La supresión de la democracia .

Todos los cambios legislativos tienen su incidencia, sobre todo, a medio y largo plazo. En un primer momento pueden no percibirse sus consecuencias, pero las políticas legislativas que el PP está aplicando van entrelazando con nudos de hierro sus objetivos políticos, económicos y especialmente ideológicos.

El Partido Popular está acabando así con todo atisbo y aun memoria de lo común, de lo que son servicios públicos, interés general, beneficio social, democracia participativa, bienes comunes, solidaridad, solidaridad intergeneracional, etc. Está legislando contra todo lo colectivo, privatizando y desmantelando lo social y cuestionando las bases de la democracia y el Estado Social.

Un ejemplo claro es su pretensión de modificar la Ley de Bases de Régimen Local. Suprimen con esta reforma las juntas vecinales que rigen miles de pueblos desde la Edad Media, con la excusa de la crisis. Suprime también mancomunidades, pedanías, concejos, parroquias y aquellas formas de organización comunal menores que son, si acaso, el ejemplo de municipalismo democrático más directo en nuestro país y muestra de cómo muchos políticos y políticas trabajan de forma totalmente altruista en beneficio de sus comunidades.

Esta modificación no sólo reduce y merma aún más la democracia más participativa y cercana a la ciudadanía, sino que despoja de decisión política a los pequeños municipios en beneficio de las diputaciones provinciales, cuyos integrantes no son de elección directa y que es proclive a acabar siendo un espacio de reparto de poder según los colores políticos.

Eso sí, la gestión de los importantes bienes comunales de las juntas pasan con esta reforma a entes en muchos casos “intervenidos”, que podrán utilizar estos bienes comunes para cubrir sus deudas: eras, pastos, cotos de caza, leña, fuentes, montes, etc., que han sido mantenidos y cuidados con el esfuerzo mancomunado y solidario de los vecinos y vecinas. Además los alcaldes y alcaldesas pedáneos no cobran y las juntas vecinales hacen una gran labor para dirimir las pequeñas dificultades existentes entre los vecinos y vecinas de sus localidades. Está claro que la supresión de las juntas vecinales no tiene ninguna finalidad de ahorro. Lo que se reduce es la democracia y participación ciudadana.

De hecho esta reforma no sólo no establece una ley de financiación de la Administración local para llevar a cabo sus competencias, sino que, en sentido contrario, limita la capacidad política y de gestión al municipalismo español. Los municipios de menos de 20.000 habitantes pueden verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las comunidades autónomas, relegando al mundo municipal a un papel residual, alejando la política de la ciudadanía y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aún más, si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.

Se constata claramente que la intención del PP es poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima expresión, llegando al extremo de exigir a cualquier ayuntamiento, que para realizar una actividad económica es necesario que realice un estudio de mercado con objeto de que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir, si la actividad que se pretende realizar desde el Ayuntamiento, se ejerce desde el ámbito privado no es necesaria la actividad pública. Por ejemplo, si hay empresas que oferten formación ocupacional el Ayuntamiento no podría ofrecer este servicio formativo desde lo público. Y si unimos a esta posibilidad, la propuesta del PP, de que solo la educación obligatoria sea gratuita, vayan ustedes atando cabos y viendo lo que nos espera. Toda una declaración de intenciones y de intereses elevada al rango de ley.

Desaparece incluso cualquier referencia expresa a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto; se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda entre otras. Asimismo se elimina la posibilidad de la actual Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos puedan realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas en función de las necesidades humanas y vecinales de empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil etc. Lo cual implica la desaparición de las actuales estructuras estables de gestión en estas materias, ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.

Por el contrario, lo que refuerza es el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, con un alto coste económico, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles una vez que existen las CCAA, ya que en este momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican. Se les refuerza en detrimento de las mancomunidades, que son consorcios constituidos voluntariamente por pequeños municipios geográficamente vecinos que se agrupan para dotarse de servicios que a cada uno por separado le costaría tener. No puede ser creíble el discurso del PP contra las supuestas duplicidades administrativas y que se opte por reforzar las diputaciones provinciales, salvo que el objetivo final no sea otro que debilitar los municipios.

Pero lo más grave es que no se realiza ninguna mención a la financiación necesaria para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria por encima de todo, no mencionando ni una sola vez a la ciudadanía y sus derechos y no abordando la insuficiencia financiera local. Bien al contrario, se establece la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios: o se cierran o se privatizan o se intervienen. Filosofía de gestión del PP elevada a rango de ley.

En la misma dirección camina el recorte del Ejecutivo, modificando la Ley de Régimen Electoral, que elimina un tercio el número de concejales existentes, con la excusa de nuevo del ahorro. Lo sorprendente es que el 90% de los alcaldes y concejales de España, que gobiernan los más de 7.700 municipios de menos de 20.000 habitantes, no tienen sueldo. Lo que sí es evidente es que un menor número de concejales favorece en el reparto a los partidos grandes y margina a las formaciones pequeñas. Es decir, afianza el bipartidismo. Se comprueba que el PP no cree en la democracia.

Por eso nos oponemos a estas reformas. Porque no sólo son nefastas para la democracia, sino también para los intereses de la ciudadanía que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social, de atención a los dependientes, etc… servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer.

Estamos ante una contrarreforma que supone un paso más en el objetivo del PP de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo público. Quieren acabar con el valor y concepto del beneficio social y que solo exista hasta en nuestra memoria, el concepto de beneficio económico.