LIMA (AFP). - Los cinco muertos de esta semana por disparos contra una manifestación opuesta a un proyecto minero en Perú elevaron a 17 la lista de muertos en conflictos sociales en el primer año de gestión de Ollanta Humala, a quien organizaciones humanitarias reprochan su dura respuesta a las protestas.
Un joven de 29 años que participó de las protestas contra el proyecto minero Conga en el norte de Perú murió ayer por un disparo que le ingresó por la boca. Otro manifestante murió el miércoles con un balazo en el tórax. Y otros tres fueron muertos por armas de fuego el martes en choques con la policía.
“La situación es en extremo grave porque pareciera que para el gobierno los conflictos se solucionan con muertos”, dijo a la AFP Miguel Jugo, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una organización no gubernamental.
El directivo indicó que lamentaba que las fuerzas de seguridad hayan utilizado “el recurso de la fuerza y sus armas de fuego contra la población”. Y consideró que el ejecutivo peruano debería dejar de lado “el formato de aplicar el estado de emergencia para someter a la población” con una fuerte represión policial y militar en las calles.
Al cumplir un año en el poder –el próximo 28 de julio– Humala ha decretado tres veces el estado de emergencia ante problemas sociales, fundamentalmente vinculados a la minería.
Es la segunda ocasión en que el régimen de excepción se aplica en Cajamarca, luego que en noviembre fue impuesto por protestas contra el proyecto minero Conga, de la compañía estadounidense Newmont, que es el mismo conflicto que afecta actualmente a Cajamarca.
A fines de mayo la emergencia se decretó en la provincia surandina de Espinar ante masivas protestas contra la minera suiza Xstrata, que se saldaron con dos muertos.
La Defensoría del Pueblo de Perú informó recientemente que la lista de muertos en protestas alcanzaba a 10 personas a principios de mayo. Luego se sumaron los dos fallecidos en Espinar y los cinco de esta semana en Cajamarca.
Respecto a la supuesta utilización de armas de fuego por parte de las fuerzas del orden, el director de la Policía Nacional peruana Raúl Salazar dijo ayer que las fuerzas represivas no están usando armas letales contra los manifestantes.
“Usamos armas no letales, el tema es que entre el grupo de manifestantes viene gente infiltrada que posee armas de fuego”, señaló.
“Las fuerzas del orden repelieron con gases lacrimógenos y cartuchos de goma, pero ellos (los manifestantes) han disparado con armas de fuego”, se defendió por su parte el ministro del interior peruano, Wilver Calle, al refutar críticas por el accionar represivo contra las protestas.
Las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc están bajo estado de emergencia y control militar desde el miércoles por decisión del gobierno de Humala ante los disturbios que se produjeron en varias zonas del departamento norteño de Cajamarca contra el proyecto aurífero y cuprífero Conga, a cargo de la compañía estadounidense Newmont.
Quienes se oponen al proyecto afirman que la compañía minera provocará un gran daño ambiental en la zona y que para obtener agua secará varias lagunas de la región.
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