El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Juan Márquez, imputado dentro de la causa por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado este martes durante su comparecencia judicial que, durante dos mudanzas de la Dirección General dentro del edificio de la Consejería de Empleo, "unos expedientes se mandaron a los servicios centrales y otros se destruyeron".
Durante su declaración ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que se prolonga ya por espacio de más de seis horas, el imputado ha desvelado que, durante sendas mudanzas realizadas a finales de 2008 y en 2009, algunos expedientes se "destruyeron", aunque no ha sabido concretar de qué expedientes se trata ni con qué criterio se mandaron destruir.
Asimismo, ha señalado que no comprobaba si las solicitudes de ayudas eran correctas "porque le daba presunción de veracidad", así como ha admitido haber concedido ayudas sociolabores cuando era consciente de que iban destinadas a empresas, un criterio que decidieron entre él mismo y el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández.
Al hilo de ello, el imputado ha puesto de manifiesto, en relación a las ayudas directas a empresas, que "no tuvo en cuenta la legislación europea porque no la conocía", según han informado a los periodistas abogados presentes en la comparecencia, que aún no ha finalizado y que prosigue con las preguntas de la magistrada.
La juez ha hecho constar en el acta de la declaración que, tras preguntarle "en cinco o seis ocasiones" sobre si las ayudas se publicaban en el BOJA, el imputado ha respondido "con evasivas". La magistrada ha realizado ya unas 50 de las 90 preguntas que tiene previsto hacer al exalto cargo.
Agencias.
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