La Guardia Civil les cita a declarar para completar el expediente por insultos y actitud amenazante cuando rompieron el cordón policial el pasado jueves 1 · Continúa el encierro sin que haya acercamiento.
Primeras consecuencias legales del altercado de la pasada semana en el Ayuntamiento de Los Barrios. Ocho delegados sindicales han sido imputados por la Guardia Civil como consecuencia de la ruptura del cordón policial habilitado el pasado jueves 1 en torno al Ayuntamiento y el posterior forcejeo con las fuerzas de seguridad que se saldó con tres personas heridas, entre ellas un agente de la Policía Local.
Los ocho sindicalistas están citados a declarar el lunes ante la Guardia Civil acusados de cometer supuestos delitos de insultos y actitud amenazante, según pudo saber este diario a través de fuentes municipales. La Guardia Civil les convoca para completar el expediente y adoptar las posibles decisiones al amparo de la legislación vigente. La citación y los cargos fueron confirmados a Europa Sur por el presidente del comité de empresa, Manuel Piña, quien precisó que se trata de seis hombres y dos mujeres.
Piña restó importancia a las posibles consecuencias del tumulto que también se saldó con daños en la vidriera del salón de plenos y la puerta de acceso. "Si ocho personas pudieron con ocho o nueve policías, muy bien no está la seguridad en Los Barrios", ironizó Piña con el fin de hacer ver que no provocaron graves disturbios. Los hechos tuvieron lugar cuando un grupo de delegados sindicales rompió el cordón policial habilitado y abortó una reunión que varios trabajadores mantenían con el alcalde para ser informados de la postura municipal ante el ERE. Los trabajadores habían pactado la víspera no acudir a los encuentros, por lo que reaccionaron de esta manera ante la decisión de un grupo de empleados públicos afectados por el ERE de reunirse con el gobierno local. La UGT comarcal ya pidió disculpas públicas por el suceso y llamó a las partes a la calma.
El alcalde, Jorge Romero, sostuvo que los graves incidentes sucedidos en aquel momento no pueden dejarse pasar por alto, si bien llamó a todas las partes a la responsabilidad. "Estaba claro que la Guardia Civil iba a actuar de oficio por la grave alteración del orden público que supuso la actitud de los sindicatos en aquella jornada. Deben ser responsables de sus actos", comentó Romero.
Por otra parte, el encierro de los cuatro delegados sindicales alcanzó ayer su segunda jornada sin que, hasta el momento, se acerquen las posturas. El presidente del comité de empresa emplazó ahora a la apertura de una negociación a tres bandas (gobierno, sindicatos y oposición) con el fin de buscar la viabilidad municipal. "Hemos tenido que hablar a través de una ventana, de nuevo", recriminó. El acceso al salón de plenos sigue estando vetado para cualquier persona y cuatro agentes vigilan el edificio en todo momento.
El alcalde rechazó de nuevo la oferta al considerar que no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa. "Estoy dispuesto a negociar, pero que digan qué. No hay ninguna propuesta sobre la mesa ni se ha presentado nada por el registro de entrada. Los sindicatos ya conocen que la condición de partida es la desvinculación laboral de los 178 trabajadores para luego debatir alternativas. Y eso no lo aceptan", sostuvo. Romero alegó que si los sindicatos presentan una propuesta para conseguir que la masa salarial no supere los 10,5 millones de euros, será estudiada. "Les animo e insisto en que la presenten por el registro de entrada. Pero no han presentado nada", incidió.
En cuanto a las protestas, un grupo de trabajadores y delegados sindicales abuchearon al primer edil a su llegada a un acto público. Nuevamente fueron escuchados gritos de "fascista", la petición de los salarios atrasados y alusiones a que él sí tenía dinero (visitaba una feria comercial).
El lunes a las 18 horas hay convocada sesión plenaria. De seguir la situación como hasta el momento, coincidirá con el encierro. Romero dijo esperar que no se dificulte el desarrollo de la sesión.
Los ocho sindicalistas están citados a declarar el lunes ante la Guardia Civil acusados de cometer supuestos delitos de insultos y actitud amenazante, según pudo saber este diario a través de fuentes municipales. La Guardia Civil les convoca para completar el expediente y adoptar las posibles decisiones al amparo de la legislación vigente. La citación y los cargos fueron confirmados a Europa Sur por el presidente del comité de empresa, Manuel Piña, quien precisó que se trata de seis hombres y dos mujeres.
Piña restó importancia a las posibles consecuencias del tumulto que también se saldó con daños en la vidriera del salón de plenos y la puerta de acceso. "Si ocho personas pudieron con ocho o nueve policías, muy bien no está la seguridad en Los Barrios", ironizó Piña con el fin de hacer ver que no provocaron graves disturbios. Los hechos tuvieron lugar cuando un grupo de delegados sindicales rompió el cordón policial habilitado y abortó una reunión que varios trabajadores mantenían con el alcalde para ser informados de la postura municipal ante el ERE. Los trabajadores habían pactado la víspera no acudir a los encuentros, por lo que reaccionaron de esta manera ante la decisión de un grupo de empleados públicos afectados por el ERE de reunirse con el gobierno local. La UGT comarcal ya pidió disculpas públicas por el suceso y llamó a las partes a la calma.
El alcalde, Jorge Romero, sostuvo que los graves incidentes sucedidos en aquel momento no pueden dejarse pasar por alto, si bien llamó a todas las partes a la responsabilidad. "Estaba claro que la Guardia Civil iba a actuar de oficio por la grave alteración del orden público que supuso la actitud de los sindicatos en aquella jornada. Deben ser responsables de sus actos", comentó Romero.
Por otra parte, el encierro de los cuatro delegados sindicales alcanzó ayer su segunda jornada sin que, hasta el momento, se acerquen las posturas. El presidente del comité de empresa emplazó ahora a la apertura de una negociación a tres bandas (gobierno, sindicatos y oposición) con el fin de buscar la viabilidad municipal. "Hemos tenido que hablar a través de una ventana, de nuevo", recriminó. El acceso al salón de plenos sigue estando vetado para cualquier persona y cuatro agentes vigilan el edificio en todo momento.
El alcalde rechazó de nuevo la oferta al considerar que no hay ninguna propuesta concreta sobre la mesa. "Estoy dispuesto a negociar, pero que digan qué. No hay ninguna propuesta sobre la mesa ni se ha presentado nada por el registro de entrada. Los sindicatos ya conocen que la condición de partida es la desvinculación laboral de los 178 trabajadores para luego debatir alternativas. Y eso no lo aceptan", sostuvo. Romero alegó que si los sindicatos presentan una propuesta para conseguir que la masa salarial no supere los 10,5 millones de euros, será estudiada. "Les animo e insisto en que la presenten por el registro de entrada. Pero no han presentado nada", incidió.
En cuanto a las protestas, un grupo de trabajadores y delegados sindicales abuchearon al primer edil a su llegada a un acto público. Nuevamente fueron escuchados gritos de "fascista", la petición de los salarios atrasados y alusiones a que él sí tenía dinero (visitaba una feria comercial).
El lunes a las 18 horas hay convocada sesión plenaria. De seguir la situación como hasta el momento, coincidirá con el encierro. Romero dijo esperar que no se dificulte el desarrollo de la sesión.
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