El número de personas que llaman a las puertas de Cáritas Andalucía para pedir alimentos o ayuda económica aumenta al mismo ritmo que se evaporan las subvenciones de la Junta para socorrer a los colectivos más necesitados. La poda aplicada por el Gobierno socialista a los presupuestos, incluidas las partidas sociales —santo y seña de su discurso político—, ha dejado sin una de sus principales fuentes de financiación pública a la mayor organización de acción social que ofrece ayuda de emergencia a las familias en riesgo de exclusión.
El momento escogido no ha podido ser más inoportuno. Cuando la crisis causa más estragos y amenaza con hacer crónica la pobreza en multitud de hogares que tienen a todos sus miembros en paro, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha dejado en suspenso «sine die» su convenio con Cáritas Andalucía. El acuerdo, que tenía carácter bianual y debería haberse renovado en diciembre pasado, garantizaba a la institución benéfica unos ingresos aproximados de 3 millones de euros (1,49 millones al año) para mantener en funcionamiento los centros de acogida de personas sin hogar, así como los destinados a dar un techo a reclusos recién salidos de la cárcel que no están manchados con delitos de sangre.
