Catalunya es uno de los poquísimos países de la Eurozona en el que el
Gobierno, a pesar de ser uno de los gobiernos que han llevado a cabo con mayor
intensidad la política de recortes de gasto público, incluyendo gasto público
social, y haber apoyado reformas laborales orientadas a facilitar el despido de
los trabajadores y empleados, no ha perdido sustancialmente el apoyo popular que
determinó su victoria electoral -hace casi dos años-, victoria basada en parte
en un programa electoral que excluía el desarrollo de tales políticas, tal como
también, por cierto, hizo el Partido Popular que gobierna actualmente en España
(que sí ha sufrido una pérdida de apoyo electoral). ¿Cómo es que la política de
recortes ha tenido un coste electoral al partido gobernante en España y a la
gran mayoría de los partidos gobernantes en la UE, y no la ha tenido en
Catalunya?
Las causas de esta situación, claramente excepcional, es que tal Gobierno de
la Generalitat de Catalunya, que tiene pleno control de los mayores medios
públicos de información públicos, tales como Catalunya Ràdio y la Televisió de
Catalunya (TV3, C33, 3/24, etc.), y que goza del apoyo de la mayoría de medios
de información privados, ha sido exitoso en promover el mensaje de que “no
hay alternativas” a tales políticas, debido al enorme déficit público que
había dejado el Gobierno tripartito anterior (y que se encontró
“inesperadamente” cuando llegó al Gobierno) y también al “expolio de Catalunya
por parte de España” que había creado un enorme agujero en las arcas de la
Generalitat de Catalunya. El término un tanto belicista de “expolio” se refiere
al déficit fiscal de Catalunya versus el Estado español, es decir, la diferencia
entre lo que los ciudadanos que viven en Catalunya contribuyen con sus impuestos
y lo que reciben del mismo Estado a través del gasto público.
De esta lectura de las causas del problema financiero de tal Gobierno, la
coalición gobernante CiU (una coalición de un partido liberal, Convergència
Democràtica de Catalunya, perteneciente a la Internacional Liberal, y un partido
cristianodemócrata, Unió Democràtica de Catalunya, perteneciente al grupo del
Partido Popular Europeo, el mismo, por cierto, al que pertenece el Partido
Popular) ha propuesto (además de recortar el gasto público para reducir el
déficit y así corregir los supuestos excesos de gasto incurridos por la
coalición de partidos de izquierdas que constituyeron el Gobierno anterior), una
redefinición de la relación financiera entre el Estado central español y la
Generalitat de Catalunya, proponiendo un pacto fiscal encaminado a desarrollar
un concierto económico semejante al existente en el País Vasco y en Navarra.
Esta petición, a partir de la manifestación del 11-S (que exigía un Estado
propio para Catalunya) que reunió a un millón y medio de personas en las calles
de Barcelona, se convirtió, en manos del Gobierno Mas, en un mero eslabón en el
camino hacia la independencia de Catalunya, objetivo que no estaba en el
programa electoral de CiU ni tampoco era un objetivo deseado por el Gobierno de
la Generalitat para tal manifestación del 11-S que, según CiU, debería haberse
centrado en la demanda por un pacto fiscal entre Catalunya y el Estado español.
Es obvio que el Gobierno Mas quedó desbordado por la propia manifestación y que
intenta ahora canalizar esta protesta (que en otros países hubiera sido en
contra del propio Gobierno) hacia el Estado español. El enorme enfado popular
hacia los recortes, entre muchos otros agravios, se intenta canalizar, no en
contra de la Generalitat y su partido, CiU, sino hacia el Gobierno de España
gobernado por el mayor aliado que CiU ha tenido en el desarrollo de sus
políticas.
Las contradicciones del argumentario de CiU
En la línea argumentativa de CiU hay varios hechos que se ignoran y/o
ocultan. Veamos los datos. La deuda de la Generalitat pasó de ser el 7% del PIB
catalán en 2003 (cuando inició su mandato el primer tripartito) al 17% en 2010
(cuando terminó el mandato del 2º Gobierno tripartito). Durante este periodo, el
gasto público social en los servicios públicos del Estado del bienestar subieron
como nunca antes habían subido: en esos cuatro años se aumentó el gasto en
protección social en 1.025 euros por habitante, pasando de 3.781 euros a 4.806
euros, mientras que en los cuatro años anteriores el aumento había sido de 768
euros, es decir 257 euros por habitante menos.
