Barones del PP se rebelan contra las políticas de Rajoy.

Al presidente de Gobierno se le acumula la oposición interna, que es la más difícil de gestionar. Aunque -o precisamente "porque"- el PP ostenta más poder que nunca, con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y un mapa territorial a su favor inéditos, los frentes que se han ido abriendo en las Comunidades Autónomas y en ayuntamientos conservadores ante los recortes que van anunciando los ministros de Mariano Rajoy empiezan a inquietar en La Moncloa.

La Comunidad de Madrid (CAM) lidera la rebelión contra las líneas políticas marcadas por Mariano Rajoy dentro de las Autonomías gobernadas por el PP. Por un lado, y si el presidente madrileño se mantiene en la negativa a frenar sus planes, el Gobierno se verá obligado a recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la CAM de implantar en la región el euro por receta el mes que viene. El Ejecutivo ya interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la Generalitat catalana por lo mismo y aseguró que, si Madrid lo llevaba adelante, actuaría de la misma forma con una fórmula de financiación "indiscriminada", según la vicepresidente Soraya Sáenz de Santamaría.

El presidente madrileño, con el euro por receta, lidera el motín contra Rajoy

Al mismo tiempo, González sigue adelante con el plan estrella de su antecesora en la CAM, Esperanza Aguirre. El presidente madrileño y el magnate de los casinos Sheldon Adelson se reunieron el pasado 13 de diciembre para seguir dando pasos en el proyecto Eurovegas. De momento, el multimillonario ha conseguido algunas de las ventajas fiscales que exigía, como el cambio de la ley del suelo, al ser considerado el suyo un proyecto de interés regional o hasta un 95% de rebaja en impuestos como el IBI o el ICIO o una ley de medidas fiscales en 2013 que rebajará la tributación sobre el juego del 45% a un 10% como mucho, entre otros beneficios.

El problema llegará a Rajoy cuando Adelson quiera hacer efectivo el cambio de la ley antitabaco para que se pueda fumar en sus casinos, como exigió a Catalunya y Madrid cuando ofreció su plan de ocio y casinos. Aunque el Gobierno ha negado cada vez que se le preguntó que dicha ley se vaya a modificar, varios de sus miembros lo dan por hecho ante una perspectiva tan sabrosa (Aguirre habló en septiembre de 17.000 millones de dólares de inversión y 200.000 empleos, aunque las cifras varías según quien las exponga). El cambio legislativo abriría a Rajoy un frente con el resto de empresarios del sector con negocios en España muy complicado de vender.

Los posibles cambios en la ley del tabaco para beneficiar a Eurovegas son también punto de conflicto

El delfín Alberto Núñez Feijóo es otro de los que pone peros públicamente a algunas decisiones del Ejecutivo y lo hace, además, avalado por la mayoría absoluta que le dieron en Galicia los votantes el 21 de octubre y en el peor de los escenarios sociológicos para el PP. Feijóo ha cuestionado sistemáticamente varias de la decisiones de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Lo hizo con el copago sanitario en todas sus variantes,  especialmente el del transporte sanitario y asegurando en varias ocasiones que sólo es partidario del copago farmacéutico, aunque ha terminado acatando todo. 

Ahora, el presidente de la Xunta mantiene su particular batalla con el ministro de Economía a cuenta de la valoración y la decisión del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sobre Novagalicia Banco. Luis de Guindos confirmó el martes en el Congreso que el fondo de rescate controlará el 100% del capital del banco gallego tras la llegada de los 5.425 millones de euros procedentes del rescate europeo y tras la valoración de la entidad por parte del Banco de España en -3.091 millones. 

Feijóo se opone a la recapitaliación de Novagalicia Banco y estudia llevar la decisión a los tribunales

Por tanto, los accionistas perderán toda su inversión a consecuencia de una recapitalización del banco a la que se opone el propio Feijóo, que contempla cómo su apuesta política personal que comenzó anunciando en diciembre de 2010 una megacaja gallega (Novacaixagalicia, posteriormente intervenida y pasando a NCG Banco en octubre de 2011) se desintegra completamente. Tanto la Xunta como los accionistas del banco gallego, la patronal o los sindicatos se han mostrado en contra del valoración del Banco de España y el Gobierno de Feijóo ya ha anunciado que estudia llevar esta decisión a los tribunales, como ya hiciera hace un año con la valoración de Novacaixagalicia.

