La Vanguardia
España ya ocupaba los últimos
lugares de la UE-15 en el ranking de gastos públicos de protección social antes
de la crisis y ahora los recortes se están practicando sobre unas prestaciones
reales bajas, en comparación con nuestros vecinos.
Los recortes que llevamos a cuestas en los últimos años están afectando directamente a los gastos sociales que conforman lo que, un tanto eufemísticamente, llamamos en España Estado de bienestar. Un sistema de protección social -o si prefieren un contrato social no escrito- que en España empezó muy tarde -con la democracia y se desarrolló principalmente en los ochenta- cuando en Europa ya nos sacaban muchos decenios de ventaja. En cierta forma, podríamos decir que aquí estamos despidiendo una serie de objetivos sociales, sin siquiera haber alcanzado un nivel aceptable en los mismos, tomando como tales a los de los países más avanzados de Europa.
En realidad, no puede ser de otra manera, ya que el gasto público en protección social ha sido uno de los más bajos de la UE-15 a lo largo de los noventa y primeros años del siglo XXI. En el 2004, por ejemplo, era diez puntos de PIB inferior al de Francia y siete de la media europea. Tres años más tarde y justo antes de la crisis, en el 2007, seguía en España siete puntos por debajo de la media de la UE-15 y el año pasado estaba cuatro puntos por debajo.
En un reciente informe del centro de estudios gubernamental francés Cepremap, L'état-providence en Europe, se pone de relieve cómo España es hoy el país que menos porcentaje del PIB destina a gasto social (exceptuando Luxemburgo, que no debería contar por su elevado PIB que desvirtúa la ratio) de la UE-15 y cómo estamos en último lugar en tres de los cinco indicadores de bienestar que se analizan.
Se trata de un panorama que debería hacer reflexionar y pone en entredicho las recientes palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, en las que aseguraba sentirse "muy orgullosa de nuestro Estado de bienestar", aunque el expresidente José María Aznar hubiera dicho días antes, en un foro internacional, que "el Estado de bienestar es insostenible".
Podría sonar a cierta chanza si no fuera por la magnitud social del problema. El profesor Manuel Castells ponía el dedo en la llaga al recordar, en las páginas de este diario (1/IX/2012), que "el Estado de bienestar genera capital humano de calidad que genera productividad que permite financiarlo sobre bases no inflacionistas (...) de modo que es sostenible a condición de generar productividad en la economía y disminuir ineficiencia (que no empleo) en el Estado mediante una modernización organizativa y tecnológica del sector público".
Pero ¿por qué el gasto social es más bajo que en Europa en términos relativos? Porque los ingresos públicos son todavía más bajos. Por ello hay que repetirlo una vez más: España tiene un problema de ingresos, no de gastos. Desde que empezó la crisis, el PIB ha caído aproximadamente el 2% en total, lo que no puede explicar en absoluto una baja de la recaudación fiscal del 20%. En el 2007, el porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB estaba cuatro puntos por debajo de la media de la UE-15; pues bien, en el 2011 estaba ya 10 puntos por debajo... y bajando.
Y aquí entramos en la paradoja que es la clave de muchos de los problemas de España: la presión fiscal es la más baja de la UE-15. De hecho, somos el furgón de cola, con el 35% del PIB, mientras que el esfuerzo fiscal realizado por los asalariados es de los más altos de Europa, concretamente se estima en un 22% superior a la media europea.
Los técnicos de Gestha aluden a la situación "dual" que viven los contribuyentes españoles en función de si sus rentas son retenidas en origen o no. En su momento, causó impacto saber que trabajadores y pensionistas declaraban unas rentas anuales medias casi 5.000 euros superiores a profesionales o pequeños y medianos empresarios. "Es una prueba evidente del enorme fraude fiscal que sitúa a España en el segundo o tercer puesto del ranking de los países más defraudadores de la UE".
Hay más cosas, por supuesto. Las grandes empresas multinacionales y sus trasvases internos de dinero para aflorar los beneficios en el país que menos se paga, enormes volúmenes de dinero en paraísos fiscales o las grandes fortunas con el permanente chantaje de llevarse las sicav a un lejano puerto seguro...
En Gestha estiman que un plan eficaz de lucha contra el fraude "podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y economía sumergida en España, situándose a niveles similares a los de la UE, pudiéndose recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales".
Pero volvamos a nuestro Estado de bienestar. En el mapa queda claro que con un 24,5% del PIB de gasto estamos en la cola. Hay que advertir que Eurostat no considera la educación dentro de los gastos de protección social que se reflejan en el mapa y que, por cierto, en España cayeron el año pasado por primera vez en 30 años, situándose en el 4,79% del PIB, bastante lejos también de la media europea.
Pero las diferencias con Europa no acaban aquí. La distribución del gasto es muy reveladora. Eurostat la divide en ocho funciones de las que se individualizan sólo cuatro en el mapa: enfermedad, vejez, supervivencia, paro, discapacidad, familia, vivienda y exclusión social. Pues bien, en España destaca el dinero que se dedica a las prestaciones por desempleo, un 15% del total del gasto social, una cifra que, con seguridad, habrá aumentado, ya que los datos del mapa corresponden al 2010 y desde entonces el paro en España ha seguido subiendo. Pero nótese que ya en el 2010 se llevaba una proporción sobre el total que casi triplicaba la media europea. En atención sanitaria estaríamos en línea -y con excelente calidad- y, por debajo, en vejez y supervivencia. Pero es en el resto donde el Estado de bienestar es casi inexistente.
