"Ineficaz, injusta e innecesaria". La amnistía fiscal decretada por el Gobierno el pasado mes de marzo, con la que pretendía recaudar 2.500 millones de euros, expira este viernes sin haber logrado convencer a nadie: ni a los inspectores de Hacienda, ni a los subinspectores, ni a los asesores fiscales ni a los expertos en fiscalidad.
Por no convencer, no ha convencido ni a los propios defraudadores: según el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), hasta el pasado 31 de octubre se habían recaudado sólo 150 millones, apenas un 6% de la cantidad anunciada a bombo y platillo.
Aunque estos datos son de hace un mes y en los últimos días parece que
ha aflorado 'in extremis' algo más de dinero, casi nadie cree que se
vayan a cubrir los objetivos.
"Desde el principio dijimos que la previsión del Gobierno era muy voluntarista", señala a Público Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE).
Coincide con él Carlos Cruzado, presidente de Gestha: "En las tres
amnistías anteriores que ha habido en España, y en las que ha habido en
el resto de Europa, el efecto recaudatorio nunca ha sido importante".
Pese
a que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha puesto todas las facilidades, no
ha logrado convencer a quien tiene bienes y dinero —miles o millones de
euros— en paraísos fiscales, o a buen recaudo, para que declare todo o
parte de su patrimonio oculto a cambio de tributar un 10% del mismo y,
además, sin tener que dar más explicaciones. La razón es un tanto
prosaica: como recuerda Daniel Albarracín, economista experto en
fiscalidad y en economía española, vinculado al colectivo Econonuestra y
autor del blog Otra mirada social y económica es posible, "entre tributar al 0% en un paraíso fiscal o hacerlo al 10%, la cosa está clara para un defraudador".
Hay otra razón de carácter más psicológico. Adolfo Jiménez, vicepresidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (ASEFIGET),
señala que la norma se basa en la buena fe del defraudador y eso
parece mucho pedir: "Una persona tendría que pensar: 'Lo declaro y a
partir de ahora voy a ser bueno', cosa que a mi no me parece que se vaya
a producir".
"Se va a producir una pérdida de
conciencia fiscal del ciudadano medio", dice el presidente de la
Organización Profesional de Inspectores de Hacienda
Pero el
fracaso de la amnistía no se mide sólo por las cifras. Muchas son las
razones esgrimidas por los expertos para renegar de una práctica que históricamente ha demostrado su ineficacia a la hora de aportar dinero a las arcas públicas. Tanto es el rechazo, que el pasado agosto hasta la propia Comisión Europea recomendó no recurrir a las amnistías fiscales.
La primera crítica es común en todos los consultados: la norma es injusta.
Albarracín apunta que el 10% es un tipo impositivo "muy inferior a
cualquiera de la escala del IRPF, del IVA o incluso del Impuesto de
Sociedades".
"Creemos que raya la constitucionalidad y que, desde luego, es un agravio comparativo
con los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones", añade
Cruzado. A esa crítica se suma Pérez Boga: "Trata de forma diferente al
contribuyente y perjudica al que es honesto en beneficio del defraudador. Es una norma impropia de la Agencia Tributaria porque tiene una profunda injusticia de raíz".
Jiménez
resume muy bien ese trato desigual: "Quien en circunstancias normales
tributaría normalmente entre un 25% por el Impuesto de Sociedades a un
43% por el IRPF, ahora por tener el dinero en un paraíso fiscal va a
hacerlo a un 10%. Evidentemente estamos en contra".
Además, una amnistía fiscal siempre es un mal ejemplo para la ciudadanía.
"Tiene un efecto pernicioso: se premia al defraudador y conlleva un
efecto de emulación entre otros contribuyentes", afirma Albarracín. "Va a
desalentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias", apostilla
Cruzado. "Se va a producir una pérdida de conciencia fiscal del
ciudadano medio que vamos a lamentar", añade Pérez Boga.
A todo ello hay que sumar un elemento que arroja aún más sombras: la inseguridad jurídica. Cruzado recuerda que el PSOE ha recurrido la amnistía ante el Tribunal Constitucional.
