Cada vez son más las voces que se manifiestan en contra
de las medidas que está aplicando el Ministerio de Justicia y su
titular, Alberto Ruiz-Gallardón.
Jueces, fiscales y abogados almerienses realizaron ayer
una jornada de paro parcial de una hora en protesta por el proyecto para
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su opinión
«merma la calidad de la Justicia y no está justificada en la crisis».
Más de un centenar de trabajadores de los juzgados se dieron cita a las puertas de la Ciudad de la Justicia de
la capital, para secundar la jornada de protesta, que fue seguida en
todas las sedes judiciales del país.
El paro parcial tuvo lugar entre las 12.00 y
las 13.00 horas, para dar lectura a un manifiesto consensuado en el que
exigen la retirada «inmediata» del proyecto de ley de reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, que perjudica, dicen, la calidad de la
Justicia y «no encuentra justificación» en la crisis.
En el manifiesto, pidieron el mantenimiento de la actual
estructura y competencias del Consejo General del Poder Judicial, así
como su autonomía presupuestaria y la de la Fiscalía General del Estado.
Solicitaron igualmente el aumento de la planta con jueces y fiscales
hasta alcanzar los parámetros de la media europea, así como los medios
humanos y materiales necesarios y la «determinación definitiva» de la
carga de trabajo compatible con una justicia de calidad.
El colectivo demanda la adopción de medidas para paliar
«el abandono y la lamentable situación» en la que se encuentran los
Juzgados y las Fiscalías, y unas tasas judiciales que no limiten el
acceso de los ciudadanos a la Justicia.
El juez decano de Almería, Luis Columna, destacó ayer que
la jornada de reivindicación «era muy necesaria, ya que la mayoría de
trabajadores estamos en contra de las reformas que está llevando a cabo
el Ministerio». «Una postura común en contra, destacó Columna, porque la
Justicia, que ya está bastante dejada de la mano de Dios, la van a
hundir de manera definitiva».
El juez decano quiso dejar claro que la protesta no es
«por una razón salarial, sino porque queremos que haya una mejor
Justicia para los ciudadanos», subrayó.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, José
Pascual Pozo, destacó que las reformas planteada por el Ministerio «van a
dificultar mucho el acceso a la Justicia a los ciudadanos». Destacó,
asimismo, que la nueva Ley de Tasas ofrece «casos sangrantes». Como por
ejemplo, que para «recurrir una multa de tráfico de cien euros, tienes
que pagar una tasa de 200». Una situación que «raya el Tercer Mundo»,
destacó Pozo.
«Privatización» del Registro
Además del rechazo a la nueva Ley de Tasas, diversos
sindicatos llamaron ayer a movilizarse contra la reforma del Registro
Civil al denunciar que prevé su «privatización» y que impondrá a los
ciudadanos el pago de «servicios obligatorios que hasta el momento eran
gratuitos». Fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Administración
de Justicia (STAJ) en Almería advirtieron a este periódico que el
Gobierno «pretende acabar con la Justicia como servicio público y
gratuito».
De hecho, aseguraron que además del cierre por las tardes
del Registro Civil que plantea la Consejería de Justicia , el borrador de
anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros en la que está
trabajando el Gobierno, en el que estudia cuánto y por qué trámites
cobrarían los registradores de la propiedad y mercantiles una vez que se
les ceda el Registro Civil, «las partidas de nacimiento pasarían de ser
gratuitas a costar unos 200 euros cada una», aseguraron fuentes del
STAJ, quienes explicaron que los ciudadanos deberán pagar con la nueva
ley por las inscripciones y certificaciones que hasta el momento eran
gratuitas
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