En respuesta enviada al Congreso de los Diputados, el Ejecutivo no especifica los motivos
de la concesión de las medidas de gracia, firmadas por el ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, limitándose a decir que se ha actuado
conforme a la legalidad y tras estudiar la documentación de cada
expediente. Unos trámites genéricos que se siguen en todos los procesos
de indulto, se concedan o se rechacen.
Los cuatro indultos, de
carácter parcial, fueron otorgados el pasado 29 de junio, y publicados
en el BOE del 18 de julio. Tras conocer la decisión, el diputado de IU
Gaspar Llamazares dirigió una pregunta escrita al Gobierno,
interesándose por la justificación de que se concedieran, en fecha de "infausta memoria" como el 18 de julio, cuatro indultos en un sólo día a condenados por prevaricación urbanística a penas graves de prisión.
Asimismo, quería saber si el Gobierno consideraba que esas medidas de gracia contribuían a reforzar la lucha contra la corrupción, y si había habido más indultados por ese delito en 2012.
El Gobierno justifica dar a la vez los cuatro indultos en que son condenados en el mismo juicio
El
Ejecutivo comienza precisando que los indultos se otorgaron el 29 de
junio, y no el 18 de julio, fecha de su publicación. Y justifica que se
dieran los cuatro a la vez en que eran personas que habían sido
condenados en la misma sentencia, por lo que es habitual y lógico que
sus peticiones de indulto se resuelvan en la misma fecha. El otro dato
que aporta es que, a lo largo de 2012, no ha indultado a más condenados por prevaricación urbanística.
Pero
nada dice de las razones de los indultos, y se explaya a continuación
en explicar --lo que el diputado no había pedido-- que los indultos en
este caso son conmutaciones de las condenas de prisión por otras
menores, pero que subsisten las penas de inhabilitación así como los
antecedentes penales, ya que son "culpables de un delito que merece reproche social, el cual no es apaciguado por el indulto".
Los
indultados, a los que se conmutaron diferentes penas de prisión (de
entre 3 años y 9 meses, a 10 años y medio de cárcel) por otra de dos
años de prisión --lo que posibilita que eludan la entrada en la
cárcel--, son el que fue alcalde de Valle de Abdalajis desde 1995 a
2007, Tomás Gómez Arrabal, y los exediles de la localidad María Teresa Mesa Pernia, Fermín Muñoz Armero y Antonio Pérez Postigo.
En
sentencia de 20 de octubre de 2009, el Juzgado de lo Penal número 9 de
Málaga les condenó por un total de 31 delitos de prevaricación
urbanística, 17 de ellos continuados, por la concesión de licencias de obras de forma irregular, saltándose la legalidad, entre 2001 y 2004.
La
condena más grave correspondió al exalcalde, Gómez Arrabal, condenado
por 12 delitos de prevaricación urbanística, 4 de ellos continuados, a
10 años y medio de cárcel y 120 años de inhabilitación para empleo o
cargo público electivo. Sin embargo, el tribunal estableció que
cumpliera tres años de cárcel, ya que el Código Penal
señala que el límite máximo de cumplimiento no puede exceder del triple
del tiempo de la pena más grave (en este caso, de un año).
Los
otros exconcejales tuvieron condenas por el mismo delito de entre 3 años
y 9 meses, y 5 años y 3 meses, aunque el máximo de cumplimiento era de
27 meses. Mesa Pernia y Pérez Postigo estarán inhabilitados durante 70
años, y Pérez Postigo, durante 50.
publico.es
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