El Estado camina por el alambre tras el fiasco de Bankia.
La comparecencia pública urgente de Rajoy no frena su desplome en Bolsa. El presidente español demanda auxilio a Europa mientras intenta negar que el Estado esté en riesgo de intervención directa. La capitalización del banco –23.465 millones– costará casi 500 euros por habitante.
La factura de 23.465 millones que ha pasado al Gobierno español el nuevo director de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, parece amenazar la viabilidad del Estado. La prima de riesgo se disparó de nuevo y superó la línea roja que supuso el rescate de economías como la portuguesa o la irlandesa. Mientras, la Bolsa jugaba con Bankia como si fuera una marioneta -llegó a caer un 29% y al final cerró con pérdidas del 13,38%-, lo que obligó a Mariano Rajoy a someterse a las preguntas de los periodistas del Estado por primera vez desde que es presidente. Lo hizo desde la sede del PP, en Génova, y no desde La Moncloa. Y además, mintió. Rajoy aseguró que la crisis de Bankia no tuvo nada que ver con que la prima de riesgo tocara los 513 puntos, pero debe de ser el único que mantiene esa tesis. Al final, la prima se serenó en 511 puntos -que siguen siendo inasumibles-, por encima de la alemana.
Rajoy elaboró un discurso en torno a tres conceptos: «déficit», «Europa» y «quiebra». El presidente español insistió en que cumplirá con los objetivos de «déficit» que le han impuesto sus socios europeos. Eso se traduce en que los 23.465 millones tendrán que salir de alguna partida presupuestaria. El traumático recorte de 10.000 millones en Sanidad y Educación hace que la perspectiva de un nuevo tijeretazo más de dos veces mayor despierte las alarmas en la ciudadanía, que exige saber de dónde saldrá el dinero.
Rajoy apeló a «Europa» de forma clara y urgente. No dijo qué es lo que quiere exactamente, descartando en primer término un rescate europeo de los bancos españoles, pero señaló que el Estado ya no puede hacer mucho más. El líder del PP comenzó a lanzar el mensaje de que el Estado español no puede seguir colocando su deuda por el cauce habitual, ya que los intereses son demasiado altos y el Estado ni crece ni va a crecer si no cambia el marco macroeconómico.
El salto en la política comunicativa con respecto a su antecesor José Luis Rodríguez Zapatero quedó patente con su invocación a la «quiebra», término que empleó tanto para Bankia como para la economía española si se hubiera dejado desplomarse al banco. Así, según Rajoy, no se puede poner pero alguno a su plan de rescate. El presidente también se escudó en la quiebra cuando los periodistas le insistieron en que es necesario depurar las responsabilidades. Lo importante ahora es no quebrar y, por tanto, las responsabilidades serán para otro momento, afirmó el presidente. A lo sumo, Rajoy dejó abierta una diminuta puerta a la explicación («una subcomisión dentro de la comisión de Economía»). Asimismo, intentó vender que Bankia es un caso más, no más grave que otros como NovaCaixa Galicia o Catalunya Caixa.
Intentó transmitir un mensaje tranquilizador sobre la nacionalización y aseguró que, cuando reflote el banco, lo venderá y recuperará el dinero. Sin embargo, poco colchón es ese, ya que nadie sabe cuánto valdrá Bankia el día de mañana. Además, es casi tan importante el cuándo como el cuánto, porque la verdadera falta de liquidez la tiene ahora. Hablando en plata, no tener liquidez significa no tener un duro. Y además, a Rajoy solo le fían a un 6,47% de interés.
¿Por qué 23.465 millones?
El río está demasiado revuelto como para que el PSOE no entre al debate. Alfredo Pérez-Rubalcaba aprovechó que Rajoy ofreció la rueda de prensa en Génova para darle réplica una hora después desde Ferraz. Intentó mantener un tono cordial, pero su dardo estaba cargado de veneno. «¿Por qué 23.465 millones y no otra cifra?», se preguntó. En realidad, esta es la mayor de las incógnitas de todo el rescate de Bankia. Goirigolzarri aseguró que la cifra fue consensuada con el Gobierno. Si esto es así, ¿23.465 millones son los que el banco necesita o todo cuanto el Estado puede aportar?
La cifra del rescate, aunque concreta y astronómica, no deja de parecer algo arbitraria. El dinero que entra directamente del Estado parece que se lo traga la Bolsa, con los inversores con unas ganas tan terribles de vender que tuvieron que «inhibir» -retirar de la cotización- Bankia al principio de la mañana. Y lo más extraño de todo, dentro de exactamente un mes, el 29 de junio, se celebrará la Junta de Accionistas de la entidad en Valencia. Según se dijo hace tan solo cuatro días, en esa reunión se pretende sacar una nueva tanda de acciones para obtener otros 60.000 millones. ¿De qué tamaño es el agujero? ¿Si no se consiguen 60.000 millones dentro de un mes, qué pasará?
Una huida descoordinada
Rajoy sabe que el desaguisado de Bankia es suyo, es decir, del PP, y trata de tapar el escándalo. Aun así, las conexiones son tan evidentes, empezando por el exministro Rodrigo Rato, que van a ser difíciles de ocultar. Además, la espantada de cargos de este fin de semana prueba que la implosión de Bankia no fue ordenada. Esto supone un mal gesto hacia quienes acusan al Estado de improvisar y par- chear. Se han producido dimisiones de consejeros afines de sindicatos y también al PSOE, como el valenciano Antonio Tirado y el exministro Virgilio Zapatero, pero el grueso de la desbandada está más cerca de Esperanza Aguirre que de ningún otro político.
Carmen Cavero es la cuñada de Ignacio González, el número dos de la presidenta de Madrid. Otro dimisionario, Arturo Fernández es el único que sacó la cara a Aguirre cuando tuvo la ocurrencia de proponer que la final de la Copa se jugara a puerta cerrada. A Fernández, el Rey español le entregó la medalla al Mérito en el Trabajo. Han huido otros pesos pesados, como el yerno del exministro franquista Juan Miguel Villar Mir, que tiene título de marqués, o el igualmente marqués Álvaro de Ulloa, que tiene negocios en Gipuzkoa. En la lista de fugados figura también un concuñado de Gerardo Díaz Ferrán.
La pelea por copar puestos de Bankia en el PP fue famosa por un desliz de micrófono de la presidenta de Madrid, vanagloriándose de haber entregado asiento a Izquierda Unida, antes que al «hijoputa», calificativo que la prensa consideró que iba destinado al hoy ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Ahora, el puñetazo en la mesa de Goirigolzarri revive la guerra entre correligionarios.
La desbandada de consejeros parece haber sentado mal en el plano interno y paralizar la investigación tendrá su coste para Rajoy. Ayer se revolvió el presidente extremeño, José Antonio Monago, famoso por utilizar un catalán ramplón para sus afirmaciones más demagogas. Quizá sea sólo una salida del discurso único del PP fundamentada en su personalidad, pero ha abierto el camino a otros descontentos. Entre ellos destaca el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra. Con la dimisión en masa, su comunidad se ha quedado sin consejeros, a pesar de que que Bankia se comió a la valenciana Bancaja. Fabra pide «explicaciones», aunque mantiene el mantra de que «la culpa es de todos».
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