El Instituto Nóos, sin ánimo de lucro, propiedad hasta mediados de 2006 de Iñaki Urdangarin, duque de Palma, y del empresario Diego Torres, ingresó en una cuenta corriente de La Caixa casi nueve millones de euros entre marzo de 2004 y julio de 2007. Durante ese periodo de tiempo, el yerno del Rey y su socio lograron la mayoría de los contratos del Instituto Nóos, todos a dedo y sin concurso. Los más cuantiosos procedían de Administraciones públicas que contrataban a Nóos para organizar eventos sobre turismo y deporte donde participaban expertos y famosos.
Desde esa cuenta corriente de La Caixa, abierta a nombre del instituto sin ánimo de lucro Nóos y donde las únicas personas autorizadas eran Urdangarin y Torres, salió la mayor parte de los nueve millones de euros hacia siete sociedades privadas, todas ellas con ánimo de lucro y todas ellas propiedad del duque de Palma, de su socio o de ambos.
El análisis de esa cuenta corriente y de otras 39 cuentas correspondientes a seis entidades bancarias —todas a nombre de alguna de las empresas de la trama Nóos— ha llevado a la policía a concluir que Urdangarin y Torres, junto a sus esposas, recibieron directamente tres millones de euros del Instituto Nóos, que a su vez lograba la mayor parte del dinero de Gobiernos autónomos que adjudicaban contratos al duque de Palma y a su socio sin concurso previo, como sería habitual al tratarse de Administraciones públicas.
La mejor parte de ese reparto de dinero se la llevaron Torres y su esposa, con 1,9 millones de euros, y el resto (1,1 millones) fue para el duque de Palma y para su mujer, la infanta Cristina —solo consta una transferencia a favor de la infanta de 12.671 euros y otra transferencia a su nombre y el de su esposo de 34.565 euros—. En el dinero recibido por Urdangarin y su esposa, el informe policial incluye las cantidades que fueron desde el Instituto Nóos a la empresa Aizoon, cuya propiedad comparten al 50% el yerno y la hija del Rey. La esposa de Torres está imputada mientras que la infanta Cristina, pese a la petición del denominado sindicato Manos Limpias, sigue fuera de la causa al entender el juez que no hay pruebas suficientes de la implicación de la hija del Rey en los negocios de su marido.
El juez que instruye el caso Nóos y el fiscal Anticorrupción que impulsa la investigación han sostenido en distintos escritos a lo largo de los últimos meses que el instituto sin ánimo de lucro Nóos era en realidad una tapadera con apariencia de ONG de la que Torres y Urdangarin se aprovechaban para hacer negocios lucrativos organizando para los Gobiernos autónomos de la Comunidad Valenciana y de Baleares eventos con tarifas muy elevadas, que suponían hasta el doble o el triple del precio real del servicio realizado.
Lo que en principio se planteaba como un proyecto casi benéfico organizado por un instituto sin ánimo de lucro para promocionar el turismo y el deporte de esas autonomías se convertía así en un negocio muy lucrativo para media docena de empresas privadas del duque de Palma y de su socio, Diego Torres.
Cuando el Instituto Nóos intentó justificar sus gastos a requerimiento del juez, presentó facturas correspondientes a servicios distintos de los contratados por la Comunidad Valenciana y por Baleares y que, además, en ningún caso sumaban el dinero por el que habían logrado el contrato.
Estas irregularidades y otras muchas destapadas durante la investigación llevaron al juez a imputar a Urdangarin y a su socio por los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude a la Administración.
El fiscal anticorrupción pedirá que se juzgue al duque de Palma y a Diego Torres y exigirá para ellos una fianza de responsabilidad civil de varios millones de euros por el daño causado al erario, según fuentes próximas a la investigación.
El análisis policial de las 40 cuentas corrientes que tenía la trama empresarial de Urdangarin y Torres no ha podido averiguar a quién fue a parar la cantidad de 2,5 millones de euros correspondientes a uso de tarjetas de crédito, pagarés, recibos, transferencias y cheques cuyo “destinatario final no ha podido ser acreditado”.
En el resumen final del informe sobre las cuentas corrientes de la trama Nóos incorporado al sumario, el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía destaca también las transferencias de dinero a una cuenta en Luxemburgo por 712.000 euros. La instrucción todavía no ha acumulado suficientes pruebas para atribuir a Urdangarin y Torres un delito fiscal y otro de blanqueo de capitales, pese a encontrar algunas transferencias de dinero a una cuenta en Suiza por parte de una empresa con sede en Valencia que contrató los servicios de asesoramiento del duque de Palma. Sin embargo, la cantidad ingresada en esa cuenta está por debajo del tope mínimo para considerarlo delito fiscal.
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