"Si yo fuera un defraudador y sacara mi dinero escondido, lo enseño y
prospera ese recurso, ¿dónde quedaría yo?", se pregunta Jiménez. Cruzado
cree que el recurso del PSOE crea inseguridad pero piensa que el tiempo
y la tradicional lentitud del Constitucional en decidir jugará a favor
del Gobierno: "La Administración está dejando entrever que la decisión
del Constitucional se aplazara bastante y, aunque no lo dice
expresamente, habla ya de la prescripción".
Pérez Boga apunta otro elemento de incertidumbre.
"Hay dudas jurídicas sobre la propia validez de los informes de la
Dirección General de Tributos, hasta el punto de que la Agencia
Tributaria ha tenido que respaldarlos imponiendo el deber de obediencia a
los funcionarios".
Jiménez finalmente expresa el punto de vista
del asesor fiscal: "Hacienda dice 'Dadme el 10% del dinero oculto y
pelillos a la mar'. Pero, ¿qué dice la Fiscalía? No se ha pronunciado
todavía. Hacienda por un lado puede dar por cancelados los tributos,
pero la Fiscalía siempre puede mirar de donde viene ese dinero: puede
proceder de hechos delictivos".
Si la amnistía fiscal es
ineficaz, injusta, poco ejemplarizante y, además, no goza de un respaldo
jurídico, ¿por qué la impulsó el PP contradiciendo así su propio discurso cuando estaba en la oposición?
"Ante la sequía de recaudación, el Gobierno y el PP han buscado un atajo, la amnistía. Además, en su concepción neoliberal de la fiscalidad, el PP ha aprovechado la ocasión para dar un trato de favor a las clases sociales más altas,
que es con las que se identifica", señala Albarracín. "El Gobierno
persigue una recaudación rápida y que parte del dinero que se guarda en
el extranjero retorne a España", incide Pérez Boga.
Albarracín:"El PP llama a ser patriota, pero los suyos, los que tienen el dinero, son bien poco patriotas"
Pero se ha recaudado muy poco y, como recuerda el propio Pérez Boga, tampoco se ha logrado que los defraudadores que tienen el dinero oculto en el extranjero repatrien ese dinero.
"Tenemos un alto riesgo de país y ese riesgo provoca que las grandes
fortunas sigan teniendo el dinero fuera. El dinero que está entrando de
la amnistía es dinero que ya estaba en España".
En ese sentido,
Albarracín critica el poco patriotismo de las grandes fortunas y grandes
patrimonios a los que va dirigida la amnistía: "El PP llama a ser
patriota, pero los suyos, los que tienen el dinero, son bien poco
patriotas. No están apostando por invertir en el Estado español".
Carlos Cruzado introduce un elemento polémico en el debate: el blanqueo de dinero
obtenido en actividades ilícitas. "La Agencia Tributaria y el Gobierno
siguen empeñados en que no va a haber ningún control ni se van a pedir
explicaciones. El decreto habla de la posibilidad de regularizar bienes o
derechos cuya propiedad o titularidad se pudieran acreditar a 31 de
diciembre de 2010. Al dar la posibilidad luego de que el dinero en efectivo pueda sumarse a la amnistía fiscal,
abre la posibilidad de que ese dinero se haya podido obtener después de
esa fecha porque es imposible demostrar lo contrario. Basta con abrir
una cuenta bancaria y depositar un dinero que podría provenir de
actividades delictivas".
Lucha contra el fraude
Ante
este escenario, muchos se preguntan si la amnistía fiscal era necesaria.
Todos los expertos vuelven a coincidir: no lo era. Y todos señalan que
hay otra alternativa mucho más efectiva a la hora de recaudar y éticamente mucho más aceptable: potenciar la lucha contra el fraude fiscal.
"Cuando anunció la amnistía fiscal, el ministro Montoro la vendió como una alternativa a la subida del IVA y de otros impuestos. La verdadera alternativa es el esfuerzo en la lucha contra el fraude", afirma tajante Cruzado.
"El fraude fiscal campa por doquier",
dice el presidente de la asociación de inspectores de Hacienda. Sin
embargo, el Ejecutivo no termina de poner toda la carne en el asador.
Cruzado y Pérez Boga, profesionales de la Agencia Tributaria, denuncian la escasez de medios y la poca voluntad del Gobierno —también de los anteriores— para introducir nuevas medidas contra el fraude.
