jueves, 9 de febrero de 2012

Armas españolas contra la primavera árabe.

Jordi Calvo Rufanges


El informe de comercio de armamento del Gobierno español del primer semestre de 2011 hace hincapié en la rápida reacción del gobierno ante las revueltas en algunos países árabes y del Norte de África. De este modo, aplicando el criterio 2 (respeto a los derechos humanos en el país de destino) y criterio 3 (situación interna del país de destino, en concreto, existencia de tensiones o conflictos internos) de la Posición Común de la UE, se decidió suspender temporalmente la autorización de exportaciones de material de defensa a los países donde hubiera revueltas, aunque no las de productos y tecnologías de doble uso.

Sin embargo, durante el primer semestre de 2011 se vendieron armas que podrían ser utilizadas para reprimir revueltas a países donde éstas se estaban produciendo.
Es el caso de la venta de municiones españolas a Bahréin por 6.350.515 euros, justo en el momento en que el Ejército local reprimía las protestas de la mayoría chií con el apoyo de Arabia Saudí.
Otro país protagonista de las revueltas árabes es Omán, a quien España exportó 440.000 euros en municiones y 2.571.420 en bombas, torpedos, cohetes o misiles en un período en que el sultán Qabús desplegó el Ejército en Sohar, Muscat y la frontera con Emiratos Árabes Unidos en previsión de nuevos disturbios. Por otra parte, en un periodo de contagio de las revueltas árabes y cuando la policía reprimía a tiros una protesta chií en Arabia Saudí, España vendió al régimen saudí 3.530.810 euros en municiones.
Sobre las ventas militares a Egipto, tampoco se clarifica por qué se autorizó la venta de 78.576.92, prácticamente todo en aeronaves militares ni por qué fue realizada la venta de vehículos militares por un valor de 1.095.885 euros.
En lo que respecta a Marruecos, al tiempo que reprimía violentamente las revueltas que demandaban más democracia, España autorizó la venta de 226.950 euros en bombas, torpedos, cohetes y misiles y realizó la venta de aeronaves militares por un montante 1.529.476 euros.
La reacción del Gobierno español en la plicación de su propia normativa de no vender amras que puedan ser utilizadas para alimentar conflictos o reprimir a la población civil fue insuficiente. Ahora sabemos que España es en parte responsable de la represión con violencia armada realizada en algunos de los lugares protagonistas de la primavera árabe.
Jordi Calvo Rufanges es economista e investigador sobre movimientos sociales, cultura de paz y armamentismo.Miembro e investigador del Centro Delás de Estudios por la Paz de Justícia i Pau, del CEMS (UPF de Barcelona) y del IUDESP (UJI de Castelló).

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