El Gobierno indultó al ex dirigente de Unió Democràtica de Catalunya
(UDC) Josep Maria Servitje Roca, ex secretario general de la Consejería
de Trabajo de la Generalidad de Cataluña durante los gobiernos
autonómicos de Jordi Pujol (CiU).
Servitje fue condenado a cuatro años y medio de cárcel y seis años de
"inhabilitación absoluta" por "un delito continuado de malversación de
caudales públicos", en 1994, en el entramado que se conoció como caso Trabajo.
Gracias al indulto del Gobierno del PP solo tendrá que pagar 3.600
euros de multa. El indulto se aprobó el pasado 17 de febrero de 2012
pero no fue hasta el pasado 13 de marzo de 2012 que se hizo público a
través del Boletín Oficial del Estado (BOE) --Real Decreto 416/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Josep María Servitje Roca--.
LA AUDIENCIA DE BARCELONA SE OPONE AL INDULTO
Servitge es militante de UDC y la justicia le condenó en 2009 porque
quedó demostrado que participó en el desvío de 46.157,73 euros de fondos
públicos a través de la adjudicación de estudios plagiados o de nula
utilidad. En abril de 2010, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de
casación presentado por Servitje contra la sentencia que le condenó.
Esta práctica, al margen de la ley, se llevó a cabo durante el tiempo
que Ignasi Farreres (CiU) ocupó la Consejería de Trabajo, entre 1988 y
1999. Farreres fue juzgado y absuelto.
La Sección 10ª de la Audiencia de Barcelona se opuso, recientemente,
al indulto por la "especial gravedad de los hechos por afectar al erario
público" y no vio motivos jurídicos para defender que los condenados no
cumplan con la justicia
El Gobierno también conmutó la pena de cárcel al empresario Víctor
Manuel Lorenzo Acuña, ex militante de UDC, ex cuñado del congresista de
CiU Josep Sánchez Llibre y que fue al que se le otorgaron los contratos,
a través de las empresas Gestumer y Socesca, en los que participó
Servitje resultando beneficiado económicamente.
Lorenzo Acuña fue condenado a dos años y tres meses de prisión. Como Servitje, solo deberá abonar 3.600 euros de sanción --Real Decreto 413/2012, de 17 de febrero, por el que se indulta a don Víctor Manuel Lorenzo Acuña--.
"ESTÁ REALMENTE JUSTIFICADA LA PERCEPCIÓN CIUDADANA"
La Unión Progresista de Fiscales envió un comunidado mostrando su sorpresa y rechazo a la decisión del Gobierno:
"Si ya la decisión del anterior Gobierno de indultar al banquero Alfredo Sáenz, generó una considerable inquietud en quienes defendemos, con hechos y no sólo con palabras, que la Justicia debe ser igual para todos, [este indulto] supone la confirmación definitiva de que está realmente justificada la percepción ciudadana de que existen diferentes varas de medir".
La asociación calificó de "intolerable" que "gobiernos de diferente
color político manifiesten verbalmente su voluntad de combatir la
corrupción y demuestren con sus decisiones que esa expresión de voluntad
es meramente retórica".
Según los fiscales progresistas, "a la hora de la verdad, incluso con
una sentencia condenatoria firme", quedan impunes "las conductas de
apropiación o distracción de fondos públicos, realizadas por personas
vinculadas al poder político y/o económico".
La reacción de los partidos políticos en el Parlament fue desigual y los que más protestaron enérgicamente son los que tienen menos representatividad en la Cámara autonómica.
Así, ICV-EUiA, a través de su portavoz y congresista, Laia Ortiz,
valoró como escandaloso e indignante la decisión del Gobierno y, en la
misma línea que los fiscales progresistas, señaló que el mensaje a la
ciudadanía es claro: la "corrupción puede quedar impune".
EXPLICACIONES A ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO
Por su parte, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos y diputado
autonómico, consideró que el indulto es un "escándalo" y una
"vergüenza". Y apuntó a que esto podría ser la letra pequeña del acuerdo
entre CiU y PP, tanto en el Parlament como en el Congreso:
"¿Es normal que cuando el tercer problema para los españoles sea la política y la corrupción el señor Rajoy indulte a políticos corruptos? [...] La señora Sánchez-Camacho y los señores Mas y Duran i Lleida han de dar una explicación. [...] Es un mal día para la democracia porque los pactos a que llegan CiU y PP son pactos para salvar a los corruptos de sus partidos. Los que meten la mano en el bolsillo de los catalanes se marchan indultados como auténticos patriotas".
Finalmente, el diputado autonómico de Solidaritat Uriel Bertran criticó desde la tribuna del Parlament que,
desde su punto de vista, CiU, el Gobierno autonómico y el líder de UDC,
Josep Antoni Duran i Lleida, están utilizando su influencia en Madrid
"no para hacer traspasos sino para indultar a ladrones y corruptos.
[...] Para indultar a ladrones que deberían estar entre rejas".
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