Solo la Administración central del Estado gastará este año casi 1,5 millones de euros en el combustible de todos los coches oficiales que utilizan los ministros y altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, así como otros organismos con derecho a vehículo oficial como el Congreso y el Senado, la Casa Real o el Tribunal Constitucional, entre otros. La cifra, que excluye a la flota propia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos (se calcula que en España hay unos 35.000 coches oficiales), se ha reducido, sin embargo, un 32% en 2012. Síntoma de que los recortes y las recetas de austeridad han empezado a hacer mella también en los privilegios de los políticos.
El número total de automóviles que componen la flota de coches oficiales del Estado es, quizá, uno de los secretos mejor guardados de la Administración. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el Cuerpo, denunció el pasado mes de abril que cada ministro tiene a su disposición hasta cinco vehículos para garantizar que siempre haya uno en caso de que otro coche tenga que ser reparado, limpiado o trasladado de ciudad.
La cantidad de coches, por ello, puede llegar a ser mastodóntica si se tiene en cuenta que la flota cubre, solo en el ámbito del Gobierno, al presidente, los ministros y secretarios de Estado; a los subsecretarios y secretarios generales de cada Ministerio, así como a los Directores generales y secretarios generales técnicos, delegados y subdelegados de Gobierno y cualquier otro cargo de la Administración o de los organismos públicos que tengan la condición de alto cargo o rango asimilado. Todos ellos, y su respectiva flota de vehículos, consumirán en este año 1.427.800 euros en combustible, IVA incluido.
Adjudicado a Cepsa
El Parque Móvil del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha vuelto a confiar los servicios de combustible a Cepsa, adjudicataria de este contrato desde hace años, aunque ahora a un importe mucho más bajo. De 2008 a 2011, el presupuesto de la licitación había permanecido invariable en los 2.100.000 euros anuales.
Según explica el pliego de la licitación, el suministro de combustible se efectúa a través de tarjetas de crédito de la propia Cepsa que permiten a los conductores repostar los vehículos en las estaciones de servicio de su red o en los surtidores situados dentro del edificio central del Parque Móvil del Estado, en la madrileña calle Cea Bermúdez. Cepsa también se compromete a facilitar al Parque Móvil del Estado tarjetas de peaje para atender los desplazamientos por autopista, que se facturan por separado, así como ofrecer un Servicio de Asistencia Técnica en Carretera, con cobertura en España y Baleares.
Cepsa cuenta también con una gasolinera de referencia sobre la que establece los precios que aplica a los vehículos oficiales de forma uniforme en toda su red de estaciones. Con carácter mensual, se envía una factura por vehículo con los repostados efectuados en el mes de la facturación. Un desglose que permite conocer, por tanto, el kilometraje efectuado por cada miembro del Gobierno o cada alto cargo, en función de la matrícula y vehículo que tenga asignado.
El recorte en el presupuesto de combustible acarrea también un recorte en el número de vehículos oficiales actualmente en funcionamiento. El último organismo que ha aplicado más austeridad en esta partida es el del Defensor del Pueblo. Su titular, Soledad Becerril, anunció nada más tomar posesión de su cargo, en julio, que reducía a la mitad, de 6 a 3, el número de coches oficiales de la institución.
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