En 2010, el Gobierno Mas comenzó su gobierno con el intento de bajar tal
deuda pública. Pero a pesar de los enormes recortes, cuya intensidad no tenía
precedentes ni en Catalunya ni en España, la deuda pública se disparó pasando
del 17% del PIB en Catalunya al 22% en 2012, uno de los mayores incrementos de
la deuda pública ocurridos en los países de la Eurozona. Las causas de ello eran
previsibles, tal como indicamos unas pocas voces, marginadas cuando no
insultadas en tales medios públicos de la Generalitat (ver ”Comentario del
profesor Navarro a los hechos vergonzosos que ocurrieron en la entrevista que le
hizo Manel Fuentes en Catalunya Ràdio” en www.vnavarro.org).
Los recortes del Gobierno Mas, junto con los del Gobierno del PP (aprobados
en las Cortes Españolas con el apoyo del partido gobernante en la Generalitat de
Catalunya, CiU), acentuaron de una manera muy marcada la recesión económica, con
la consecuente bajada de actividad económica y disminución de los ingresos al
Estado. Se ha mostrado una vez más que las políticas de austeridad han sido un
suicidio económico, tal como incluso el Fondo Monetario Internacional (que ha
sido una de las instituciones que más ha presionado a los gobiernos para que se
hagan tales recortes de gasto público, incluyendo el social) ha tenido que
reconocer en un reciente informe (ver mi artículo “Los neoliberales deberían
pedir perdón al pueblo al pueblo español, incluido el catalán”, El Plural,
22.10.12).
Pero la otra causa del descenso de los ingresos al Estado era la bajada de
impuestos que el Gobierno español, con el apoyo de CiU había llevado a cabo
durante el periodo de expansión económica. Tal bajada de impuestos creó un
crecimiento del déficit público estructural del Estado (y de la Generalitat),
dato silenciado en la mayoría de medios de la Generalitat de Catalunya. En
realidad, según los datos del Ministerio de Hacienda, la aplicación de la
reforma fiscal del 2006 (aprobada con el apoyo de CiU) a nivel del estado
español (y que naturalmente afectó a los ingresos de la Generalitat) significó
una bajada de ingresos (equivalente a 19.540 millones de euros) en 2007, bajada
de impuestos que fue muy acentuada en el impuesto de Sociedades y en las rentas
superiores. El impacto de tal bajada de impuestos en los ingresos al Estado, que
también afectaba a la Generalitat, ha sido una de las noticias menos visibles en
los medios de mayor difusión en Catalunya. Tal bajada de impuestos causó, como
he indicado, un aumento del déficit público estructural, tanto del Estado como
de la Generalitat de Catalunya, déficit que apareció con toda claridad cuando el
crecimiento económico se frenó y finalmente se colapsó, resultado del estallido
de la burbuja inmobiliaria.
Cómo respondió CiU a la crisis
Cuando el déficit público se incrementó, la respuesta de CiU fue apoyar
medidas de recortes de gasto público llevadas a cabo por los gobiernos españoles
y más tarde, cuando gobernó la Generalitat de Catalunya, realizarlas con gran
intensidad con la intención –según declaraciones de los portavoces del Gobierno
CiU- de impresionar a Bruselas de la “seriedad y compromiso del Gobierno de la
Generalitat”, homologando seriedad con la voluntad de tomar medidas impopulares
(tal como también ha dicho y hecho el portavoz del Gobierno del PP en España).
Estos recortes se hicieron con el argumento de que “no había otra alternativa”,
mensaje promovido activamente por los medios de información, tanto públicos como
privados, ocultando que sí que había alternativas. Veámoslas.
CiU aprobó en las Cortes Españolas la propuesta del Gobierno Zapatero de
congelar las pensiones, incluyendo, naturalmente, las pensiones catalanas (con
el fin de ahorrar 1.200 millones de euros, dedicados a reducir el déficit
público). Podría haber tomado, sin embargo, otras medidas que hubieran
conseguido incluso más fondos. Así, CiU podría haber apoyado el mantenimiento
del impuesto de patrimonio (con lo cual se habrían conseguido 2.100 millones de
euros) en lugar de eliminarlo, como hizo. O podría haber apoyado la eliminación
de las rebajas (que respaldó) en el impuesto de sucesiones (por valor de 2.552
millones de euros), o podría haber apoyado revertir la bajada de impuestos (que
había aprobado) de las personas que ingresaban más de 120.000 euros al año,
consiguiendo 2.500 millones.
