CCOO acusa al PP de provocar la amortización "por omisión" al no secundar una moción de censura contra el alcalde, Jorge Romero · Las centrales coinciden en que pedirán la nulidad del procedimiento.
Los sindicatos con representación en el comité de empresa del Ayuntamiento de Los Barrios consideran que han perdido una batalla, pero no la guerra. Siguiendo con el símil, las cuatro centrales (UGT, CCOO, CSIF y CGT) esperan combatir sin tregua la amortización de plazas aprobada el lunes tras la validación del presupuesto municipal para 2012 que supondrá el despido, en cuestión de unas tres semanas, de 178 personas.
Las cuatro centrales confían en que los despidos que efectuará el gobierno municipal andalucista que encabeza Jorge Romero serán declarados nulos por los tribunales y ya preparan los procedimientos que emprenderán una vez que se produzcan las rescisiones laborales. Aunque la duda razonable que cunde entre los trabajadores pasa por saber cuándo. De hecho, aún no se han juzgado los producidos tras la disolución de las empresas municipales el pasado verano.
Desde el Ayuntamiento, el alcalde dijo comprender la respuesta de la plantilla. "Era lo normal, nosotros defenderemos la legalidad de las actuaciones y seguiremos trabajando en la misma línea, además es lógico que denuncien si creen que se les ha mermado sus derechos laborales", comentó.
Para el secretario comarcal de la UGT, Ángel Serrano, la decisión del alcalde es incomprensible. "Nos estamos deshumanizando, puesto que se van a ir 200 familias a la miseria, enfatizó Serrano en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. Serrano dijo no perder la esperanza de retomar la situación y confió en que se pueda poner "un poco de cordura antes del día 1". Desde el comité de empresa barreño, los delegados de la UGT ya anunciaron el mismo lunes que llevarán su caso a los tribunales.
Inmaculada Ortega, secretaria comarcal de Comisiones Obreras, valoró el futuro despido de los empleados públicos como una noticia muy negativa para la economía local y el clima social en la localidad. "Trabajaremos por la readmisión judicial. Es más, ofrecemos la asesoría de la Federación Estatal ya que el caso de Los Barrios puede sentar un peligroso precedente para otros municipios", dijo Ortega, quien defendió que la herramienta para regularizar la plantilla era la Relación de Puestos de Trabajo. "No creo que el Ayuntamiento esté sobredimensionado. Era necesario equilibrar los departamentos. Romero pasará a la historia como un nefasto gobernante para el municipio", comentó.
Desde la sección sindical del Ayuntamiento, además, censuraron la actitud del PP de no apoyar la moción de censura y haber dado pie "por omisión" a la aprobación del presupuesto. Siguiendo con los símiles, en este caso uno bíblico: compararon la actitud del Partido Popular con la de Poncio Pilatos. Todo ello con dudas en torno a la posibilidad de una prestación eficiente de los servicios públicos municipales.
El sindicato CSIF tiene un representante en el comité de empresa y será despedido. El secretario comarcal de esta central, Raimundo Pérez, lamentó que la negociación no diera sus frutos y explicó que reclamarán al Ayuntamiento como paso previo a cursar una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), competente en la materia, según Pérez. "Ya estamos estudiando si la actuación del Ayuntamiento se ajusta al marco normativo. Es la vía que le queda a los trabajadores", dijo.
En la CGT, cuarto sindicato con representación en el comité de empresa y que también la perderá por completo (al igual que CSIF), Luis Gallardo también miró hacia el PP y acusó a esta formación de haber alentado unas esperanzas que al final no se han materializado. "Nos hemos sentido traicionados por Jorge Romero. En una comparecencia hacia nuestros afiliados antes de las elecciones manifestó que los trabajadores que se limitaran a trabajar no iban a tener ningún problema y si tuviera que despedir por no poder sostener toda la plantilla haría un ERTE, una rotación de los empleados afectados u otros mecanismos.".
El Partido Popular también abundó el lunes en la posibilidad de que los tribunales obliguen a dar marcha atrás al considerar que el procedimiento seguido está al margen de la ley laboral. "Tenemos el reciente ejemplo de la sanción impuesta por el cierre ilegal de las empresas municipales y muchos nos tememos que va a volver a ocurrir dentro de unos años con este despido masivo de 178 trabajadores", alertaron.
Una de las consecuencias se encuentra en la propia composición del comité de empresa. Además del hecho de que varios delegados serán despedidos, el número de integrantes, 13, se corresponde con la representatividad prevista para empresas con más de 250 trabajadores. Como el número de personal laboral fijo se quedará en 87, será necesario convocar unas nuevas elecciones para acabar con el desajuste que provocará la amortización de plazas.
Nota ledia en europasur.
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