casa del Rey no recibe dinero público procedente de los presupuestos generales del Estado? Al Rey se le permite que actúe como Juan Palomo, “yo me lo guiso y yo me lo como”. 9 millones de euros sin ninguna fiscalización, además de otros aportes administrativos y de recursos del Estado. Los regalos de empresarios o los procedentes del extranjero que recibe la Familia Real tampoco tienen control alguno. El despilfarro de dinero público es valorado de distinta forma, señor Rajoy. Para usted los gastos militares están bien empleados, y para mucha gente entre la que me encuentro los gastos de armamento militares y de defensa deberían orientarse a gastos sociales. El dinero público que su gobierno y el anterior han entregado a la banca privada es un clarísimo despilfarro y un robo al tratarse de dinero de todos.

 Los recursos entregados a la Iglesia Católica violan la Constitución y es un gasto del que ustedes es curioso que no se acuerden a la hora de los recortes, y para los que creemos en un Estado Laico habría que eliminar. Los baremos de sueldos para alcaldes han de transladarse a los banqueros, a ejecutivos de las grandes empresas, si queremos democracia y transparencia también en el terreno económico y no solo en el campo político.

Las operaciones en paraísos fiscales deben estar penalizadas en cualquier Ley decente de transparencia. Las pensiones de los ex-presidentes Gonzalez y Aznar han de ser incompatibles con puestos en Consejos de Administración, Asesorías o cualquier trabajo remunerado, como las demás.

Estamos ante las contradicciones y las dos varas de medir típicas de la derecha política y económica y del sistema.

Cualquier concejal o alcalde le podría poner a usted el ejemplo de los dos cazadores que tras una jornada en el campo cazaron una perdiz y un mochuelo, y a la hora del reparto uno le decía al otro: “la perdiz para mí y el mochuelo para tí, o como quieras, el mochuelo para tí y la perdiz para mí”. Y el otro contestó: “pero hombre, siempre me va a tocar a mí el de los ojitos grandes?”

Aquí pasó como siempre, manga ancha para los poderosos y control para los de abajo. Señor Rajoy, para ese viaje no hacían falta alforjas, ni poner en el disparadero a su flamante portavoz, la Señora Saenz de Santamaría, que presentaba la Ley públicamente haciendo comentarios contra los enchufes al mismo tiempo que su marido era enchufado, además en una terminal de Alta Tensión.

Reciba usted un cordial saludo.

Antonio Romero,
Ex.parlamentario de IULV-CA y
Coordinador de la Red de municipios por la III República