Presiones sin tregua al Gobierno

En Extremadura, el conservador José Antonio Monago sigue diseñando su estrategia para pagar la extra de Navidad a los funcionarios en contra de la orden de Rajoy, que la ha suprimido en todo el país. La iniciativa del extremeño consistiría, en realidad, en un adelanto de la paga de junio de 2013, tal y como él mismo ha explicado para no incumplir la ley estatal que suprime la de diciembre de 2012. El Tribunal Constitucional ya dio la razón al Ejecutivo de Rajoy frente al vasco, que pagó esta nómina extraordinaria a sus funcionarios y les fue bloqueada. Asimismo, el Gobierno ha recurrido la retribución de la extra por parte de Navarra a sus trabajadores públicos. Pero Monago no ceja en su empeño y ayer viernes se reunió con los sindicatos para abordar la cuestión, a pesar de las advertencias del Ejecutivo central. Ya en septiembre, el presidente extremeño había amagado con una rebelión contra la decisión de subida del IVA cultural al 21%. Monago aseguró que en su Comunidad se quedaría en el 13%, aunque finalmente reculó y anunció que trataría de compensarlo con otras medidas.

La paga extra de los funcionarios y la subida del IVA en Cultura, los frentes de Monago

Por su parte, la Comunitat Valenciana sigue siendo una de las más contundentes en sus críticas al Ejecutivo de Rajoy. El presidente Alberto Fabra considera que éste está discriminando a su Comunidad con las inversiones que ha destinado desde el Estado, primero, con los Presupuestos Generales para 2013 (un 57% menos del dinero destinado en las últimas cuentas de los socialistas) y, ahora, con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), del que el Ministerio de Hacienda ha negado 400 millones adicionales a los 2.500 acordados como rescate en 2012 (4.500 solicitados) que un Consell asfixiado necesitaría ya para saldar las deudas más apremiantes de este año.

El ERE presentado por la dirección de la empresa pública Paradores de Turismo de España, que se anunció con 644 personas afectadas (14% de plantilla) y el cierre de siete de estos establecimientos en cinco autonomías (Murcia (1), Aragón (1), Castilla-La Mancha (2), Galicia (2) y Andalucía (1), cuatro de ellas gobernadas por el PP), ha sido otro de los motivos de oposición frontal al Gobierno por parte de las Comunidades. De hecho, tal ha sido la presión de los presidentes autonómicos del PP al Ejecutivo de Rajoy que esta semana y tras la reunión con los sindicatos, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego, ha presentado una nueva oferta que reduce a 350 los despidos, decreta únicamente el cierre del Parador de Puerto Lumbreras (Murcia) y reduce de cinco a tres meses los cierres temporales de varios de estos establecimientos.

Las negociaciones continuarán hasta el 2 de enero y los representantes de los trabajadores confían en conseguir tumbar la totalidad de unas medidas que, según ellos, sólo se ejecutan como antesala de la privatización de la empresa.

La oposición al cierre de Paradores está dando frutos en la negociación

En Castilla y León, el cierre de la central nuclear de Garoña, que se hizo efectivo el pasado domingo, trae de cabeza a la Junta de Juan Vicente Herrera y, por extensión, a Rajoy y a su ministro de Industria, José Manuel Soria. La decisión de la empresa Nuclenor, la empresa propietaria de la planta participada por Endesa e Iberdrola, ha cogido al Gobierno con el pie cambiado y sin plan alternativo para esta zona del norte de Burgos, ya que contaban con alargar la vida útil de la central, al menos, hasta 2019. 

Para justificar el cierre, Nuclenor ha apelado a la falta de rentabilidad de la planta con las inversiones que exige el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y los nuevos impuestos que gravan la generación eléctrica. La Junta de Castilla y León está presionando al Gobierno para que obligue a dar marcha atrás a la empresa energética, mientras que el ministro intenta no enfrentarse directamente a Endesa e Iberdrola para no crear más malestar en el sector. De momento, Soria sigue tratando de revertir la situación y recuerda que cuando el PSOE anunció el cierre de Garoña para 2013, ambas compañías dijeron que si no se les permitía llegar hasta 2019, "iban a tener un lucro cesante" y dejar de ganar hasta 400 millones de euros. Sin embargo, y a pesar de Herrera, el Gobierno no tiene intención de variar los impuestos ni las condiciones del CSN.