El secretario de Estado Antonio Beteta dice que las competencias que no puedan ser asumidas por los municipios pasarán a las diputaciones · González de la Torre niega que sea tan tajante pero es cauto.
El Gobierno central anunció ayer que está dispuesto a eliminar todas las mancomunidades de municipios de España dejando constancia de su preferencia por las diputaciones provinciales como organismos para la gestión supramunicipal de competencias. Lo hizo el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien sostuvo que el Gobierno suprimirá las 1.432 mancomunidades al completo en el marco de la Ley de Bases del Régimen Local. Y también dijo que serán las diputaciones provinciales las que se encarguen de gestionar las competencias de aquellos ayuntamientos que no lo puedan hacer dentro de los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los que pasan por mayores dificultades económicas.
El presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Diego González de la Torre (PP), que conoció la existencia de las declaraciones de Beteta a través de Europa Sur, mostró primero sorpresa y cautela por el anuncio. En unas segundas declaraciones sostuvo que se abrirá un plazo de un año para estudiar las competencias de cada administración. "No es tan drástico", valoró.
Beteta, en declaraciones tras reunirse con representantes de CEOE y Cepyme, fue tajante y aseguró que esta supresión afectará a "todas" y cada una de las 1.432 mancomunidades. "Sin duda habrá supresión de cargos públicos a raíz de esta medida", reveló. También manifestó la voluntad del Gobierno de tener lista la Ley que regulará las administraciones locales "este año", por lo que señaló que en caso de no alcanzar un acuerdo al respecto se hará "de todos modos". A este plazo de un año fue al que se refirió De la Torre.
El Gobierno ya ha elaborado un documento con su propuesta fruto de una comisión de expertos liderado por el Instituto Nacional de la Administración Pública, inspirada en la Ley de Estabilidad Prespuestaria. Hasta la fecha, el Gobierno la ha presentado a PSOE, CiU y PNV, y la ha remitido a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la espera de sus alegaciones. Según explicó Beteta, "no es exigible la supresión de municipios", no así que cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, reiteró que aquellos ayuntamientos que no puedan financiarse con sus recursos serán gestionados por las diputaciones provinciales, que cumplen una función similar a la de las mancomunidades. "Las diputaciones son las mancomunidad natural", insistió Beteta, quien ha añadido además que un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, que se presentará próximamente, revela que esta gestión global de los servicios municipales es 20 veces más barata que la individual. En cualquier caso, el secretario de Estado concluyó que "la voz de los ciudadanos se seguirá escuchando a través de los alcaldes y los diputados provinciales".
Frente a estas manifestaciones, el presidente de la entidad supramunicipal, Diego González de la Torre, dijo ser cauto en cuanto a la fórmula que se instruya desde el Ejecutivo. "La situación económica está mal, y se están tomando medidas. Pero ésta es sorprendente y de calado. Habrá que ver en qué queda", dijo De la Torre en su primera conversación con este periódico. Posteriormente, sostuvo que el plazo de un año dentro de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local daría la puerta al mantenimiento de la institución. "Las hay que engloban a municipios que suman 5.000 habitantes y no asumen competencias. Y las hay como ésta. No es tan drástico y habrá que ver qué pasos se dan respecto a los funcionarios, por ejemplo", señaló.
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar se constituyó en 1985 y asume numerosos servicios públicos relacionados con el ciclo del agua y los residuos para la práctica totalidad de los siete municipios. Cuenta con una empresa pública, Arcgisa, con más de 300 empleados para estos fines así como unos 50 en la propia institución, a su vez propietaria de dos sedes: una en Algeciras recién reformada y otra inaugurada hace cinco años en Guadacorte (Los Barrios). El coste político y número de asesores es uno de los debates abiertos en el seno de la entidad de cara a su reducción.
El presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, Diego González de la Torre (PP), que conoció la existencia de las declaraciones de Beteta a través de Europa Sur, mostró primero sorpresa y cautela por el anuncio. En unas segundas declaraciones sostuvo que se abrirá un plazo de un año para estudiar las competencias de cada administración. "No es tan drástico", valoró.
Beteta, en declaraciones tras reunirse con representantes de CEOE y Cepyme, fue tajante y aseguró que esta supresión afectará a "todas" y cada una de las 1.432 mancomunidades. "Sin duda habrá supresión de cargos públicos a raíz de esta medida", reveló. También manifestó la voluntad del Gobierno de tener lista la Ley que regulará las administraciones locales "este año", por lo que señaló que en caso de no alcanzar un acuerdo al respecto se hará "de todos modos". A este plazo de un año fue al que se refirió De la Torre.
El Gobierno ya ha elaborado un documento con su propuesta fruto de una comisión de expertos liderado por el Instituto Nacional de la Administración Pública, inspirada en la Ley de Estabilidad Prespuestaria. Hasta la fecha, el Gobierno la ha presentado a PSOE, CiU y PNV, y la ha remitido a las comunidades autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la espera de sus alegaciones. Según explicó Beteta, "no es exigible la supresión de municipios", no así que cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este sentido, reiteró que aquellos ayuntamientos que no puedan financiarse con sus recursos serán gestionados por las diputaciones provinciales, que cumplen una función similar a la de las mancomunidades. "Las diputaciones son las mancomunidad natural", insistió Beteta, quien ha añadido además que un estudio del Instituto de Estudios Fiscales, que se presentará próximamente, revela que esta gestión global de los servicios municipales es 20 veces más barata que la individual. En cualquier caso, el secretario de Estado concluyó que "la voz de los ciudadanos se seguirá escuchando a través de los alcaldes y los diputados provinciales".
Frente a estas manifestaciones, el presidente de la entidad supramunicipal, Diego González de la Torre, dijo ser cauto en cuanto a la fórmula que se instruya desde el Ejecutivo. "La situación económica está mal, y se están tomando medidas. Pero ésta es sorprendente y de calado. Habrá que ver en qué queda", dijo De la Torre en su primera conversación con este periódico. Posteriormente, sostuvo que el plazo de un año dentro de la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local daría la puerta al mantenimiento de la institución. "Las hay que engloban a municipios que suman 5.000 habitantes y no asumen competencias. Y las hay como ésta. No es tan drástico y habrá que ver qué pasos se dan respecto a los funcionarios, por ejemplo", señaló.
La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar se constituyó en 1985 y asume numerosos servicios públicos relacionados con el ciclo del agua y los residuos para la práctica totalidad de los siete municipios. Cuenta con una empresa pública, Arcgisa, con más de 300 empleados para estos fines así como unos 50 en la propia institución, a su vez propietaria de dos sedes: una en Algeciras recién reformada y otra inaugurada hace cinco años en Guadacorte (Los Barrios). El coste político y número de asesores es uno de los debates abiertos en el seno de la entidad de cara a su reducción.
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