El 90% de los médicos atenderán a los “sin papeles” a pesar de la prohibición.

Los médicos de familia no están dispuestos a actuar de espaldas a su código deontológico aunque eso suponga transgredir la nueva legislación del Ministerio de Sanidad, que recoge que a partir del 1 de septiembre los inmigrantes ilegales dejarán de tener asistencia sanitaria salvo que la paguen. Según las primeras estimaciones y a falta de un registro oficial, nueve de cada diez facultativos harán caso omiso a esta directriz, según mantiene José Antonio Prados, vicepresidente andaluz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). Este colectivo ha creado un sitio web en el que los profesionales que quieran puedan dar su identidad y dejar constancia de que atenderán a todas las personas que se acerquen a su consulta, sea cual sea su realidad social.

El Real Decreto 16/2012 refleja que los sin papeles quedarán excluidos de la atención sanitaria salvo en los casos de urgencia y con la excepción de las embarazadas y los niños. Para que estas personas pueden seguir sentándose delante del médico se prevén los llamados convenios especiales, una especie de pólizas que fijan un pago de 710 euros al año para mantener la asistencia sanitaria en la red pública. Los mayores de 65 años tendrían que abonar hasta 1.800 euros, una cifra “impracticable” para esa población “vulnerable”, según la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. En la misma línea se pronuncia el secretario general de la Semfyc, Salvador Tranche, quien considera que la medida del Gobierno de Rajoy “es mala porque este colectivo está en exclusión social y económica, y no puede hacer frente al pago”.

En España, y a fecha del 8 de agosto, la Semfyc tenía registrado 903 médicos objetores de conciencia. Por comunidades autónomas, Madrid ocupa la primera posición con 266 facultativos en contra del Real Decreto, seguida de Cataluña, con 175; Andalucía, con 96; Galicia, con 89; Aragón, con 86; Valencia y Baleares, con 77; Castilla y León, con 76; País Vasco, con 47, y Cantabria, con 45. Entre las comunidades con menos profesionales que se han acogido a este derecho se encuentran Asturias, con 36; Navarra, con 32; Murcia, con 30; Canarias, con 29; La Rioja, con seis, y Melilla, con tres.