La debacle de Bankia llega a los tribunales y al remover la cazulea, la mierda ha salpicado a ("ojo") CCOO e IU.
El gigantesco fiasco de Bankia --paradigma del desastre bancario que amenaza con arrastrar a España en su caída-- ya está en los tribunales. La Audiencia Nacional va a investigar la debacle del autodenominado --y hoy nacionalizado-- primer banco de la nueva banca por sospechar que se pudieron producir delitos en la gestión y las remuneraciones del equipo de Rodrigo Rato.
Pero más allá de las posibles consecuencias legales, la medida pone en cuestión a los principales partidos del país, que controlaban la entidad en virtud de un pacto para repartirse el poder, y a las instituciones públicas responsables de velar por su buen funcionamiento: comunidades autónomas, Gobierno, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Todo ello en el mismo día en que la Fiscalía de Barcelona anunció la apertura de una investigación por los sueldos de la cúpula de la también nacionalizada Catalunya Bank.
POLITIZACIÓN El juez de instrucción Fernando Andreu anunció ayer mediante un auto que admite la querella presentada por UPD contra Bankia, su matriz (Banco Financiero y de Ahorros, BFA) y 33 exconsejeros de las dos entidades. Además de Rato (expresidente de los dos bancos), en el grupo destacan los nombres de Francisco Verdú (que ayer dimitió como consejero delegado del grupo) y José Luis Olivas (exvicepresidente de ambas entidades, expresidente de la Comunidad Valenciana con el PP y de Bancaja, y expresidente del nacionalizado Banco de Valencia).
Pero la lista supone toda una demostración de la falta de profesionalidad y la politización de las cajas de ahorro, una de las principales razones que ha llevado a buena parte del sector a la catástrofe. En el grupo, destacan los expolíticos del PP, como Ángel Acebes (exministro del Interior y exsecretario general del partido), Mercedes de la Merced (exeurodiputada y exteniente de alcalde de Madrid), José Manuel Fernández Norniella (exsecretario de Estado de Comercio), José Manuel Serra Peris (exsecretario de Estado de Industria) y Estanislao Rodríguez-Ponga (exsecretario de Estado de Hacienda).
También figuran consejeros nombrados por el PSOE (Antonio Tirado, exalcalde de Castellón) e IU (José Antonio Moral Satín). Además, hay sindicalistas que representaban a los trabajadores (Francisco Baquero y Pedro Bedía, de CCOO) y representantes del mundo empresarial, como Arturo Fernández (vicepresidente de la CEOE).
ESTAFA A LOS ACCIONISTAS La investigación se centrará en tratar de esclarecer si los administradores falsearon las cuentas del grupo a sabiendas. El principal objetivo es saber si los gestores estafaron a los accionistas --en buena parte, pequeños clientes de su red comercial-- que confiaron sus ahorros en la entidad apoyando su salida a bolsa y que, tras la salida de Rato forzada por el Gobierno y su sustitución por José Ignacio Goirigolzarri, han visto cÓmo las acciones se hundían y perdían la mayor parte de su inversión.
La querella de UPD se basa sobre todo en que los antiguos gestores declararon un beneficio del 2011 de 309 millones, que se transformaron en unas pérdidas de 2.979 millones después de que los nuevos administradores reformularan las cuentas. Además, piden que se investiguen los blindajes, planes de pensiones y prejubilaciones que se autoaprobaron los consejeros. Unas remuneraciones abultadas que se han repetido en casi todas las cajas rescatadas por el Estado
PERJUICIO PARA EL PAÍS El juez investigará si se han producido cinco delitos distintos, penados con hasta cuatro años de cárcel. De haberse producido, dice el auto, serían relevantes, ya que ha producido "una grave repercusión en la economía nacional"
Pese a que lo pedía UPD, Andreu ha decidido no intervenir judicialmente Bankia por ahora. De haberse producido, hubiera sido un duro golpe para la reestructuración de la banca que el Gobierno negocia con Bruselas.
El Gobierno y el PP trataron de restar importancia a la apertura de la investigación e invocaron la presunción de inocencia de sus exdirigentes y el respeto a la justicia. Sin embargo, José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores, lamentó "enormemente" la imputación de Rato, a quien dijo "querer bien".
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