LA OPOSICIÓN ECUATORIANA SIGUE TRAMANDO UN GOLPE DE ESTADO.
Los diputados del gobernante movimiento Alianza PAIS y grupos aliados denunciaron hoy en el Parlamento que bloques de oposición pretenden desestabilizar la Legislatura y la democracia con el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Queremos denunciar al pueblo ecuatoriano el intento de golpe de Estado que se pretende dar desde la oposición al Legislativo, puntualizó la asambleísta coordinadora del movimiento PAIS, Zobeida Gudiño.
Subrayó Gudiño a la agencia pública Andes que la propuesta planteada ahora por el legislador Vicente Taiano (opositor PRIAN) difiere totalmente del documento aprobado hasta las primeras horas de la mañana del martes.
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Dicho proyecto tiene como finalidad el asalto de la primera función del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, para desde la Legislatura dirigir la desestabilización del sistema democrático que vive el país, enfatizó.
Argumentó que la bancada gobernante no aprobó debatir en plenario el documento promovido por Taiano, pues incumplía el plazo de 48 horas establecido para su presentación y votación, y no había tiempo suficiente para realizar una revisión profunda.
Expresó que el proyecto de la oposición, “de manera perversa“, propone la destitución del presidente de la Asamblea y de todas las autoridades legislativas.
También la autoconvocatoria de la Asamblea con 63 votos, la apelación a la Presidencia de la Asamblea con mayoría simple, todo lo cual busca cambiar la dirección de la entidad, lo que generaría caos y desestabilización en cada sesión.
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Además incluye a los alcaldes, concejales, juntas parroquiales y a todos los servidores públicos como sujetos de fiscalización, en clara contradicción con la norma constitucional, agregó.
La legisladora aseguró que también se busca alterar la disposición constitucional sobre el trámite de las leyes urgentes en materia económica, tratando de bloquear su tratamiento.
Subrayó que se intenta crear una veeduría en el Consejo Nacional Electoral, que sería una flagrante intromisión en otra función del Estado, y también crear comisiones viajeras.
Finalmente, aseveró que se plantea el enjuiciamiento de jueces y funcionarios judiciales, con clara intención de interferir en la Función Judicial.
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