Hay
un problema de modelo, según cruzado. "La Agencia Tributaria está
orientada al control de los contribuyentes de base, pendientes de las
rentas del trabajo, de pequeños empresarios, pero más del 71% del fraude
es atribuible a las grandes empresas y a los grandes patrimonios. Sin
embargo, el esfuerzo que se dedica por parte de la Agencia Tributaria a
estos sectores es mínimo", apunta Cruzado.
"A los inspectores les
obligan a buscar al pequeño empresario, a la pyme, al que tiene todo
declarado porque es mucho más fácil. Los inspectores se quejan de que
persiguen a quienes les dejan perseguir. Están con las manos atadas",
tercia Jiménez desde fuera.
"Persiguiendo el fraude fiscal el problema del déficit público se habría resuelto"
Pérez
Boga prefiere centrarse en la falta de medios: "Invertimos muy poco en
la Agencia Tributaria y tenemos muy pocos funcionarios. Eso tiene una
lectura muy clara: también somos los que tenemos un diferencial de
fraude fiscal y economía sumergida más importante".
La
economía sumergida es el gran caballo de batalla de la fiscalidad
española. "Según nuestros datos, la cifra de economía sumergida en
España equivale al 23,3% del PIB. Si fuéramos capaces de reducirla en
diez puntos y dejarla en el 13%, cifra homologable a los países europeos
(sin contar con Grecia e Italia), podríamos recaudar 38.500 millones de
euros, que es justo la cantidad que se va a destinar en 2013 al pago de
los intereses de la deuda", apostilla Cruzado.
Albarracín también
opina que se sacarían grande rendimientos si hubiese más medios contra
los defraudadores: "Persiguiendo el fraude fiscal el problema del
déficit público se habría resuelto".
Lo que sí parece claro es que con más medios y más personal se combatiría mejor el fraude y se recaudaría más.
"En lo que va de año la agencia tributaria ha recaudado 1.400 millones
de euros simplemente con los métodos ordinarios de control contra el
fraude. Esa cantidad será muy superior a la que se recaude con la
amnistía", señala el presidente de los inspectores de Hacienda, para
quien el poco margen de actuación que tiene el Estado en los gastos hace
de la lucha contra el fraude casi la única opción viable.
El modelo fiscal
De
la amnistía fiscal y el fraude surge otra derivada: el propio modelo
fiscal y cómo ser más eficientes en la recaudación. Albarracín tiene muy
claro el camino a recorrer: "Habría que impulsar una medida a escala
europea para castigar a aquellos capitales que están en paraísos
fiscales y elevar los tipos y las figuras impositivas de las rentas del
capital para equipararlas a las rentas del trabajo. En España las rentas del trabajo y las rentas de las clases medias hacen el mayor esfuerzo fiscal y eso es un elemento más de injusticia social.
El estado hace un papel de Robin Hood al revés gravando a los que viven
de su trabajo y luego destina buena parte del presupuesto a rescates
bancarios y a pagar la deuda de los acreedores".
"La carga fiscal
nominal media que soporta el ciudadano o la empresa española es alta en
estos momentos", ilustra Pérez Boga, quien propone una serie de medidas
para mejorar la recaudación: "Se pueden hacer más cosas. En el Impuesto
de Sociedades existen una serie de deducciones que están suponiendo un
alto coste para el país. En el IRPF también hay deducciones que
deberíamos replantearnos en este momento de apuro económico del país. Un
ejemplo es el de las exenciones de las loterías. También podríamos
ampliar el Impuesto de Patrimonio".
Pérez Boga: "En el Impuesto de Sociedades existen una serie de deducciones que están suponiendo un alto coste para el país "
De todas las opciones posibles el Gobierno ha escogido la peor:
una amnistía que no deja contento a nadie. Pese a que en los últimos
días los funcionarios de la Agencia Tributaria han atendido un número
creciente de consultas sobre la medida, el Ejecutivo ya ha anunciado que
no la prorrogará.
Pero aunque mala, la amnistía puede tener
algún aspecto positivo, por mínimo que sea. Lo resume Adolfo Jiménez:
"Si la amnistía triunfara el Estado tendría 2.500 millones más, habría
más dinero circulando por España y las grandes fortunas estarían
localizadas".
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