Un tanto idéntico podría haber hecho con los recortes, incluso más intentos,
realizados por el Gobierno del PP, presidido por el Sr. Rajoy. Así, en lugar de
apoyar los recortes del Gobierno Rajoy (que han impuesto una reducción de 6.000
millones de euros en la sanidad pública, que tendrá como consecuencia el
desmantelamiento de tal servicio público), CiU podría haber apoyado la anulación
de la bajada de impuestos de sociedades (que CiU había aprobado) de las grandes
empresas que facturan más de 150 millones de euros al año (que representan un
0,12% de todas las empresas de España), consiguiendo con ello 5.300 millones de
euros para el erario público (incluyendo a la Generalitat de Catalunya).
O CiU podría haber apoyado en las Cortes Españolas la reducción del subsidio
que el Estado da a la Iglesia Católica para impartir docencia de religión
católica en las escuelas públicas (incluidas las catalanas) a fin de ahorrar 600
millones de euros, permitiendo evitar los recortes a los servicios domiciliarios
a las personas con discapacidades y dependientes. Y aquí, en Catalunya, el
Gobierno CiU podría haber reducido su déficit a base de aumentar los ingresos a
la Generalitat de Catalunya en lugar de centrarse tanto en los recortes. Incluso
el Gobierno Cameron de Gran Bretaña, con afinidades políticas a las del Gobierno
Mas, intentó reducir el déficit público, no sólo recortando el gasto público,
sino también aumentando los impuestos. El Gobierno Obama de EEUU intentó una
reducción del déficit a base de un equilibrio 50%/50%. Y el Gobierno socialista
francés acaba de aprobar un presupuesto en el que el 80% de la reducción del
déficit público se ha hecho a costa de aumentar los impuestos del capital y de
las grandes fortunas, y sólo un 20% a base de más recortes del gasto público. No
así el Gobierno Mas. El 98% de la reducción del déficit se ha hecho a base de
recortes.
El mayor problema del retraso social de Catalunya y de España es la
escasez de recursos del Estado, incluyendo de la Generalitat de
Catalunya
El Gobierno Mas podría haber evitado muchos de sus recortes si hubiera
recogido fondos ya existentes en Catalunya. Catalunya no es pobre. Su PIB per
capita es el 110% del promedio de la UE-15. Su gasto público social, sin
embargo, es sólo el 73% del promedio de la UE-5. Si fuera el 110%, Catalunya se
gastaría casi 20.000 millones más que no se gastan, porque la Generalitat no los
recoge. La Generalitat podría haber recogido, por ejemplo, 2.788 millones de
euros mediante las siguientes medidas: 1.000 millones de euros a través de un
impuesto finalista progresista que fuera a la sanidad pública, tal como ha hecho
el Gobierno canadiense; 600 millones de euros a base de gravar los beneficios
exuberantes del capital financiero (tal como ha sugerido, paradójicamente, el
Fondo Monetario Internacional); 400 millones de euros manteniendo el impuesto de
sucesiones; 538 millones de euros a base de recuperar el impuesto de patrimonio,
modificándolo para centrarse en las grandes fortunas; 150 millones modificando
las multas y sanciones para hacerlas progresivas (es decir, que una multa
sancionadora sea mayor en la medida en que los ingresos de la persona o
institución sancionada sean mayores, tal como ocurre en los países nórdicos);
150 millones de euros en impuestos verdes, haciendo pagar 5 euros por cada vuelo
que despegue de aeropuertos catalanes, y así un largo etcétera.
Ninguna de estas medidas, por cierto, hubiera afectado a la mayoría de la
ciudadanía a la que sí, en cambio, le afectan los recortes en sanidad, educación
y otros servicios públicos de la Generalitat. Y, naturalmente, podría también
reducirse, camino de eliminarse, el enorme fraude fiscal, muy acentuado entre
las rentas superiores de Catalunya y en las grandes empresas. Aplicando a
Catalunya la metodología utilizada por los técnicos de Hacienda para calcular el
tamaño del fraude, éste es en Catalunya de 18.000 millones de euros (cifra que
los propios técnicos consideran muy conservadora). CiU no se ha distinguido, ni
en las Cortes Españolas ni en el Parlament de Catalunya, por haber iniciado o
apoyado medidas correctoras de tal fraude.
