Hace pocas semanas, el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, se jactaba en una entrevista del aumento de expedientes de
suspensión y de reducción de jornada (aquellos en los que, en lugar de
despedir a los trabajadores, las empresas reducen su jornada o la
suspenden durante un tiempo para luego readmitirlos) respecto a los
tradicionales expedientes de extinción de contratos (la estadística
muestra, no obstante, que la destrucción de empleo hace que crezcan
todos los tipos de ERE). Pues bien, los Presupuestos Generales para 2013
contienen una medida que perjudica directamente a los trabajadores
involucrados en expedientes de suspensión o reducción de jornada, ya que
no podrán recuperar la parte de su prestación por desempleo que
consuman mientras su empresa lleva a cabo el expediente.
Hasta ahora, durante la vigencia del ERE de suspensión o reducción, los
trabajadores cobraban una parte proporcional de su prestación por
desempleo en función de la reducción de jornada que aplicaba la empresa,
o bien la cobraba durante los meses en los que su contrato quedaba en
suspenso. Una vez que volvían a su jornada ordinaria, se les reponía esa
prestación que habían consumido (con un máximo de 180 días) para no
perjudicarles.
Por ejemplo, si un trabajador ha
tenido suspendido su contrato durante dos meses en los que ha cobrado la
prestación por paro que le correspondía, una vez que vuelve a su puesto
de trabajo el Servicio Público de Empleo le 'devolvia' esos dos meses
de prestación por desempleo. De esta forma, si esa persona quedaba en el
paro definitivamente podría percibir la prestación íntegra que hubiera
generado, sin la merma del tiempo que duró el ERE de su empresa.
Desde enero de 2013 ya no será así, y los trabajadores cuyas empresas
hagan expedientes de suspensión o de reducción de jornada no podrán
recuperar la parte de prestación de paro que hayan consumido durante los
mismos.
Esta era un medida dirigida
a facilitar que las empresas hicieran este tipo de expedientes de
regulación, en lugar de ERE de extinción de contratos que implican miles
de despidos, al mismo tiempo que los trabajadores conservaban su
derecho a la prestación. Fue además producto del diálogo social entre el
Gobierno, los sindicatos y la patronal.
eldiarios.es.
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