España pedirá a Bruselas entre 40.000 y 42.500 millones de euros para rescatar su banca,
según las cifras que confirmaron ayer fuentes del Gobierno y que
manejan ya fuentes europeas. El desglose es el que sigue: 37.000
millones para las cuatro entidades nacionalizadas (Bankia, Novagalicia, CatalunyaCaixa y Banco de Valencia),
más 2.500 millones para capitalizar el banco malo, bautizado como
Sareb. Y entre 2.000 y 3.000 millones adicionales para las entidades que
pese a no estar nacionalizadas pueden requerir dinero público ante las
dificultades para levantar capital e incluso para vender filiales a
precios razonables. El Ejecutivo confiaba hasta última hora en rebajar
algo esas cifras con la búsqueda de inversores para Caja España-Duero
(Ceiss) y Caja3 (CAI, Caja Círculo de Burgos y Caja Badajoz), pero los
procesos de fusión en los que estaban embarcadas no han llegado a buen
puerto. Será Bruselas, y en último caso el contribuyente español, quien
socorra al sector financiero.
La factura total superará finalmente los 40.000 millones de euros
(cuatro puntos de PIB, pese a que Economía manejaba hasta hace poco
cifras algo inferiores) ante la delicada situación de entidades que no
han caído bajo el paraguas del sector público, pero que necesitan
capital para cumplir con los requisitos regulatorios y disponen de algo
más de tiempo para conseguirlo. El Popular
es quien mejor lo tiene: prácticamente ha cerrado ya una ampliación de
capital de unos 2.500 millones, aunque Bruselas no descarta crear un
fondo de contingencia para este banco, por si hay sorpresas. Aun así,
Bruselas considera que España necesitará al final “hasta 3.000 millones
más” para entidades como BMN y Liberbank, Caja3 y Ceiss.
Estas dos últimas no han conseguido cerrar los procesos de fusión en
los que se encontraban. Los problemas llegaron tras la auditoría de
Oliver Wyman. Caja3 tenía planes para unirse con Liberbank e Ibercaja,
pero la consultora determinó que necesitaban 2.108 millones para seguir
adelante: en cuanto se conoció la noticia, Ibercaja rompió el proyecto
de unión, convencida de que podría salir adelante en solitario.
Liberbank y Caja3 se quedaron aisladas con fuertes déficits de capital:
la primera necesita 1.198 millones y la segunda 2.063 millones. Dos
problemas más para el Gobierno.
El otro caso es el Caja España-Duero, que anunció en marzo pasado un acuerdo de fusión con Unicaja que ahora parece imposible. Según Oliver Wyman,
si se hubieran fusionado tendrían un exceso de capital de 128 millones,
una cantidad demasiado ajustada para Unicaja. Si esta sigue sola tiene
mucho más margen. A cambio, si la entidad malagueña abandona a su suerte
a Caja España, el déficit de esta última es de 2.063 millones. Esto es
lo que preocupa al Gobierno y a Bruselas. Por último, está la murciana
BMN, cuyo déficit de capital asciende a 2.208 millones. Está a punto de
cerrar la venta de la red de Caixa Penedès al Sabadell, una operación que gusta a las autoridades comunitarias, que vetaron la fusión de BMN y el Popular.
Las entidades con problemas de capital que no están nacionalizadas
comenzarán estos días su negociación con Bruselas para acordar planes de
recapitalización: venta de participaciones industriales, negocios y
activos tóxicos al banco malo. Con estas desinversiones reducirán sus
necesidades. Al final, con estas antiguas cajas sucederá como con las
nacionalizadas: tras la recapitalización llegará una exigente
reestructuración que incluirá despidos y ventas de filiales, y
probablemente un regreso a sus mercados geográficos de origen.
“Bruselas, el Banco de España y el Gobierno están obligando a las cajas a
que vuelvan a ser cajas”, explicaban ayer fuentes financieras en
Washington.
Todo el proceso de desmantelamiento de un sector centenario como el
de las cajas se precipitará en los próximos días. El vicepresidente de
la Comisión, Joaquín Almunia, presentará el miércoles los planes para las entidades nacionalizadas,
así como el capital definitivo que se les inyectará, que fuentes de
Economía cifran “en algo más de 35.000 millones” y fuentes comunitarias
concretan en “hasta 36.000 ó 37.000 millones”. Paralelamente, España
tiene que completar la puesta en marcha del banco malo, que ha provocado
ciertos recelos en el FMI, para el que busca desesperadamente
inversores privados y en el que el Frob inyectará unos 2.500 millones,
según fuentes de Moncloa.
Bruselas espera que las autoridades españolas apliquen con extremo
rigor los planes de reestructuración asociados a esas ayudas para que
las entidades que reciben los fondos “no vuelvan a costar dinero al
contribuyente y en el mejor de los casos se pueda recuperar parte del
dinero invertido”, según las fuentes consultadas. La duda que queda en
el aire es si la reestructuración emprendida puede tener efectos
contraproducentes si es demasiado exigente.
No hay comentarios:
Publicar un comentario