La supresión de la democracia .

Todos los cambios legislativos tienen su incidencia, sobre todo, a medio y largo plazo. En un primer momento pueden no percibirse sus consecuencias, pero las políticas legislativas que el PP está aplicando van entrelazando con nudos de hierro sus objetivos políticos, económicos y especialmente ideológicos.

El Partido Popular está acabando así con todo atisbo y aun memoria de lo común, de lo que son servicios públicos, interés general, beneficio social, democracia participativa, bienes comunes, solidaridad, solidaridad intergeneracional, etc. Está legislando contra todo lo colectivo, privatizando y desmantelando lo social y cuestionando las bases de la democracia y el Estado Social.

Un ejemplo claro es su pretensión de modificar la Ley de Bases de Régimen Local. Suprimen con esta reforma las juntas vecinales que rigen miles de pueblos desde la Edad Media, con la excusa de la crisis. Suprime también mancomunidades, pedanías, concejos, parroquias y aquellas formas de organización comunal menores que son, si acaso, el ejemplo de municipalismo democrático más directo en nuestro país y muestra de cómo muchos políticos y políticas trabajan de forma totalmente altruista en beneficio de sus comunidades.

Ha viajar bien Solo la Administración del Estado se gasta 1,5 millones en el combustible de los coches oficiales

Solo la Administración central del Estado gastará este año casi 1,5 millones de euros en el combustible de todos los coches oficiales que utilizan los ministros y altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy, así como otros organismos con derecho a vehículo oficial como el Congreso y el Senado, la Casa Real o el Tribunal Constitucional, entre otros. La cifra, que excluye a la flota propia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos (se calcula que en España hay unos 35.000 coches oficiales), se ha reducido, sin embargo, un 32% en 2012. Síntoma de que los recortes y las recetas de austeridad han empezado a hacer mella también en los privilegios de los políticos. 

El número total de automóviles que componen la flota de coches oficiales del Estado es, quizá, uno de los secretos mejor guardados de la Administración. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el  mayoritario en el Cuerpo, denunció el pasado mes de abril que cada ministro tiene a su disposición hasta cinco vehículos para garantizar que siempre haya uno en caso de que otro coche tenga que ser reparado, limpiado o trasladado de ciudad.

La cantidad de coches, por ello, puede llegar a ser mastodóntica si se tiene en cuenta que la flota cubre, solo en el ámbito del Gobierno, al presidente, los ministros y secretarios de Estado; a los subsecretarios y secretarios generales de cada Ministerio, así como a los Directores generales y secretarios generales técnicos, delegados y subdelegados de Gobierno y cualquier otro cargo de la Administración o de los organismos públicos que tengan la condición de alto cargo o rango asimilado. Todos ellos, y su respectiva flota de vehículos, consumirán en este año 1.427.800 euros en combustible, IVA incluido. 

Otra predicando ejemplo,Fátima Báñez, con seis pisos, dos fincas y un solar, también cobra dietas de alojamiento.

Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, tiene una vivienda en Madrid y otros cinco pisos en Huelva, además de dos fincas de secano y un solar en esa misma provincia, de la que es representante en el Congreso por el PP. Pese a que vive en la capital de España desde hace casi una década, Báñez sigue cobrando los 1.823,86 euros mensuales que le paga la Cámara Baja para alojamiento y manutención, supuestamente para ayudarla a sufragar sus gastos de estancia como diputada de fuera de Madrid.

La mayoría de los diputados foráneos con casa en Madrid -como es el caso de la ministra de Empleo- argumentan que, además de su trabajo en el hemiciclo, deben viajar con frecuencia a sus circunscripciones de origen para mantener el contacto con sus electores, y que las dietas de alojamiento y manutención que perciben del Congreso les sirven para cubrir esos gastos. Báñez, sin embargo, sólo se desplaza a Huelva para atender asuntos personales -su familia es dueña del conglomerado empresarial Grupo Báñez García S. L., con intereses en la construcción y la ganadería- o como representante del Gobierno.

Ninguno de los miembros del Ejecutivo que son también diputados -todos salvo Luis de Guindos (Economía), José Manuel García Margallo (Exteriores), Pedro Morenés(Defensa) y José Ignacio Wert (Cultura)- ha renunciado a percibir las dietas que paga el Congreso para alojamiento y manutención: 1823,86 euros para los parlamentarios de fuera de Madrid y 870,56 euros para los de la capital. Esta última cantidad es la que ingresa el propio Mariano Rajoy, pese a que vive con su familia en el palacio de La Moncloa.

Dos “materiales” sobre el SAT y los jornaleros y jornaleras andaluces.

Nota edición: Este editor se siente muy orgulloso de recomendar la lectura de estas dos excelentes aproximaciones a la lucha de los jornaleros andaluces escritas muy desde dentro del combate.

