La Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD) expresa su seria preocupación por los procesos criminales instituidos contra el Juez español Baltasar Garzón, así como por los posibles efectos de dichos procesos en su independencia judicial y en la independencia del sistema judicial en su conjunto.
El 9 de febrero del 2012, Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo Español por autorizar intervenciones en las comunicaciones entre abogados y sus clientes bajo custodia, como pena fue inhabilitado para el cargo de juez o magistrado por 11 años. La AIJD condena las ilegales intervenciones a las comunicaciones entre abogados y sus clientes, como una violación al derecho al debido proceso, al derecho de efectiva asistencia letrada y al secreto profesional, así como un ataque indebido a la independencia de la profesión legal.
No obstante lo anterior, pareciera ser que en el presente caso, la intervenciones ilegales constituyen un pretexto para sancionar al Juez Garzón por su toma de posición en otros asuntos. De hecho él mismo está siendo paralelamente procesado por el delito de prevaricación al admitir e investigar denuncias relacionadas con los más de 114,000 casos de desapariciones forzadas acontecidas durante la Guerra Civil Española y la posterior dictadura del General Francisco Franco. La investigación sobre dichos casos no ha sido admitida en virtud de la Ley de Amnistía española de 1977, aprobada tras la muerte de Franco.
La demanda contra Garzón, quien se negó a aplicar la Ley de Amnistía, fue interpuesta por la agrupación de ultraderecha española “Manos Limpias”, cuyos líderes han sido políticamente activos en asociaciones simpatizantes con el régimen franquista.
La AIJD recuerda que las leyes de amnistía que impidan sanciones o acciones legales contra delitos de lesa humanidad son totalmente ilegales e incompatibles con las obligaciones de los Estados bajo múltiples tratados de Derechos Humanos.
De conformidad con el Derecho Internacional, particularmente el Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, las desapariciones forzadas son crímenes contra la humanidad y como tales, no pueden ser sujetas a regímenes limitantes. Este horrible crimen, según lo ha establecido el Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias, es imprescriptible y “la violación a los derechos humanos continúa mientras la suerte y el paradero de las víctimas se mantiene sin resolver”.
España tiene la obligación legal de investigar crímenes contra la humanidad y resulta inaceptable el procesamiento de un juez por aplicar las normas del derecho internacional de los derechos humanos.
El juicio contra Garzón es aún más preocupante a la luz del hecho que el Fiscal General del Tribunal Supremo ha solicitado el desistimiento del caso, recomendando el sobreseimiento de todos los cargos contra el juez.
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La AIJD, recordando que en la Carta de las Naciones Unidas los pueblos del mundo afirman su compromiso y determinación para crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respecto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, llama a las autoridades españolas a:
- garantizar la efectiva independencia e imparcialidad del sistema judicial, lo cual constituye uno de los principios fundamentales de un Estado democrático basado en el imperio de la ley, y consecuentemente abstenerse de tomar acciones o sanciones contra aquellos jueces que realicen investigaciones de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
- derogar la ley de amnistía de 1977, por su incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos, tal y como ha sido solicitado, entre otros, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2008 (CCPR/C/ESP/CO/5) .
- respetar sus obligaciones bajo el derecho internacional y consecuentemente investigar sin dilación todos los casos de desapariciones forzadas y crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil Española y la dictadura del General Franco, así como procesar y sancionar a los responsables de tales crímenes, y;
- garantizar el cumplimiento del derecho a la verdad, el cual debería poder ser disfrutado por las familias de las víctimas de desapariciones forzadas en España, y así eliminar todos los obstáculos para la exhumación e identificación de las víctimas permitiendo a sus familias rendirles honores y tributo apropiadamente.
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