jueves, 1 de diciembre de 2011

El 40% de empresas constructoras de la Comunidad Valenciana ha cerrado.



La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (APECC) ha manifestado este jueves que la reducción de la inversión pública y, sobre todo, los "impagos" de la Generalitat Valenciana, pueden tener "graves" consecuencias en el sector.

Así, ha apuntado la necesidad de tomar "medidas urgentes" ante la situación en la que se encuentra el sector en la actualidad, y ha destacado que la "drástica" reducción de licitaciones que se ha producido en el sector desde el 2007, la paralización de obras y los retrasos a la hora de cobrar de las administraciones públicas "perjudican gravemente a las empresas de las construcción y a su actividad".

"Son especialmente los impagos el asunto que más está perjudicando al sector en estos momentos", ha indicado APECC, que ha añadido que la deuda viva en obra pública del Gobierno valenciano asciende a 2.000 millones de euros y aumenta a 22.000 millones a nivel estatal. "Las empresas tardan en cobrar una media de 280 días, tiempo en el que financian y soportan los gastos de la obra pública", ha destacado la asociación.

Calendario de pagos y compensaciones

APECC considera necesario elaborar un calendario de pagos y aplicar compensaciones de deudas tributarias, incluido el IVA y la Seguridad Social, con la deuda de las administraciones públicas, pues -ha aclarado- "las empresas no pueden soportar esa carga dada la carencia de capitalización que sufren", y ha añadido que el impago por parte de la Generalitat "está avocando a la destrucción de empresas de la construcción que ven imposible soportar la espera de los pagos".

Por otra parte, en Castellón, la reducción de inversión en licitaciones del 2007 al 2010 ha sido del 64,05 por ciento, según datos de SEOPAN. El 2010 se cerró con 231.565.000 euros invertidos en la provincia. A fecha de septiembre, durante este año se han invertido 106.645.000 euros y la previsión, según el Programa de Estabilidad, es que la inversión pública bajará un 2,7 por ciento el próximo año a nivel nacional, ha apuntado la asociación.

Estos "recortes" en infraestructuras, según APECC, suponen un "freno" a la productividad, ya que "afecta al empleo, al aumento de los subsidios y a la recaudación del IRPF, entre otros". "Está demostrado que por cada millón de euros invertidos en infraestructuras, el retorno fiscal para la Administración Pública es de 570.000 euros a corto plazo y, al considerar los efectos inducidos, este retorno es de cerca del 80 por ciento, ha destacado.

Además, -continúa- por cada millón de euros que se recorta, se destruyen 18 puestos de trabajo y, según los expertos, si se sigue sin licitar nada, se perderán hasta un millón de puestos de trabajo y la previsión oficial es reducir la inversión en licitaciones año tras año".

Datos desoladores de destrucción de empresas

Desde el inicio de la crisis, APECC ha resaltado que ya han desaparecido 5.500 empresas de la construcción en toda la Comunidad, entre autónomos y pymes, y el paro del sector afecta a 91.160 trabajadores, es decir, al 17'62 por ciento del total en la Comunidad Valenciana. "Esta reducción de inversión en licitaciones aboca a las empresas a la falta de ingresos, a lo que hay que unirle los retrasos de pago por parte de las administraciones públicas y la paralización de obras" según APECC, que estima que actualmente la Generalitat mantiene paradas 1.050 millones de obras "por falta de financiación".

La Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón ha señalado que la reducción de licitación y la "alta morosidad" ha provocado el cierre del 40 por ciento de las empresas de la construcción en la Comunidad Valenciana, "y se estima que se eleve aún más la cifra si no se aplican medidas".

Desde APECC se reclaman soluciones "efectivas e inmediatas" que impidan "un cambio radical en el sector de la construcción, con la desaparición de numerosas empresas y su repercusión en la actividad, el empleo y los ingresos públicos". Asimismo se solicita la "reflexión" en la toma de decisiones de cómo afectan las medidas adoptadas a largo plazo y lo que ello implica.

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