Sus autores:

Fran Sánchez del Pino compartía la coordinación del Consejo Local de Izquierda Unida de la ciudad de Jaén hasta que hace algunos meses tuvo que emigrar a Berlín para buscar trabajo. Licenciado en Filosofía y Letras, ha estado ligado al trabajo del Foro Social de Jaén, el Centro Social Autogestionado "Jaén en pie" y el 15 M de la ciudad hasta su marcha.

Isabel Mateos Valero es portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el Ayuntamiento de Jaén. Ligada al movimiento sindical en el marco educativo y al movimiento vecinal, pertenece, además, a la HOAC de Jaén, un movimiento por la pretensión pública de la fe desde la centralidad y el compromiso del mundo obrero y los desposeídos.

Sobre la llamada de atención del SAT

Fran Sánchez del Pino

Breve contextualización geográfico-social

Andalucía es una de las zonas más empobrecidas de Europa y de las más castigadas como consecuencia de la crisis financiera mundial, de la crisis española en particular y de las medidas de ajuste brutal impuestas por la troika y aplicadas por los dos últimos gobiernos. Con una tasa de desempleo del 34% de la población activa y un 35% de la población (tres millones de personas) viviendo bajo el límite de la pobreza, acumula una serie de cifras que la sitúan entre las primeras del continente de una lista de dudoso orgullo. De entre todos los desempleados, uno de cada dos son parados de larga duración, muchos de los cuales han agotado todas las prestaciones y traducen los datos estadísticos al crudo lenguaje encarnado del sufrimiento cotidiano y huérfano de esperanza, en el que la mera supervivencia se convierte en la más sofisticada de las ambiciones vitales. La situación es especialmente alarmante en las zonas rurales y en determinados barrios de las ciudades, donde se alcanzan tasas de desempleo superiores al 50% y los problemas sociales adoptan un cariz de extremo dramatismo expresado en las cada vez más frecuentes escenas de grupos organizados de gentes rebuscando en la basura y esperando la llegada de camiones a vaciar en el vertedero. 

Carta abierta a Cayo Lara.

Por supuesto, hay más métodos. Pero éste es tan necesario como el que más. Se trata de que, todos unidos, acabemos con el mal que no es otro que el capitalismo. Para ello por supuesto nos hace falta mucha imaginación e inteligencia para hacernos entender y seguir por la sociedad. 

 

Estimado Cayo Lara:

Permíteme tutearte por sentirme compañero tuyo en la condición de conseguir el fin de un mundo mejor y totalmente anticapitalista.

Como estoy seguro tú habrás observado,  nos encontramos escasos en materia de coraje ideológico, del significado moral de valentía en la izquierda real al servicio y disposición de toda la sociedad, nos encontramos corrompidos por tantos años de vivir en capitalismo, como dijo Lenin, una verdadera tragedia social, tal es el punto que incluso algunos políticos tutelados de izquierda sumidos - y quizá atolondrados - en el sopor del veneno propagandístico inyectado a veces en grandes dosis contra valores irrenunciables y de izquierdas sólo son capaces de ejercer como figura ornamental, y así sentirse satisfechos.

 Otros, además de eso, y con la categoría social que les da el tratar cuestiones de interés público, dejan de ejercer verdadera oposición a las cuestiones que nos impone para desgraciarnos la vida este régimen capitalista e inhumano.

Corrompidos por éste régimen y su posmodernidad en lo políticamente correcto, por su debilidad dejan de ser lo que debieran ser en base de su condición de izquierdas, para pasar a ser en base a esta democracia burguesa y lo que su régimen persigue, perpetuando con su comportamiento de cobardía moral e ideológica este régimen capitalista, ignorando que, desde tiempos remotos todas las revoluciones sociales contra la opresión al pueblo han sido iniciadas por hombres valientes mientras otros muchos otros miles se limitaban siempre por miedo a esperar a que esto sucediera, para más tarde superado el miedo inicial acabar uniéndose a la verdadera revolución social.

Demostracion de que si se quiere se puede, el pueblo unido jamas sera vencido.

POR UNA ANDALUCIA LIBRE, POR SI, LOS PUEBLOS Y PARA LA HUMANIDAD.

POR UNA ANDALUCIA LIBRE, POR SI, LOS PUEBLOS Y PARA LA HUMANIDAD.

 

Casi el 35% de paro, más de un millón de familias donde sus miembros están todos en desempleo, y un millón setecientas mil personas que está en la más absoluta de las miserias… Esta es nuestra Andalucía, la cara más triste de España, la de los chulos a caballo terratenientuchos y explotadores, donde su tierra y dueños, no hacen más que recibir buenas subvenciones para que luego esas tierras no se trabajen en la medida que así debiera.

 

El enunciado de esta nota pudiera reflejar de mi esa venita independista, pero no, intento con ello sacar de los andaluces y andaluzas que lean estas palabras, ese orgullo andalusí que siempre nos caracterizó como pueblo.

