Las primeras semanas de Enero 2012 han servido para despejar cualquier ilusión sobre la capacidad de los gobiernos europeos de hacer frente de forma efectiva a la crisis de la deuda. El viernes 13 de Enero la agencia calificadora de riesgo, Standard & Poors, en una acción sin precedentes redujo la calificación de la deuda soberana de 9 países europeos. Los principales afectados por dicha medida fueron Francia, quien perdió el máximo grado de calificación, y Portugal, cuya deuda ahora es calificada como basura en los mercados internacionales. Tan solo tres días después de esta acción, fue reducida así mismo la calificación del European Financial Stability Facility (EFSF), el fondo común creado con miras a respaldar la capacidad de pago de la deuda pública de países de la zona Euro que enfrenten problemas de financiamiento en los mercados. En cierta forma estos eventos encapsulan las dificultades y serios problemas que deberá enfrentar la moneda común para sobrevivir intacta, es decir con todos sus miembros originales, por un año más.
A pesar de los anuncios realizados tras la cumbre extraordinaria de la Unión Europea en Diciembre del 2011, la espiral derivada del débil o inexistente crecimiento económico, el deterioro de las finanzas públicas y la toma de nuevas medidas de austeridad que agravan el problema inicial de crecimiento se continua fortaleciendo mes a mes. El compromiso central asumido por los países de la zona Euro durante la citada cumbre fue la promesa de incluir en todas las constituciones nacionales una ley de presupuesto balanceado. Dicho tipo de ley obliga al recorte de gastos e incremento de impuestos para mantener un superávit fiscal de carácter estructural de forma permanente. Este mecanismo fue presentado como la solución a todos los problemas de Europa sustentado en dos premisas. La primera, es que los problemas de la periferia europea se derivan del excesivo gasto público y de un sistema de bienestar social fiscalmente insostenible. La segunda, es que al estar incluidas en la constitución y ser respaldas con sanciones por parte de la comunidad europea en caso de incumplimiento, las leyes de presupuesto balanceado ahora obligaran a los países ¨irresponsables¨ a cumplir con las reglas de convivencia común.
El problema radica en que ninguna de las dos premisas es cierta. En cuanto a la primera, una rápida mirada a la evolución de la posición fiscal y deuda pública de la zona euro muestra como en todos los casos, con la posible excepción de Grecia, se presenta una tendencia a la estabilización o caída de dichos indicadores previa a la crisis del 2008. Solamente cuando colapsa el gasto del sector privado, en la medida que los bancos europeos congelaron el acceso al crédito de dicho sector, tiene lugar el ciclo recesivo que indujo al crecimiento de los déficit y de la deuda. Es decir que los problemas de deuda pública que enfrentan los países europeos son un resultado directo del insostenible crecimiento del endeudamiento del sector privado durante los primeros años de existencia de la zona euro.
Dicho argumento abre la puerta para cuestionar la segunda premisa, esto es la capacidad real de las leyes de presupuesto balanceado de contener los déficit y devolver a Europa a la senda del crecimiento. El crecimiento del déficit en el periodo posterior a la crisis es el resultado natural del colapso del crédito y gasto privado. Sin una recuperación de la capacidad de gasto y estabilización de las hojas de balance de dicho sector, no es posible esperar una mejora significativa en los balances públicos. Debido a que el proceso de desapalancamiento del sector privado tomara algunos años, no es posible esperar que este jugara un rol importante en el proceso de recuperación económica. De esta forma en el contexto actual, insistir en la implementación de planes de austeridad aumenta de forma significativa los problemas toda vez que el gasto público es la única fuente estable de demanda agregada. Mas austeridad implica menor crecimiento y por ende menos ingresos para pagar la deuda. Esta secuencia poco o nada tiene que ver con la capacidad del tribunal supremo europeo de imponer multas a gobiernos incapaces de cumplir con metas fiscales que ignoran los efectos de la austeridad sobre la evolución de los balances financieros sectoriales. De hecho, las multas incluidas en el nuevo pacto fiscal solo agravan el panorama general ya que debilitarían aun más la insuficiente capacidad de gasto de los países en problemas.
En este sentido, las recientes reducciones de la calificación de riesgo otorgan aun mas poder al país que más ha insistido en la validez e importancia de la implementación de leyes de presupuesto balanceado: Alemania. Al mantener la máxima calificación de riesgo de dicho país y reducir la de Francia, S&P ha validado la retórica de virtud fiscal predicada por las principales autoridades alemanas. Según estas, si todos los países de la periferia europea siguieran el ejemplo alemán de rectitud fiscal, salarios controlados y alta competitividad internacional la zona euro no estaría enfrentando las dificultades actuales. Sin embargo, como en el caso de las premisas este es un argumento completamente vacío. Los crecientes superávit externos y mejora de la posición internacional de inversión alemanes a lo largo de la década son la otra cara de la moneda de los déficit externos y acumulación de deuda de la periferia europea: las virtudes que predica Alemania no hubieran podido darse sin los vicios que ahora le atribuye de forma arrogante al resto de sus contrapartes europeas.
El principal peligro que enfrenta Europa en el presente año se deriva entonces de la insistencia en una retórica que insiste en dividir al viejo continente a lo largo de las líneas de ciertas virtudes imaginarias que de paso ignoran los principios económicos y políticos mas básicos. Como ya advirtiera hace poco menos de un siglo en su libro ¨Las Consecuencias Económicas de la Paz¨, John Maynard Keynes el forzar a una nación a pagar deudas por encima de su capacidad económica al mismo tiempo que se le niega los mínimos medios de subsistencia a la población es una receta directa para la intensificación de los sentimientos nacionalistas, el rearme y en última instancia la guerra. Aunque es claro que Europa ha recorrido un largo camino desde los oscuros días de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, resulta evidente que no es posible esperar que pueblos y naciones enteras permanezcan inmutables mientras observan a su alrededor el colapso de sus niveles de vida en nombre de la rectitud fiscal. La intensificación e internacionalización de las protestas originadas en España y Grecia, las cuales es de esperar crecerán aun más en el 2012, son una clara muestra de ello.
En este sentido no todo son malas noticias en Europa. Mientras las autoridades económicas insisten en arrastrar al continente hacia un desastre económico, los movimientos sociales han incrementado su coordinación para buscar alternativas frente a la crisis. A lo largo del último semestre han sido formados o están en vía de constitución comités de auditoría de la deuda en Grecia, Francia, Portugal, España, Italia, Irlanda y Bélgica. El objetivo inmediato de dichas iniciativas es abrir el debate público respecto a la legitimidad de la agenda económica europea que predica recortes de los presupuestos públicos en el orden de los miles de millones de euros al mismo tiempo que entrega cuantías similares de recursos a los bancos responsables en primera instancia de la crisis sin ningún tipo de control público. Sin embargo la verdadera meta de estas iniciativas es lograr un manejo claro y transparente de las finanzas públicas en la zona euro que permita cancelar aquellas deudas de carácter ilegal o ilegitimo que han sido asumidas por los gobiernos europeos a lo largo de los últimos años. De la capacidad de los movimientos sociales de promover una salida de carácter social y progresista de la actual situación depende en gran medida la posibilidad de evitar una crisis similar a la experimentada en 2008.
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