Otras fuentes de ingreso para la Generalitat de Catalunya, que hubieran
evitado los recortes, hubieran sido apoyar el aumento de impuestos al tabaco y
al alcohol que hubieran podido recoger 200 millones, fondos que hubieran
repercutido en mayores ingresos para Catalunya, o exigir a las mutuas patronales
de accidentes y enfermedades laborales que paguen al sistema sanitario público
catalán los gastos de atender a los pacientes accidentados o enfermos por causas
laborales, y que hoy no pagan (representando un déficit de la sanidad pública de
230 millones de euros).
Todas estas son medidas que CiU y su Gobierno podría haber apoyado en las
Cortes españolas, y aprobado y/o llevado a cabo en su gobierno, y que no
hicieron. Y el que no lo hicieran responde a causas políticas. Es decir,
hubieran afectado a los grupos sociales o intereses financieros y económicos que
CiU representa o a los que no se atreve a enfrentarse. Como dijo recientemente
un dirigente de Cáritas en Catalunya, ¿cómo los políticos pueden dar tanto
dinero a la banca (CiU ha sido el partido que más ha apoyado al PP en el rescate
bancario), y tan poco dinero a las poblaciones vulnerables que hoy están
sufriendo enormemente? La respuesta del Gobierno CiU al incremento de la pobreza
fue hacer la Maratón Antipobreza de la televisión pública TV3, que recogió 4
millones de euros. Si CiU y su aliado en las Cortes y en el Parlament (el PP)
hubieran aprobado un impuesto sobre las transacciones bancarias de corto plazo
(la mayoría de clara orientación especulativa) la Generalitat habría obtenido
300 millones de euros. Todas estas son medidas que CiU podría haber llevado a
cabo en su Gobierno que hubiera podido hacerse como alternativas a los recortes.
Ahora bien, ¿cómo es que, con la evidencia existente, y que presento en este
artículo, el Gobierno CiU no sólo no está perdiendo popularidad, sino que puede
ganar por mayoría? La respuesta es el argumento del “expolio”.
El déficit fiscal es un problema, pero no es el mayor problema de
Catalunya
En cuanto al “expolio”, hay que indicar que, detrás de tal término belicista
existe una realidad que le cuesta mucho al Estado español reconocer. Y es que la
contribución de los impuestos derivados de Catalunya es excesiva (según los
parámetros comparativos de transferencias interregionales en la mayoría de
países de la Eurozona), en relación a los fondos que recibe del Estado. Esta es
una realidad, cuya falta de reconocimiento por parte del Estado Central es un
indicador más de un problema mayor, que es el gran desequilibrio que existe en
la relación Estado Central-versus Catalunya a favor del primero y a costa del
segundo (ver mi artículo “El nacionalismo españolista”. Sistema,
05.10.12). La constante oposición del establishment español, centrado en
Madrid, al reconocimiento de la plurinacionalidad de España, ha sido la mayor
fuente de frustración en grandes sectores de la población catalana, una falta de
reconocimiento que aparece también en la decisión del Tribunal Constitucional de
vetar puntos clave del Estatuto de Catalunya aprobado por referéndum por la
población catalana.
Complementando esta decepción hubo la falta de respuesta y protesta por parte
del establishment español (cuyas Cortes Españolas habían aprobado previamente
tal Estatuto), después del “cepillazo” -término ofensivo que incluso causó
gracia en el establishment madrileño- a la propuesta aprobada por el Parlamento
Catalán. La falta de protesta del Gobierno Zapatero a tal hecho por parte de
aquel establishment fue un factor contribuyente a la generalización del enfado
en Catalunya hacia el Gobierno central.
Pero el punto final que ha rebosado el vaso ha sido la victoria del PP, que
fue el partido que había llevado el Estatuto al Tribunal Constitucional, y cuya
postura hostil hacia las reivindicaciones en Catalunya se ha traducido en sus
declaraciones y comportamientos. El Gobierno no ha tomado ninguna medida
sancionadora, por ejemplo, contra el militar que amenazó con una intervención
militar ocupando Catalunya, de nuevo un caso que demuestra no solo la enorme
insensibilidad democrática del Gobierno PP sino también su hostilidad hacia
Catalunya.