En fin, una situación de protección social crítica, sólo mejorable por la vía de más ingresos.
Los recortes que llevamos a cuestas en los últimos años están afectando directamente a los gastos sociales que conforman lo que, un tanto eufemísticamente, llamamos en España Estado de bienestar. Un sistema de protección social -o si prefieren un contrato social no escrito- que en España empezó muy tarde -con la democracia y se desarrolló principalmente en los ochenta- cuando en Europa ya nos sacaban muchos decenios de ventaja. En cierta forma, podríamos decir que aquí estamos despidiendo una serie de objetivos sociales, sin siquiera haber alcanzado un nivel aceptable en los mismos, tomando como tales a los de los países más avanzados de Europa.
En realidad, no puede ser de otra manera, ya que el gasto público en protección social ha sido uno de los más bajos de la UE-15 a lo largo de los noventa y primeros años del siglo XXI. En el 2004, por ejemplo, era diez puntos de PIB inferior al de Francia y siete de la media europea. Tres años más tarde y justo antes de la crisis, en el 2007, seguía en España siete puntos por debajo de la media de la UE-15 y el año pasado estaba cuatro puntos por debajo.
En un reciente informe del centro de estudios gubernamental francés Cepremap, L'état-providence en Europe, se pone de relieve cómo España es hoy el país que menos porcentaje del PIB destina a gasto social (exceptuando Luxemburgo, que no debería contar por su elevado PIB que desvirtúa la ratio) de la UE-15 y cómo estamos en último lugar en tres de los cinco indicadores de bienestar que se analizan.
Se trata de un panorama que debería hacer reflexionar y pone en entredicho las recientes palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, en las que aseguraba sentirse "muy orgullosa de nuestro Estado de bienestar", aunque el expresidente José María Aznar hubiera dicho días antes, en un foro internacional, que "el Estado de bienestar es insostenible".
Podría sonar a cierta chanza si no fuera por la magnitud social del problema. El profesor Manuel Castells ponía el dedo en la llaga al recordar, en las páginas de este diario (1/IX/2012), que "el Estado de bienestar genera capital humano de calidad que genera productividad que permite financiarlo sobre bases no inflacionistas (...) de modo que es sostenible a condición de generar productividad en la economía y disminuir ineficiencia (que no empleo) en el Estado mediante una modernización organizativa y tecnológica del sector público".
Pero ¿por qué el gasto social es más bajo que en Europa en términos relativos? Porque los ingresos públicos son todavía más bajos. Por ello hay que repetirlo una vez más: España tiene un problema de ingresos, no de gastos. Desde que empezó la crisis, el PIB ha caído aproximadamente el 2% en total, lo que no puede explicar en absoluto una baja de la recaudación fiscal del 20%. En el 2007, el porcentaje de ingresos públicos sobre el PIB estaba cuatro puntos por debajo de la media de la UE-15; pues bien, en el 2011 estaba ya 10 puntos por debajo... y bajando.
Y aquí entramos en la paradoja que es la clave de muchos de los problemas de España: la presión fiscal es la más baja de la UE-15. De hecho, somos el furgón de cola, con el 35% del PIB, mientras que el esfuerzo fiscal realizado por los asalariados es de los más altos de Europa, concretamente se estima en un 22% superior a la media europea.
Los técnicos de Gestha aluden a la situación "dual" que viven los contribuyentes españoles en función de si sus rentas son retenidas en origen o no. En su momento, causó impacto saber que trabajadores y pensionistas declaraban unas rentas anuales medias casi 5.000 euros superiores a profesionales o pequeños y medianos empresarios. "Es una prueba evidente del enorme fraude fiscal que sitúa a España en el segundo o tercer puesto del ranking de los países más defraudadores de la UE".
Hay más cosas, por supuesto. Las grandes empresas multinacionales y sus trasvases internos de dinero para aflorar los beneficios en el país que menos se paga, enormes volúmenes de dinero en paraísos fiscales o las grandes fortunas con el permanente chantaje de llevarse las sicav a un lejano puerto seguro...
En Gestha estiman que un plan eficaz de lucha contra el fraude "podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y economía sumergida en España, situándose a niveles similares a los de la UE, pudiéndose recaudar unos 38.000 millones de euros adicionales".
Pero volvamos a nuestro Estado de bienestar. En el mapa queda claro que con un 24,5% del PIB de gasto estamos en la cola. Hay que advertir que Eurostat no considera la educación dentro de los gastos de protección social que se reflejan en el mapa y que, por cierto, en España cayeron el año pasado por primera vez en 30 años, situándose en el 4,79% del PIB, bastante lejos también de la media europea.
Pero las diferencias con Europa no acaban aquí. La distribución del gasto es muy reveladora. Eurostat la divide en ocho funciones de las que se individualizan sólo cuatro en el mapa: enfermedad, vejez, supervivencia, paro, discapacidad, familia, vivienda y exclusión social. Pues bien, en España destaca el dinero que se dedica a las prestaciones por desempleo, un 15% del total del gasto social, una cifra que, con seguridad, habrá aumentado, ya que los datos del mapa corresponden al 2010 y desde entonces el paro en España ha seguido subiendo. Pero nótese que ya en el 2010 se llevaba una proporción sobre el total que casi triplicaba la media europea. En atención sanitaria estaríamos en línea -y con excelente calidad- y, por debajo, en vejez y supervivencia. Pero es en el resto donde el Estado de bienestar es casi inexistente.
En fin, una situación de protección social crítica, sólo mejorable por la vía de más ingresos.
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