El Senado ha rechazado las seis enmiendas a la totalidad presentadas
por la oposición y aprueba el Proyecto de Ley de Tasas Judiciales
impulsado por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, que prevé el pago de
entre 50 y 750 euros como requisito inapelable para poder recurrir las
decisiones de los jueces.
El proyecto de Ley tiene ya el visto bueno del Senado y, por tanto,
su entrada en vigor se producirá en los próximos días, después de que
supere el último trámite formal del Congreso de los Diputados. La Cámara
Alta ha estado prácticamente vacía con motivo de la huelga general. Los
senadores del PSC-ICV y de IU no han estado presentes.
Las nuevas tasas judiciales han desatado las críticas, además de
todos los partidos excepto el PP, de todas las asociaciones de jueces y
fiscales, abogados, procuradores, así como del Consejo General del Poder
Judicial y el Consejo General de la Abogacía.
La mayoría parlamentaria del Partido Popular en ambas cámaras ha sido
suficiente para que el proyecto siga adelante y solo han dejado exentos
de tasas los procesos monitorios y verbales, en el ámbito civil, que se
refieran a cuantías inferiores a 2.000 euros, y han reducido el 60 por
ciento del impuesto en el caso de las tasas en el orden social.
El sistema de pago por el acceso a la Justicia supone, por ejemplo,
que un particular que recurra una disposición o acuerdo del Gobierno que
considere injusta, a través del correspondiente pleito
contencioso-administrativo ordinario, tendrá que pagar 2.350 euros en
caso de llegar hasta el Tribunal Supremo.
Un trabajador despedido de su empresa que considere que la extinción
del contrato ha sido improcedente, tendría que desembolsar 1.250 euros
si debe llegar al Supremo, a sumar a lo que le cobre el abogado y el
procurador.
Un trabajador que vea desestimada su demanda en el juzgado de lo
social tendrá que pagar 500 euros por recurrir. Reclamar por una multa
de tráfico, puede costar más que el importe de la misma multa.
En materia de consumidores y usuarios, un simple juicio verbal
costará 150 euros más, con lo que en muchas ocasiones, no valdrá la pena
reclamar y se verán beneficiadas las grandes empresas.
El Grupo Socialista, señala que la Ley tiene un único afán
recaudatorio, y que afecta al derecho fundamental del ciudadano a
reclamar y recurrir a la justicia, al limitar el acceso a la misma.
El Ministerio de Justicia, que espera ingresar con la subida 306
millones de euros al año, frente a los 164,4 millones que se embolsó en
2011, justifica la medida en la necesidad de asegurar, con el dinero
recaudado, el sostenimiento del sistema de justicia gratuita para
aquellos ciudadanos que carezcan de recursos para litigar.
El Proyecto de Ley que extiende el pago de tasas judiciales a las
personas físicas, es decir, a todos los ciudadanos, quedara así:
En el orden civil
Juicio verbal y cambiario: 150¤
Juicio ordinario: 300¤, Monitorio: 100¤, Apelación: 800¤.
En el orden contencioso-administrativo
Procedimiento abreviado: 200¤
Procedimiento ordinario: 350¤
Apelación: 800¤.
En el orden social
Recurso de suplicación: 500¤
Recurso de casación: 750¤.
Además, se tendrá que pagar un gravamen entre el 0.25% y el 0.50%.
Presupuestos
Por otra parte, el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha
defendido hoy en el Congreso de los Diputados el presupuesto de su
departamento para el próximo ejercicio, que se reduce en un 4,2 por
ciento hasta alcanzar los 1.507 millones de euros frente a los 1.574
millones de euros del año en curso. Entre sus partidas, este
departamento mantiene el gasto en Justicia Gratuita y en modernización
tecnológica en los juzgados y tribunales.
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