Después de varios años de denuncias improductivas, el Gobierno ha tenido un gesto de piedad y justicia con los padres de niños robados en España. Sorprende la diligencia del Gobierno anterior en asuntos menos graves y la frialdad de las autoridades con un problema tan serio como el robo de 1.500 bebés en España. Un hecho que no ocurrió sólo durante la dictadura; se prolongó hasta épocas muy recientes, con la democracia ya instaurada y la Constitución aprobada y en vigor.
No se conoce bien la trama o las tramas, pero se cree que hasta los años 90 se han producido estos abusos inhumanos, en los que al parecer han participado laicos y religiosos. Como la justicia es lenta, a pesar de las muchas demandas presentadas y las más de mil diligencias abiertas, sólo hay una imputada; una monja de avanzada edad a la que varios testigos describen como persona de extrema frialdad y de descarnada severidad moral. Los fundamentalismos religiosos tienen estas cosas.
El padre adoptivo de la bebé robada en 1982 ha asegurado al juez que cuando la religiosa le entregó a la niña, le explicó que la madre biológica era una chica joven que no tenía medios y que no podía atender a su hija, por lo que había decidido darla en adopción. Por el contrario, la madre biológica ha declarado que la monja le dijo que le iba a quitar al bebé por adúltera y que además la amenazó con quedarse con otra de sus hijas si la denunciaba. La severidad moral no era gratis. El hombre pagó 100.000 pesetas por la niña.
El tiempo no ablandó la dureza de la religiosa. Cuando la niña tuvo 15 años y quiso conocer a su madre, la monja le dijo que podría estar metida en drogas, o ser una prostituta, y que probablemente no querría saber nada de ella. Sor María se negó en redondo a los requerimientos de la niña robada y su padre adoptivo. Finalmente, madre e hija se encontraron hace año y medio gracias a un análisis de ADN. Ahora el Gobierno creará un banco de datos para acelerar la identificación de padres e hijos y pondrá en marcha una unidad en la Fiscalía para que se ocupe de todos estos casos. Ya era hora.
No es un caso aislado. Debe haber clínicas, médicos, enfermeras, administrativos, personal de registros con responsabilidades varias, por acción u omisión. A pesar de las evidencias, sor María lo niega todo. Y, claro está, no pide perdón. Sostiene que ha dedicado toda su vida a ayudar a los más necesitados, de forma desinteresada, llevada por sus profundas convicciones religiosas.
Sería deseable que la jerarquía eclesiástica dijese algo a la perpleja parroquia nacional. La Iglesia no acepta otro control de la natalidad que la abstinencia. Este trato inhumano con quienes han seguido esos designios debería tener una condena firme, expresa, rotunda. Lo contrario sería de una profunda hipocresía moral.
No se conoce bien la trama o las tramas, pero se cree que hasta los años 90 se han producido estos abusos inhumanos, en los que al parecer han participado laicos y religiosos. Como la justicia es lenta, a pesar de las muchas demandas presentadas y las más de mil diligencias abiertas, sólo hay una imputada; una monja de avanzada edad a la que varios testigos describen como persona de extrema frialdad y de descarnada severidad moral. Los fundamentalismos religiosos tienen estas cosas.
El padre adoptivo de la bebé robada en 1982 ha asegurado al juez que cuando la religiosa le entregó a la niña, le explicó que la madre biológica era una chica joven que no tenía medios y que no podía atender a su hija, por lo que había decidido darla en adopción. Por el contrario, la madre biológica ha declarado que la monja le dijo que le iba a quitar al bebé por adúltera y que además la amenazó con quedarse con otra de sus hijas si la denunciaba. La severidad moral no era gratis. El hombre pagó 100.000 pesetas por la niña.
El tiempo no ablandó la dureza de la religiosa. Cuando la niña tuvo 15 años y quiso conocer a su madre, la monja le dijo que podría estar metida en drogas, o ser una prostituta, y que probablemente no querría saber nada de ella. Sor María se negó en redondo a los requerimientos de la niña robada y su padre adoptivo. Finalmente, madre e hija se encontraron hace año y medio gracias a un análisis de ADN. Ahora el Gobierno creará un banco de datos para acelerar la identificación de padres e hijos y pondrá en marcha una unidad en la Fiscalía para que se ocupe de todos estos casos. Ya era hora.
No es un caso aislado. Debe haber clínicas, médicos, enfermeras, administrativos, personal de registros con responsabilidades varias, por acción u omisión. A pesar de las evidencias, sor María lo niega todo. Y, claro está, no pide perdón. Sostiene que ha dedicado toda su vida a ayudar a los más necesitados, de forma desinteresada, llevada por sus profundas convicciones religiosas.
Sería deseable que la jerarquía eclesiástica dijese algo a la perpleja parroquia nacional. La Iglesia no acepta otro control de la natalidad que la abstinencia. Este trato inhumano con quienes han seguido esos designios debería tener una condena firme, expresa, rotunda. Lo contrario sería de una profunda hipocresía moral.
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