Ahora bien, dicho todo lo que he dicho, varias realidades necesitan añadirse.
Una de ellas es que la mayor fuerza política que ha apoyado las políticas
neoliberales que ha estado aprobando el PP y que están causando unos enormes
daños a las clases populares catalanas ha sido precisamente CiU. Y la otra
vertiente es que, en reciprocidad, la fuerza política que ha apoyado
constantemente las políticas neoliberales y regresivas en Catalunya ha sido el
PP. Tales políticas están desmantelando el Estado del bienestar en Catalunya
convirtiendo un Estado universal (con derechos universales que se aplican a toda
la ciudadanía) en un Estado asistencial (para las personas sin recursos o
especialmente vulnerables) con un gran debilitamiento de la fuerza del trabajo y
una disminución de los derechos laborales, todo ello acompañado con una
disminución de los derechos civiles y aumento de la represión.
Esto ha sido ocultado en los medios de comunicación de la Generalitat de
Catalunya que han jugado un papel clave con su silencio ensordecedor sobre la
naturaleza de estos hechos. TV3 ha alcanzado unos niveles de instrumentalización
desconocidos desde la era pujolista, enfatizando la inevitabilidad de esta
reforma y el “expolio” de Catalunya por parte de España. Tal expolio, sin
embargo, no puede explicar el enorme déficit social de Catalunya. Explica parte
pero no todo. De hecho, los datos de gasto en protección social de 2007 para
Catalunya, que son los últimos disponibles, muestran que si se destinaran los
recursos que configuran el déficit fiscal (que la Generalitat considera que es
el 8% del PIB catalán) a gasto social según la asignación actual del presupuesto
de la Generalitat, el gasto social por habitante en Catalunya todavía estaría
lejos de alcanzar la cifra que le correspondería por el nivel de riqueza que
tiene. En realidad, pasaría de 5.475 unidades de poder de compra (upc, unidades
monetarias que tienen idéntica capacidad de compra, estandarizando el poder
adquisitivo de países con diferente nivel de riqueza) a 6.236 upc, una cantidad
todavía muy lejos de los 8.210 upc que se debería gastar por el nivel de riqueza
que tiene. La mayor causa del retraso social de Catalunya es la misma causa del
subdesarrollo social de España (como documenté en mi libro El subdesarrollo
Social de España), es decir, el enorme dominio de las fuerzas conservadoras
sobre el Estado español (incluido el catalán) a lo largo de su historia, y que
se ha cristalizado durante estos dos años en la alianza PP-CiU en las Cortes
Españolas, y CiU-PP en el Parlament. Y ahora ambas formaciones políticas están
agitando las banderas con fines electorales.
Esta es la gran estafa y el fraude existente hoy en Catalunya y en España. La
coalición gobernante de Catalunya, que tiene gran responsabilidad en el retraso
social de las clases populares de Catalunya, se presenta ahora como la gran
defensora del pueblo catalán, convirtiendo a su máximo aliado, el PP, en su
máximo adversario, enarbolando la bandera catalana para mantenerse en el poder y
continuar siguiendo las políticas neoliberales que han hecho tanto daño.
Ahora bien, los enfadados que marcharon en las calles de Barcelona el 11-S
pidiendo autogobierno y el derecho a decidir (lo cual comparto), deben ser
conscientes de que en la medida que voten a tal partido y a tal Gobierno, el
motivo de su enfado no se resolverá, pues una futura Catalunya bajo el Gobierno
CiU será muy semejante a la Catalunya de hoy, con los mismos recortes, las
mismas políticas fiscales regresivas, la misma instrumentalización de los medios
públicos, el mismo retraso social de Catalunya y la misma inmunidad frente a la
corrupción que ha salpicado tan extensamente a este partido y a este Gobierno.
¿Es esta la Catalunya que desean? No es la Catalunya por la que la generación de
mis padres, mi generación y generaciones posteriores lucharon durante la
dictadura para que nuestros hijos y nietos pudieran vivir libremente en una
Catalunya con democracia, pluralidad y justicia social. Esta Catalunya no existe
y tampoco existirá si las fuerzas conservadoras dominan la transición de esta
Catalunya a la otra Catalunya.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu
Fabra
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