La nueva Ley de Costas que presumiblemente sea aprobada esta semana aumentará los riesgos de inundaciones en España. Al menos, así lo presumen diversas organizaciones ecologistas y en especial Greenpeace, que lo ha denunciado por activa y por pasiva tras el desastre vivido por Andalucía Oriental y Murcia durante el pasado fin de semana.
Más allá de la controvertida urbanización de zonas inundables, Greenpeace ha alertado de que el anteproyecto de la nueva excluirá del dominio público marítimo-terrestre las zonas costeras que "nos se hayan inundado por lo menos cinco veces en los últimos diez años". El criterio de Protección Civil, en cambio, apunta a una carencia de inundaciones mucho mayor, para blindar la urbanización de este tipo de áreas. Según lo que ha trascendido hasta ahora, se prolongarán las concesiones en dominio público durante 75 años más sin tener en cuenta los horizontes de subida del nivel del mar por cambio climático. El borrador del anteproyecto de Ley no va acompañado por una memoria económica que ofrezca indicios del coste que pueda suponer la revisión de todo el deslinde del dominio público costero.
Aún antes de la promulgación de esta nueva normal, miles de hogares españoles corren peligro de inundarse a poco que una tromba de agua irrumpa sobre viejas acequias, correnteras o cañadas reales que nunca debieron urbanizarse. Tras las inundaciones del fin de semana del sureste español, que costaron al menos diez víctimas mortales, los expertos vienen a coincidir en que el desorden y la especulación urbanística incrementa en gran medida el riesgo potencial de estas catástrofes naturales.
