El Pleno del Congreso, con el voto del PP y del
diputado de UPN, ha convalidado este jueves el decreto ley del Gobierno
para dar al Ministerio de Defensa un crédito extraordinario de casi
1.800 millones de euros con el fin de "ponerse al día" con la industria
armamentística y abonar compromisos pendientes de 2010 y 2011.
La medida
ha contado con el rechazo de la oposición, que ha criticado tanto las
formas como el objeto de la propuesta
Ese decreto
ley, en vigor desde la aprobación por el Gobierno alegando razones de
"extraordinaria y urgente necesidad", permite a Defensa disponer de
1.782,77 millones de euros para abonar compromisos que vencieron estos
últimos años.
El 65% de esos fondos se destinarán a
facturas pendientes del programa Eurofighter, en el que España participa
junto a Italia, Alemania y Reino Unido.
También hay 242,3 millones de
euros para los carros de combate 'Leopardo' de General Dynamics-Santa
Bárbara; 187,8 millones de euros para los buques de acción marítima de
Navantia y 76,3 millones para los helicópteros 'Tigre' que fabrica
Eurocopter, entre otros.
Al presentar la medida ante
el Congreso, el ministro Pedro Morenés ha señalado que la propia
industria de Defensa, desde las cúpulas directivas hasta los comités de
empresa, venía reclamando una solución porque "a todo el mundo le gusta
que le paguen las cosas que ha hecho".
En su opinión, este crédito
extraordinario permitirá aliviar la difícil situación contable de las
empresas nacionales de Defensa y contribuirá al mantenimiento de los
empleos y a la recuperación de la credibilidad de España como "cliente y
socio". "La industria de Defensa es necesaria y genera riqueza", ha
recordado.
Morenés culpa al Gobierno socialista de la
"compleja situación" creada por los pagos pendientes de los programas
armamentísticos, pues en 2009 puso un techo de gasto a los programas
especiales de armamento, pero entiende que el actual Ejecutivo "tiene
que pagar sus deudas y lo hace por criterios de responsabilidad y de
credibilidad".
Eso sí, ha avisado de que "poner el
contador a cero" sólo es "el primer paso" y a partir de ahí habrá que
sentarse a negociar con las empresas el futuro de estos programas
pactados con la industria, que suponen unos 31.000 millones de euros a
pagar hasta 2025. "Esto es un paso esencial, pero no es el único paso",
ha señalado, ofreciendo diálogo a la oposición.
El
PSOE, que ha ejercido el turno en contra para tratar de tener un debate
'cara a cara' con el ministro pero el Gobierno ha declinado contestarle,
ha rechazado la medida criticando tanto la forma como el fondo del
decreto ley.
Según su portavoz, Diego López Garrido,
no tiene sentido recurrir a procedimiento de urgencia del decreto ley
cuando el vencimiento de los compromisos se conocían desde hace quince
años, pues proceden de contratos firmados en la etapa de José María
Aznar. "Es un crédito extraordinario para una compra nada
extraordinaria", ha señalado.
Rechazo de la oposición
Tras resaltar que "nadie habla de no pagar" las facturas, sino de
renegociar los contratos, López Garrido ha cuestionado las prioridades
del Gobierno a la hora de atender compromisos pendientes: "No hay dinero
para políticas sociales y sí hay dinero para la industria
armamentística", ha dicho.
En la misma línea se ha
pronunciado el portavoz de Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), José Luis
Centella, quien considera que, en esta coyuntura de crisis, las empresas
de armamento tendrían que esperar a cobrar como les ocurre a muchos
ciudadanos.
La diferencia, en su opinión, es la
procedencia profesional del ministro de Defensa, ligado en los últimos
años a la industria armamentística. "Usted viene aquí como
representante de la industria que viene a cobrar sus facturas, como hay
miles de empresas con facturas pendientes, pero no tienen un ministro
que venga al Congreso a plantearlo", ha dicho.
También Irene Lozano, de UPyD, ha incidido en la trayectoria profesional
de Morenés y, aunque comparte el principio general de que hay que pagar
las deudas, cree que el ministro ha hecho un "discurso de lobbista" de
las grandes empresas, pero sin garantizar que los pequeños proveedores
vayan a cobrar.
Para Alfred Bosch, de Esquerra
Republicana (ERC), el Gobierno debería preguntarse si "realmente es
decente" destinar este dinero a la industria armamentística en un
contexto de recortes y puso en duda la utilidad de esas armas, salvo que
se quiera emprender "otra calaverada en el exterior" o incluso
"intervenir en alguna parte del territorio del Estado".
Los nacionalistas Arantza Tapia (PNV) y Jordi Xuclà (CiU), centraron
sus críticas en las formas, reprochando al Gobierno el mecanismo del
decreto ley sin esperar a los Presupuestos Generales que deben
presentarse en próximas semanas.
A la hora de votar,
sólo los diputados del Grupo Popular y el de UPN, Carlos Savador, que se
presentó en coalición con el PP, han apoyado la convalidación del
decreto ley. Juntos han rechazado que la medida se tramite como proyecto
de ley, impidiendo toda posibilidad de introducir cambios en su
redacción.
No hay comentarios:
Publicar un comentario