 

Representamos una cuarta parte de todo el territorio español, lo mismo que en población. Tenemos en diferencia a otras comunidades de la zona norte de nuestro país casi un 20% más de desempleo, más de una treintena de municipios que rebasan del 40% de paro, ciudades de más de cincuenta mil habitantes con más del 30% de paro…

 

La evasión fiscal anual en España maneja cifras escalofriantes. Nada menos que 107.350 millones de dólares algo más de 81.000 millones de euros, al cambio actual, según un reciente estudio de TaxJustice Network, más del doble del ajuste reclamado por las agencias de calificación de riegos a España. Esta cantidad, no es del todo cierta, pues en un texto mucho anterior a este, yo mismo denunciaba la perdida de unos 90.000 millones de euros, cantidad que incluso puede ser muy superior… Si esos 90 mil millones de euros se dividen en el total de la población española, supondrían unos dos mil euros por cada español/a, de la edad que sea…

 

Si a esas 160.000 personas aprox. que hacen negocios superior al millón de euros anuales, le cobrasen en impuestos patrimoniales un 1´7% más, que no es ni un 10% ni un 20% sino un mísero 1´7%, de 160.000.000.000 (cantidad no exacta del todo) aplicándoles ese 1´7% en vez de atacar como se hace con la mediana y pequeña empresa, el estado se haría de unos mas de tres mil millones de euros anuales aprox. Y siempre hay quien hará más del millón de euros de ganancias o incluso como el presidente de Mercadona el cual se hace con 457 millones de euros en ganancias para él. Calculemos el 1´7% a esos 457 millones de euros que ingresa Juan Roig anualmente con su Mercadona. 7.769.000 de euros más debería  dar él y su Mercadona solo a hacienda. Por eso, este calculo anterior de unos tres mil millones, podría incluso triplicarse o más, un dinero que fuese cual fuese exactamente, vendría de perlas al presupuesto del estado.

Sindicato de Gordillo: "Nos dejan sin trabajo y ahora nos quitan el derecho a la queja"

El SAT reprocha al Tribunal Superior andaluz confirmar el veto a la manifestación de jornaleros en Málaga. "La justicia está al lado de los poderosos".

 

"Nos dejan sin trabajo, nos echan de nuestras casas y ahora nos niegan el derecho a la queja". El Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) protesta con estas palabras por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que ha confirmado la prohibición de la marcha que tenían previsto hacer este jueves y viernes los jornaleros en la provincia de Málaga. "Se ha puesto de manifiesto que la justicia está al servicio de los poderosos", destaca el SAT en un comunicado.

El Sindicato del parlamentario andaluz de IU José Manuel Sánchez Gordillo califica la prohibición de la manifestación, realizada por la Subdelegación del Gobierno en Málaga, como "una burla descarada por parte del Gobierno de Rajoy hacia los derechos y libertades fundamentales que consagra la vigente Constitución Española". El sindicato recurrió el 20 de agosto la decisión ante el TSJA para que se invalidará "la arbitraria e injusta prohibición de la marcha", pero el tribunal ha desestimado su reclamación.

Ante esa decisión judicial, el SAT ha pospuesto finalmente la marcha prevista para este jueves y viernes desde el municipio de Antequera a Málaga, aunque considera que la prohibición se basa en "puras excusas y pretextos vanos". Anuncia que llevará a cabo en fechas próximas esta acción, enmarcada en las marchas del SAT en la comunidad autónioma bajo el lema "Andalucía en pie". El Sindicato insiste en que se ha violentado su derecho constitucional "a la libre manifestación de nuestras quejas y a la libre circulación por el territorio nacional".

El 90% de los médicos atenderán a los “sin papeles” a pesar de la prohibición.

Los médicos de familia no están dispuestos a actuar de espaldas a su código deontológico aunque eso suponga transgredir la nueva legislación del Ministerio de Sanidad, que recoge que a partir del 1 de septiembre los inmigrantes ilegales dejarán de tener asistencia sanitaria salvo que la paguen. Según las primeras estimaciones y a falta de un registro oficial, nueve de cada diez facultativos harán caso omiso a esta directriz, según mantiene José Antonio Prados, vicepresidente andaluz de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). Este colectivo ha creado un sitio web en el que los profesionales que quieran puedan dar su identidad y dejar constancia de que atenderán a todas las personas que se acerquen a su consulta, sea cual sea su realidad social.

El Real Decreto 16/2012 refleja que los sin papeles quedarán excluidos de la atención sanitaria salvo en los casos de urgencia y con la excepción de las embarazadas y los niños. Para que estas personas pueden seguir sentándose delante del médico se prevén los llamados convenios especiales, una especie de pólizas que fijan un pago de 710 euros al año para mantener la asistencia sanitaria en la red pública. Los mayores de 65 años tendrían que abonar hasta 1.800 euros, una cifra “impracticable” para esa población “vulnerable”, según la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. En la misma línea se pronuncia el secretario general de la Semfyc, Salvador Tranche, quien considera que la medida del Gobierno de Rajoy “es mala porque este colectivo está en exclusión social y económica, y no puede hacer frente al pago”.